La frustrada licitación del litio de septiembre pasado, que costó la
renuncia del subsecretario de Minería Pablo Wagner, y puso en entredicho
la seriedad de los procesos en Chile, abrió el espacio para discutir
sobre cómo enfrentar la explotación y desarrollo de este mineral. Me
parece que no lo estamos utilizando.
Un primer tema a despejar es
el supuesto carácter estratégico del litio. A inicios de la década de
los 80, casi el mismo día en que el gobierno militar declaraba al litio
material estratégico, el Departamento de Defensa de EE.UU. lo excluía
de su lista de materiales de importancia. Son pocos, si es que hay
alguno, los países que le otorgan ese estatus. Y no puede ser de otra
manera. El litio es un mineral abundante, con reservas suficientes para
satisfacer la demanda mundial por los próximos 100 años o más, aun
suponiendo un fuerte crecimiento del consumo, impulsado por la explosiva
demanda de baterías y vehículos eléctricos.
El litio se extrae
de las salmueras acumuladas en los salares o de minas rocosas. Chile es
líder en reservas y producción de litio a partir de salmueras, lo que se
traduce en una ventaja competitiva, por sus costos de producción a la
mitad de los productores de roca. Chile produce alrededor de 30
toneladas de carbonato de litio al año, de las cuales un 55% son
aportadas por SQM, y el 45% restante por Chemetals.
Estas
empresas operan en el salar de Atacama, uno de los mas ricos del mundo,
de propiedad de la Corfo, que otorgó las concesiones antes de la reforma
legal de los 80.
La restricción de acceso hoy existente y los
bajos costos de explotación han sido aprovechados por SQM, principal
productor del mundo, para sostener el precio en niveles bastante por
encima de lo que serían en un mercado competitivo. Así SQM y los otros
productores a partir de salmueras se benefician de lo que podría
caracterizarse como la presencia de una renta económica. Están
obteniendo ganancias por encima de las normales. Se trata, por tanto,
de una industria que debe ser regulada por la autoridad o sometida a un
régimen tributario especial.
Ésta, y no su eventual estatus
estratégico, es la razón por la cual, antes de licitar cupos de
producción de litio como se intentó hacer infructuosamente hace
poco,debiera haberse generado un debate serio y profundo, orientado a
dotar a la industria de un marco jurídico que le permitiese
desarrollarse en condiciones normales, garantizando que los beneficios
de ese desarrollo se repartan equitativamente entre los productores y el
país.
Chile exporta alrededor de US$ 250 millones en litio. No
siendo la industria un negocio de magnitud, es suficientemente atractiva
como para mantenerla estancada. Se esperaba que la licitación
mencionada generaría US$ 350 millones al Fisco. Distraer a Codelco de
su desafío principal, imponiédole que invierta en el desarrollo de
nuevas fuentes de litio,tampoco parece conveniente. La solución pasa por
definir reglas del juego que faciliten el desarrollo de la industria y
cuenten con un amplio apoyo de la población.
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