OPINIÓNPor Dr. Antonio Reyes
Los
ingresos petroleros han sido una seguridad para solventar el gasto
público y un elemento para sostener el exiguo crecimiento económico que
ha tenido México en los últimos lustros. A tal grado ha sido su
importancia, que hoy se sostiene una vez más que las finanzas públicas
están petrolizadas. Tal situación resulta de gran preocupación, ante
las voces electorales que proponen que el gobierno federal abra la
realización de actividades de la industria petrolera, exclusivas del
estado, a la iniciativa privada, hecho que afectaría, sine qua non, de manera drástica las finanzas públicas nacionales, tal como lo sustenta el pasado reciente del país.
La
crisis económica experimentada en México a raíz de la devaluación del
peso en 1976 pudo ser relativamente superada gracias al petróleo. En
efecto, al inicio del sexenio del Presidente López Portillo el gobierno
federal mexicano anunció internacionalmente la existencia de grandes
reservas petroleras, que no sólo podían garantizar su deuda pública,
sino también las grandes posibilidades de crecimiento económico que
tendría el país. Así, la economía mexicana alcanzó en ese sexenio
gubernamental elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) a la par que la deuda pública se aceleró fuertemente.
Todo
esto dentro de un ambiente internacional inestable, que inicialmente
significó elevadas tasas de interés de dos dígitos, hasta rondar
alrededor de 20%, que culminó con una estanflación (inflación con
recesión) casi mundial, sin precedente alguno. Finalmente, México tuvo
por una parte que reestructurar su deuda pública, que en menos de seis
años, se había quintuplicado, y entrar en un nuevo período de
contracción económica.
Sin
embargo, como en un proceso de condena existencial, el país enfrentó
una nueva bonanza petrolera gracias a los niveles de extracción de uno
de los más grandes mega-campos petroleros del mundo, llamado Cantarell,
localizado en el Estado de Campeche. Este mega-campo petrolero, que fue
uno de los más importantes del mundo, tuvo una doble consecuencia
inmediata y adversa para la economía nacional. Por una parte, pospuso
la toma de decisiones de cambios políticos y económicos que el país
necesitaba y, por la otra, hizo que se “petrolizaran” altamente los
ingresos presupuestales del sector público federal.
Dentro
de las reformas que en su momento fueron pospuestas sobresale
obviamente la impositiva, especialmente en materia del Impuesto sobre la
Renta (ISR). Como extremo de tal situación, ya en el sexenio de Carlos
Salinas la tasa del IVA fue reducida, siendo compensada por los mayores
ingresos del petróleo.
En
el mismo tenor, dado el peso y el volumen de los ingresos del petróleo,
México pudo dar a los Estados Unidos de Norteamérica la factura
petrolera como garantía para solventar la crisis de liquidez que
enfrentó en 1995. Ello, sin olvidar el sacrificio de los ingresos
fiscales en los que se incurrió en el sexenio zedillista. En este
sexenio se amplió hasta con un período de 1º años las pérdidas que
podían enfrentar las empresas; perdidas que podían ser recuperadas en
los siguientes años. De igual manera se redujeron las cuotas patronales
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tales sacrificios de
ingresos públicos, entre otros, contrastaron con la anemia de
inversiones a la que se sometió a la propia industria petrolera
nacional, es decir PEMEX.
Más
recientemente, gracias a los crecientes ingresos presupuestales
generados por PEMEX, a partir del año 2000 se tomaron medidas de mayores
sacrificios en los ingresos fiscales, al permitir la consolidación de
pérdidas y ganancias de los grupos corporativos hasta el 100%. Esto
permite cumplir con la máxima anglosajona de que “empresa que paga
impuestos es empresa mal administrada”. Situación que ha llevado a
acumular al gobierno federal “gastos fiscales”, que no es más que
sacrificios y devoluciones, del orden de casi $500,000 millones de
pesos.
Todo
ello, sin olvidar el aumento exorbitante de la alta burocracia, que
sólo en el corporativo de PEMEX fue del orden de 50%. En esta conducta
gubernamental también se inscribe la baja temporal del ISR, que después
volvió a ser aumentado, y de igual forma los gastos suntuarios e
improductivos realizados en el actual sexenio. Situación relativamente
irracional ante la fragilidad reciente en los ingresos petroleros.
