Pese a que el gobierno federal ha buscado elevar la cobertura y calidad en infraestructura, los datos y cifras a nivel internacional van en sentido contrario ante la falta de presupuesto para generar nuevas inversiones.
Pese a que el gobierno federal ha buscado elevar la cobertura y calidad en infraestructura, los datos y cifras a nivel internacional van en sentido contrario ante la falta de presupuesto para generar nuevas inversiones.
Según datos del Foro Económico Mundial (WEF), en los últimos seis años México retrocedió dos posiciones en el índice de competitividad en materia de infraestructura ubicándose hoy en el sitio 66 de 159 países.
En este sentido la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha sido tajante al señalar el retraso que se tiene en la materia, por ejemplo, indica que se tiene al alcance importantes reservas de hidrocarburos, pero carece de capacidad técnica para aprovecharlas de forma sustentable.
En el estudio de la CMIC “Infraestructura, el proyecto que México necesita 2012”, expone que otro de los obstáculos para el sector y resolver los problemas ocasionados por malas prácticas son múltiples, donde el primero y más evidente es la necesidad de aumentar la inversión en la materia.
Cabe señalar que en 2011, del Presupuesto de Egresos de la Federación a inversión en infraestructura física se destinaron más de 636,000 millones de pesos, es decir 18.5% del total aprobado y poco más de 4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El rezago se observa al restar a ese dato el gasto en energía, ya que la inversión total apenas alcanza 2.29%, cifra aún muy lejana del 4.8% que se requiere y sostener durante las próximas dos décadas para llegar, por ejemplo, a los niveles de inversión de Corea del Sur, sin que este aumento por sí mismo pueda mitigar los rezagos en la materia.
Asimismo se destaca que las empresas constructoras son clave para el desarrollo de México, porque sustentan la edificación de obras para combatir todo tipo de problemáticas.
Sin embargo, precisa que de las 24 compañías del ramo que existen en el país, más de 95% son micro y pequeñas, con acceso mínimo a fuentes de financiamiento y a tasas razonables para consolidarse.
Otro problema es el clima de inseguridad que se vive en México y que en el norte del país ha ocasionado que se detengan obras y se frene el desarrollo de infraestructura.
La voz oficial dice….
Contrario a las afirmaciones de los constructores, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome, asegura en sus distintos discursos que éste es el sexenio de la infraestructura.
Refiere que en los últimos años la inversión impulsada para el desarrollo de infraestructura en México, que incluye sectores como agua, energía, comunicaciones y transportes, entre otros, ha registrado una tasa cercana a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“Durante la actual administración la inversión en infraestructura carretera asciende ya a más de 260,000 millones de pesos, recursos con los que se han modernizado y construido más de 19,000 kilómetros de carreteras y caminos rurales”, afirma.
De 2007 a 2011 se invirtieron 24,000 millones de pesos en ferrocarriles; 40,000 millones en puertos, es decir 60% más con respecto a la administración anterior.
Propuestas y demandas
La CMIC apuesta a un crecimiento de 8.0% en materia de infraestructura en la próxima administración, aunque para ello considera necesario adecuar leyes, como la de obra pública, la laboral y la fiscal.
“No tenemos que rezagarnos en el tema, sino que debemos apostar al 8.0%, aunque sea una meta agresiva”, declara el presidente entrante del organismo, Luis Zárate.
En este sentido afirma que México tiene que apostar a un mayor avance, luego de que países como China, Panamá, Chile y Brasil invierten 6.0% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura.
Calificó como prioritario que la siguiente administración retome los principales proyectos que durante la actual quedaron pendientes, como la construcción del mega puerto de Punta Colonet, el aeropuerto de la Riviera Maya, terminales en puertos y la línea tres del tren suburbano.
La Cámara se pronuncia desde hace vario tiempo por regular la participación de las empresas extranjeras en la construcción de obras en el país, ya que actualmente estas compañías se llevan el 30% de los proyectos a nivel federal.
De tal manera, plantean que a las firmas foráneas se les obligue a contratar cierto porcentaje de mano de obra mexicana, para que se quede algo de las ganancias que se llevan cuando obtienen una licitación en el mercado local.
Aciertos y soluciones
Quizá uno de los aciertos durante este sexenio en el sector de infraestructura es la aprobación, luego de dos años, de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP’s), con lo que se establece la posibilidad de reducción de 30% en el tiempo de ejecución de proyectos, así como una reducción estimada de 15% en costos de construcción.
