El proyecto de ley, enviado por el Gobierno al Congreso, que crea el Nuevo Sistema de InformaciónComercial produjo un fuerte enfrentamiento entre los bancos e instituciones financieras, que apoyan la iniciativa, y las empresas del retail y de gremios del comercio, que la rechazan.
Las organizaciones de consumidores apoyan la medida, pues es una de las demandas que han solicitado en los últimos diez años. El proyecto recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se centra en cuatros ejes centrales:
PROYECTO
-Reforzar los derechos de los titulares de los datos y establecer normas y principios básicos que resguarden la privacidad y control de la información por parte de los titulares.
-Ampliar la información sobre obligaciones financieras y económicas que actualmente está disponible en el mercado.
-Establecer una regulación orgánica y ordenada del sistema de información comercial e introducir mecanismos de control de calidad, seguridad y veracidad de los datos.
-Dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias para regular y fiscalizar a los agentes del sistema.
RECHAZO DEL RETAIL
Sin embargo, la consolidación de información de deudas es rechazada por el Comité de Retail Financiero (CTR), que agrupa a las empresas Cencosud, Ripley, Falabella, La Polar, Hites y Corona.
"Con esta decisión (incluir la consolidación sobre deuda vigente), el gobierno ha optado por entrometerse en un conflicto comercial histórico entre los bancos y el retail financiero, y, lo que es más grave, ha tomado posición, beneficiando directamente a los primeros y a Dicom, en desmedro de la privacidad de las personas y de los intereses de esta industria", sostuvo el gremio mediante un comunicado público.
Los dardos del retail apuntan a los bancos, pues aseguran que la iniciativa será un “subsidio encubierto” para dicho sector. "Es una ilusión sostener que este proyecto significará una rebaja en la tasa de interés. Hoy día los 2.500.000 clientes de la banca, con toda la información disponible en el mercado, no logran mejorías sustanciales en el costo de sus créditos; por lo tanto, es impensable que el 65% de la fuerza de trabajo –que tiene ingresos menores a $350 mil- pueda acceder a condiciones más favorables que los actuales clientes de la banca", indicó el CTR.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) también manifestó su preocupación frente al proyecto, señalando que “significará un retroceso para los deudores y las personas que tienen sus obligaciones crediticias al día”, afirmó el presidente del gremio Peter Hill.
“Hoy, el propio interesado en obtener un crédito puede solicitar un certificado de sus deudas a las empresas con las que mantiene créditos para presentarlo ante quien tramita un nuevo préstamo. Si bien esta fórmula implica un costo de transacción, se considera que dicho costo se justifica en resguardo de un bien superior como es la privacidad personal” señaló Hill.
APOYO
Por la otra vereda, el presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, Eusebio Pérez, valoró el proyecto: “El nuevo sistema de información comercial presentado hoy es un avance, puesto que prioriza el respeto sobre la propiedad de los datos personales y precisa que tiene un propósito específico que es prevenir el endeudamiento”.
A su juicio, la medida que se verá en el Congreso "protege el derecho de propiedad de los actuales poseedores de bases de datos, al crear un registro de información comercial no retroactivo".
Eso sí, según Pérez, "la consolidación de deudas no tendrá un efecto significativo en la reducción de tasas de interés, puesto que esto sólo sucederá con un grupo: los menos endeudados".
La deuda consolidada también ha sido respaldada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
LaNacion.cl
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