En un documento de tres páginas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso una serie de medidas para mitigar los impactos del terremoto en el área laboral y social.
Para ello, la multisindical considera que es necesario crear un "Fondo Permanente para Catástrofes", el cual se debería financiar "estableciendo un impuesto especial a las 200 empresas más rentables del país y a las personas que cuenten con un patrimonio superior a un millón de dólares", argumenta la propuesta.
Entre las medidas que se podrían concretar con estos recursos, explican, esta la entrega de un bono especial de un ingreso mínimo
($ 165.000) para más de 300 mil trabajadores entre cesantes y cuenta propia de las regiones de O"Higgins, del Maule y Bío Bío, cuyo requisito es que no cuenten con la cobertura del Seguro de Cesantía.
En este sentido, también piden flexibilizar el acceso del mencionado beneficio y adaptarlo a las necesidades de la emergencia. Esto, a través de la propuesta que presentó la Comisión de Usuario del Seguro y que sirvió de base al Ejecutivo para la redacción del proyecto que ingresó el martes al Congreso y que busca el apoyo legislativo para otorgar dos pagos adicionales y bajar de 12 a 8 el número de cotizaciones exigidas para recibir los giros.
Otro de los temas que también aborda el documento es la no aplicación del artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, hasta que se concrete una modificación definitiva. Esto, porque la norma permite el despido de trabajadores sin el pago de la indemnización por años de servicio y tras el terremoto se observó un importante aumento de su uso. Sin embargo, un dictamen de la Dirección del Trabajo redujo dicha alza.
El rol del Estado
Respecto al proceso de reconstrucción, la CUT solicita un activo rol del Estado. En ese sentido, señala que como los servicios de electricidad, agua y telefonía "demostraron sus falencias y debilidades ante la catástrofe", se requiere generar mecanismos de intervención y fiscalización que permitan asegurar los suministros aún en situaciones excepcionales.
Además, propone que el Estado asegure "en sus manos la propiedad de las obras de reconstrucción, particularmente, los establecimientos escolares y hospitalarios, manteniendo a los funcionarios de planta y a contrata".
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