Es
innegable que los ingresos del petróleo han sido importantes para las
finanzas públicas y la economía nacional, pero también es incuestionable
que han establecido su dependencia para mantener el elevado ritmo de
gasto público, complementado con una mayor deuda pública. Tal
importancia y dependencia fiscal sobre los ingresos petroleros se
evidencia con datos públicos y oficiales.
Cuadro 1
Los
ingresos presupuestales anuales del sector público federal se integran
por los ingresos petroleros y no petroleros, que se complementan con
deuda neta para establecer el presupuesto anual federal. De acuerdo a
los datos de la SHCP, tal como se observa en el Cuadro 1, en el período
de 2000 a 2011 los ingresos petroleros han tenido una gran importancia
para las finanzas nacionales. Sobresalientemente, en 2005 llegaron a
representar $1,054 billones de pesos y en 2011 $1.1 billones.
Cuadro 2
En
general, en el período de 2000 a 2011 los ingresos petroleros
representaron casi 34% de los ingresos presupuestarios del sector
público, como se demuestra en el Cuadro 2. Relevantemente, en 2005 los
ingresos petroleros llegaron a representar 38% del total y en 2008 casi
37 %, habiendo alcanzado en 2011 33.7%.
El
elevado peso relativo de los ingresos petroleros significa que un poco
más del 30% de los ingresos totales federales, fuera de deuda, tiene
como fuente el petróleo. Dicho de otra manera, una sola entidad del
estado mexicano aporta más de la tercera parte de los ingresos públicos
federales, que terminan apoyando presupuestalmente a todos los órdenes
de gobierno y la economía en su conjunto.
Por
otra parte, los ingresos presupuestarios han aumentado, entre 2000 y
2011, en su peso relativo dentro del PIB. Esto es explicado
indudablemente por los mayores ingresos petroleros y relativamente por
más deuda pública que anualmente se asume. De esta manera, en
2000 los ingresos presupuestarios fueron el equivalente del 18.5% del
PIB, en 2011 alcanzaron 22.8%, habiendo sido 23.5% en 2008.
Cuadro 3
Como
se exhibe en el cuadro 3, los ingresos petroleros en 2000 equivalieron a
6.1% del PIB y en 2011 fueron 7.7%, habiendo alcanzado destacadamente
8.7% del PIB en 2008. Es innegable el peso relativo de los ingresos
petroleros en el PIB, por lo que es previsible que su efecto
multiplicador deba ser de gran relevancia. En este contexto habría que
agregar el efecto positivo de encadenamiento que debe tener la industria
petrolera con otros sectores y ramas de la economía.
A
pesar de los altos precios del petróleo a nivel internacional, en
virtud de la caída en la plataforma de extracción de Cantarell los
ingresos petroleros desde 2007 reflejan una inestabilidad, al haber
caído en ese año 1.6%. Sin embargo, la mayor caída se dio en 2009, año
de recesión económica, habiendo tenido una contracción de -21.3%,
experimentándose una recuperación en 2010 y 2011, por la reactivación
económica internacional. Por lo que el panorama petrolero no da buenos
visos para el futuro inmediato.
Sin
duda, en el corto plazo seguirá la dependencia nacional de los ingresos
petroleros, tanto para la economía en su conjunto como para las
finanzas públicas. Tal realidad se pretende obviar, cuando se ofrece
electoralmente que es posible compartir los ingresos petroleros con la
iniciativa privada. Olvidándose, con ello, que PEMEX desde hace años
contrata buena parte de sus servicios y obras, especialmente con las
empresas internacionales, para desgracia de las empresas nacionales y la
economía del país.
Sin
ofrecer nada más que lo posible, tanto constitucional como
económicamente viable, PEMEX debería ser el pedal que moviera
estratégicamente a la economía nacional y debería ser el eje de una
industria petrolera amplia, donde sus empresas proveedoras nacionales
tuvieran la oportunidad de desempeñar un papel activo. Por desgracia,
ello no parece ser la preocupación de las autoridades nacionales y los
candidatos presidenciales, como tampoco lo es optimizar la eficiencia
operativa de PEMEX e incrementar sus inversiones, como si lo es “vender
la vaca que tanta leche ha dado” al país.
Antes
de vender la plata de la familia hay que pensar en los niños y los
jóvenes, específicamente por la pobreza que vive el país y el entorno
económico internacional adverso que se enfrenta. A veces los bienes
públicos vendidos terminan generando mayores males sociales; como parece
haberle sucedido a buena parte de los mexicanos
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