El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en su calidad de organismo que defiende los derechos del consumidor, revisó los contratos de adhesión que actualmente las grandes tiendas y supermercados mantienen con sus clientes y observó graves irregularidades e infracciones a la legislación vigente.
Las empresas del retail examinadas fueron CMR, Hites, Johnson’s, Cencosud, Tricard, ABC DIN, Corona, Presto, Ripley y La Polar.
La autoridad fiscalizó los contratos para tarjetas y líneas de crédito de dichas instituciones y verificó “una serie de graves incumplimientos en todas las instituciones, que incluyen cláusulas abusivas que atentan contra los derechos de los consumidores” denunció la entidad.
Estos abusos apuntan a la modificación “unilateral y arbitraria” de las condiciones de los contratos, el irrespeto de las condiciones pactadas, cambios en los intereses y comisiones sin aviso, ni consentimiento de los clientes, entre otras irregularidades que identificó el ente fiscalizador.
Y subrayó que “contrario a la creencia popular, aunque el consumidor haya leído, aceptado y firmado el contrato, estas cláusulas no tienen ningún valor porque los derechos de los consumidores son irrenunciables de manera anticipada”
Junto a ello, el Sernac explicó que “la modificación de los contratos se puede hacer pero a través de la renovación de los mismos o informando al consumidor, antes de firmar, las condiciones objetivas de su modificación, por ejemplo reajuste por IPC”
Es así como a juicio del ente fiscalizador, estas irregularidades explicarían que una de cada cuatro denuncias recibidas por el organismo, son del rubro financiero, al cual pertenecen las empresas indagadas.
Es más, el servicio agrega que esto revela porque “el 50% de los juicios colectivos presentados corresponden a este mercado y que los consumidores en su mayoría perciban que estas empresas tienen poco o ningún interés en resolver sus problemas”.
Dentro de las negativas conclusiones que arrojó el examen realizado por la entidad, el organismo expresó que esto demuestra que “nuevamente nos hemos encontrado con contratos donde las empresas del mercado financiero son juez y parte, mientras el consumidor no tiene voz ni voto”
En este orden, la entidad fiscalizadora, anunció que utilizará todos los mecanismos que le franquea la ley, tanto de manera administrativa como judicial, para “corregir esta situación, sancionar a las empresas y buscar la reparación del daño causado a los consumidores. Además, informará a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
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