Ramón Bravo Herrera, Socio de la Firma Barrera Siqueiros y Torres Landa, especialista en Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Adquisiciones; Coinversiones; y Capital de Riesgo, afirma en entrevista para El Semanario que ésta Ley de APP’s, “es muy buena porque ha habido retraso en materia de infraestructura México”.
Explica que esta iniciativa ya aprobada lo que se provoca es que la Iniciativa Privada, justo con su propia iniciativa, pueda presentar proyectos viables al gobierno federal y que este a su vez analice las propuestas “y que de esta forma la IP se vuelva un socio real del gobierno en la implementación de estos proyectos de infraestructura”.
El otro problema es la falta de inversión que según explica en un estudio de BBVA Bancomer se puede resolver mediante fondos de pensiones privados.
En este señala que Latinoamérica experimenta un período amplio de crecimiento y para que esta tendencia logre expandirse en los próximos años, se requiere cerrar brechas claves que puedan limitar la productividad total de los factores y así evitar cuellos de botella.
Una fuente de financiamiento para los proyectos de infraestructura puede provenir de un uso más intensivo de los importantes recursos acumulados por los fondos de pensiones privados, los cuales ya han participado de diferentes maneras en el financiamiento de este tipo de proyectos a través de distintos vehículos financieros.
Incorporar mayor dinamismo a este tipo de financiamiento requiere realizar cambios sustanciales en los procesos de análisis socioeconómico del costo-beneficio; licitaciones transparentes, efectivas y eficientes; menor burocracia; legislaciones y procesos de regulación que aseguren una adecuada gestión de los riesgos del proyecto en todas sus etapas así como una regulación que se adapte al régimen de inversión de los fondos de pensiones, que finalmente cumple un estricto rol fiduciario a favor de los ahorros de los afiliados y futuros perceptores de pensión durante la vejez.
En el estudio se destaca que el índice de atracción de inversión privada en infraestructura del Foro Económico Mundial, se observa el enorme potencialidad de países como Chile, Brasil, Colombia, Perú y México, quienes detentan los primeros lugares.
Para el caso de México, en la última década, los fondos de pensiones han incrementado su importancia a nivel local, de pasar a representar 1.4% del PIB en 1998, al cierre del 2010 representaba el 10.2% del PIB.
En cuanto a la inversión en infraestructura por parte de los fondos de pensiones, la principal forma de inversión es la indirecta, inversión en cuotas de participación en empresas relacionadas con la infraestructura (incluye hoteles, siderúrgica, transporte, infraestructura, telecom y vivienda), representando el 0.6% del PIB a finales del 2010 - USD 6.6 mmdd.
La inversión directa, por medio de instrumentos estructurados entre ellos los CKD´s, representan el 0.2% del PIB. Los Certificados de Desarrollo (CKDes) son títulos fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más proyectos. Existen dos tipos, uno dirigido a Capital privado que a su vez invertirán en proyectos y otro dirigido sólo a proyectos, primordialmente infraestructura.
Si bien las modificaciones realizadas a la fecha en el régimen de inversión de las Siefores promueven la inversión en proyectos de infraestructura local, aún persisten limitaciones importantes para que el financiamiento de proyectos privados en ese sector sea óptimo. Factores estructurales como la baja liquidez de los instrumentos asociados, la dificultad de valuar estos activos y la poca o nula historia que las empresas suelen tener y por lo tanto la dificultad de asignarles una calificación crediticia dificulta la participación de los inversionistas privados.
Además se requiere desarrollar la capacidad para evaluar y seleccionar proyectos de inversión en infraestructura, dada la alta especialización requerida. La experiencia del rescate carretero de 1997 donde el Gobierno Federal rescató 23 de las 52 autopistas en concesión evidenció los serios problemas y consecuencias que tienen una valuación y estimación deficiente en este tipo de proyectos.
A su vez, los inversionistas institucionales como las Afores, deberán respaldarse en despachos de asesoría especializados o desarrollar su propia capacidad para seleccionar en que proyectos invertir. Por ello sería muy recomendable elevar la calidad de las evaluaciones técnicas y lograr una colaboración entre el sector privado y público donde instituciones como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) tienen años de experiencia en esa materia, concluye el estudio.
Por Angélica Hernández
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