Tanto los actuales y ex directivos y gerentes de La Polar, junto a la compañía auditora, las clasificadoras de riesgo y los entes fiscalizadores, son identificados como los mayores responsables en el escándalo de las “repactaciones unilaterales” en que cayó la empresa.
El hecho de que La Polar haya reconocido “malas prácticas” crediticias –luego de la demanda colectiva interpuesta en su contra por el Sernac–, que apuntan a repactaciones unilaterales a los clientes con tarjeta, dejó en evidencia una serie de fallas en los distintos controles que debieron aplicarse sobre la compañía. El jueves pasado, la cadena afirmó que el directorio recién había tomado cuenta de estas malas prácticas en sesiones extraordinarias de los días 6 y 8 de junio, las cuales aseguró no autorizar, relegando toda la responsabilidad en su plana ejecutiva.
Sin embargo, abogados y analistas sostienen que La Polar, a través de las repactaciones unilaterales, habría intentado maquillar su verdadera situación financiera. Y además, en el mercado surgió una gran interrogante: ¿cuándo se iniciaron estas conductas?
Ejecutivos del sistema financiero ya apuntan a similitudes entre el caso de La Polar y el de colusión de las farmacias, en lo que a responsabilidades del directorio se refiere, en el cual directores y ejecutivos fueron sancionados por incumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, el mercado se pregunta hoy ¿desde cuándo los resultados entregados por la Polar no reflejan la real situación de su cartera crediticia? ¿Qué tan “bombeada” estaba La Polar? Por varios años se destacó a la empresa como “la joyita del retail”, sin embargo, a la luz de los acontecimientos de la última semana, se abre la gran interrogante de cuán real era esa apreciación, o si las prácticas crediticias ahora reveladas existían también en períodos anteriores.
“Si la empresa no sincera desde cuándo enfrenta esta realidad, la sombra de duda tocará también a las anteriores administraciones”, señalan. Cabe recordar que en 1999 –luego de haber estado prácticamente quebrada–, Southern Cross tomó el control de La Polar e invirtió en ella más de US$30 millones para levantarla, abrió la empresa a la bolsa y vendió en 2006 el 20,6% a la Familia Bemberg de Argentina, la que a su vez vendió un par de años después sus acciones del retailer. En 2009 Southern Cross propone fusionar Supermercados del Sur con La Polar, propuesta que fue rechazada por el directorio.
El ex superintendente de Bancos, Guillermo Ramírez, arguyó que “los directorios serios de cualquier sociedad anónima abierta no pueden desligarse de su responsabilidad, pues son los que aprueban los estados financieros, que deben reflejar la efectiva situación patrimonial de la compañía”.
Por otra parte, en el mercado se observa con extrañeza que La Polar anunciara el aumento de capital por hasta US$400 millones –propuesto por los directores para aprobarse el próximo 22 de junio–, que coincide con el monto de provisiones extra que deberá efectuar la firma, que llega a unos US$430 millones (siete veces sus utilidades de 2010).
Igualmente, llama la atención que se dijera en el hecho esencial que el presidente de la compañía desde 2009 (quien renunció al cargo el viernes), Pablo Alcalde –que incluso fue gerente general de la misma por 10 años– no tuviera conocimiento de dichas malas prácticas.
En todo caso, un abogado aseguró que, en este proceso, se podrían estar configurando delitos penales como el uso malicioso de información, estafa, asociación ilícita, y también delitos penales contra la propiedad privada.
De aplicarse sanciones administrativas, las haría la SVS contra los ejecutivos y directivos implicados en el “caso La Polar”, tal como sucedió en el proceso de Farmacias Ahumada (Fasa), donde se multó a los responsables por incumplir las obligaciones que establece la Ley de S.A.
