Los diferenciales de los bonos argentinos se incrementaron ayer por un rumor sobre la eventual renuncia del ministro de Economía Amado Boudou por discrepancias con otros funcionarios del gobierno.
Medido por el índice EMBI+ del banco JP Morgan, el riesgo país argentino se incrementó ayer 41 unidades a 826 puntos.
Desde el fin de semana, la prensa trasandina informaba sobre la posible dimisión de Boudou, debido a supuestos roces del ministro con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, un funcionario de fuerte influencia en el gobierno de Cristina Fernández.
Uno de los errores estratégicos que se le atribuyen a Boudou es no haber previsto la reacción de Martín Redrado, quien renunció a su cargo como presidente del banco central tras rechazar el uso de reservas del organismo para pagar la deuda pública a través del Fondo del Bicentenario.
Sin embargo, un vocero del ministerio de Economía consultado por Reuters negó que Boudou haya renunciado.
El analista de RBS Securities, Boris Segura, dijo a Reuters que el incremento de los diferenciales de Argentina se debía a "conversaciones en el mercado de que Boudou se está yendo", aunque añadió que según su visión el ministro sigue en el cargo.
"Si renuncia, se señalaría que el poder no acompaña la dinámica del canje y que a ellos no les importan las consecuencias de posponer la operación", añadió Segura, sobre un propuesto canje de deuda impaga de Argentina por US$ 20.000 millones.
Mientras, la justicia argentina podría definir esta semana el uso de las reservas del banco central. La decisión tendría lugar una semana antes de que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, donde la oposición busca rechazar el decreto firmado por la mandataria en diciembre, habilitando el uso de alrededor de US$ 6.600 millones en reservas.
Denuncia
Pero no es el único problema que enfrenta el gobierno trasandino por estos días. Dos abogados denunciaron a la presidenta ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", luego de que el gobierno reasignara 144 millones de pesos argentinos destinados a "fines sociales" para financiar los derechos de transmisión de los partidos de fútbol.
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