Esto, ante la eventualidad de que el Congreso argentino apruebe un proyecto que declararía “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01% de las acciones de la compañía.
Ante la inminente expropiación para tomar control de YPF del Gobierno argentino, el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, advirtió, sin citar directamente a la administración Fernández, que cualquier "gesto de hostilidad" contra los intereses de las empresas españolas será interpretado como un gesto de hostilidad hacia España y "trae consigo consecuencias".
Esto se daba antes de que la Presidenta trasandina, Cristina Fernández, comenzara su discurso mediante cadena nacional para explicar las acciones a seguir. La alocución continuaba al cierre de esta edición sin afirmaciones al respecto. Previamente, y según el diario opositor Clarín, para tomar el control de la petrolera YPF, el Gobierno habría decido enviar al Congreso un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01% de las acciones de la compañía.
El periódico habría tenido acceso a un borrador del proyecto de ley, que según citaba, ya estaba en manos de varios diputados del bloque oficialista.
Bajo ese supuesto, las acciones sujetas a expropiación serían 100 millones provenientes Grupo Petersen y más de 96 millones de Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones, pertenecientes en un 57,43% a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09% está libre en bolsa y un 0,02% en poder del Estado argentino.
“Más allá de los argumentos que pueda plantear el gobierno (recuperación del control de las riquezas, etc.), esta acción se enmarca en la visión de corto plazo”, indicó a ESTRATEGIA el economista Horacio Pozzo, de la U. Católica de la Plata. “Cuando desde el gobierno se toma una decisión de re-estatizar, se argumenta una mala política de inversión y gestión por parte de las empresas, cuando en realidad el problema es la propia capacidad del gobierno de regular adecuadamente y hacer cumplir los contratos”, apuntó.
Esto se daba antes de que la Presidenta trasandina, Cristina Fernández, comenzara su discurso mediante cadena nacional para explicar las acciones a seguir. La alocución continuaba al cierre de esta edición sin afirmaciones al respecto. Previamente, y según el diario opositor Clarín, para tomar el control de la petrolera YPF, el Gobierno habría decido enviar al Congreso un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50,01% de las acciones de la compañía.
El periódico habría tenido acceso a un borrador del proyecto de ley, que según citaba, ya estaba en manos de varios diputados del bloque oficialista.
Bajo ese supuesto, las acciones sujetas a expropiación serían 100 millones provenientes Grupo Petersen y más de 96 millones de Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones, pertenecientes en un 57,43% a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09% está libre en bolsa y un 0,02% en poder del Estado argentino.
“Más allá de los argumentos que pueda plantear el gobierno (recuperación del control de las riquezas, etc.), esta acción se enmarca en la visión de corto plazo”, indicó a ESTRATEGIA el economista Horacio Pozzo, de la U. Católica de la Plata. “Cuando desde el gobierno se toma una decisión de re-estatizar, se argumenta una mala política de inversión y gestión por parte de las empresas, cuando en realidad el problema es la propia capacidad del gobierno de regular adecuadamente y hacer cumplir los contratos”, apuntó.
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