Los Fiscalizadores
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), debe fiscalizar el cumplimiento de las normas dictadas por el Banco Central, que tienen por objeto velar por el normal funcionamiento de los pagos. En el caso puntual de La Polar, sólo mira a Inversiones SCG (sociedad anónima cerrada), el emisor de la tarjeta de crédito del retailer, según aclaran quienes conocen el proceso de fiscalización por parte de la Sbif.
El Banco Central, en la norma en relación a este tema, dispone que la fiscalización sea realizada mediante un informe de procedimientos acordados efectuados por los auditores externos de la compañía. Su contenido es acordado entre la empresa y el auditor externo, que hasta la semana pasada era PricewaterhouseCoopers (PWC), y fue reemplazado por Ernst & Young.
Este informe es una especie de “check list”, con preguntas cerradas, "tiene o no tiene...", y sólo se limita a verificar que la empresa dé debido cumplimiento a las políticas y procedimientos establecidos por la propia compañía para su gestión de negocios.
“Por lo tanto, la fiscalización comprende la verificación respecto de que Inversiones SCG cumpla con: requisitos de capital mínimo de UF 100.000, y que los pagos a comercios no relacionados se realicen dentro de un plazo no superior a tres días hábiles bancarios”, se explica.
De esta forma, emerge la responsabilidad que cabe a la firma auditora en el caso. “Desde luego, la responsabilidad de no tener los riesgos debidamente cubiertos con provisiones es de la administración, y en último término, del directorio y no de los auditores externos. Pero cuando eso ocurre, significa también que la auditoría no cumplió con sus objetivos, porque los auditores externos sí deben realizar lo que ahora se llama una auditoría basada en riesgos”, explica Guillermo Ramírez, ex superintendente de Bancos.
En tanto, el abogado asesor de un grupo de minoritarios de La Polar –que alertaron de la situación a la Sbif y a la SVS–, Andrés Sepúlveda, aseveró que “PWC no hizo bien su trabajo, pues tuvo que haber sabido el tema, y mostró ligereza de criterios. Y las clasificadoras de riesgo tampoco pudieron identificar la situación, lo que extraña, sobre todo porque son varias”.
Un actor del mercado expresó que, en cuanto al papel que debió haber jugado la SVS, “no miró ni actuó como es debido, considerando que los estados financieros son públicos. Aunque no le caben responsabilidades formales, no realizó su trabajo”.
Ramírez, por su lado, admitió que la SVS descansa más bien en la regulación, los auditores externos y en la capacidad de sanción cuando se descubre algo anormal, y “se le ha ido complicando su óptica tradicional, porque no está preparada para realizar inspección en terreno y muchas empresas, especialmente del retail, son verdaderas entidades financieras”.
Caso Fasa
El 31 de diciembre de 2009 la SVS, liderada en esa fecha por Guillermo Larraín, decidió aplicar sanciones al presidente y a todo el directorio que rigió hasta noviembre de 2009 a Fasa, tras haber constatado el incumplimiento de obligaciones que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los directores y gerentes, los que señalaron desconocer la colusión entre las farmacias y el acuerdo de delación compensada alcanzada por la administración y la FNE.
Las sanciones fueron desde las 300 UF ($6,6 millones) en el caso de los directores de ese año, y se elevaron hasta los $31 millones para el ex presidente José Codner y $41 millones para el entonces vicepresidente Alejandro Rosemblatt. En total, los 10 sancionados tuvieron que pagar $123 millones.
A Codner y a Rosemblatt se les sancionó por infringir los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de S.A. Ambos no informaron ni debida ni oportunamente al directorio sobre el acuerdo conciliatorio que Fasa estaba negociando con la Fiscalía Nacional Económica por colusión de precios con Cruz Verde y Salcobrand.
Mientras, a ocho directores (Eduardo Bellinghausen, Gabriel Berczely, Alexander Fernández y Jaime Sinay, quienes dejaron la firma en noviembre de 2009; y Juan Benavides, Juan Cuneo, Ernesto Labatut y Pablo Lamarca, los que seguían en la firma), por no haber ejercido debida y oportunamente su derecho legal de informarse.
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