Los mercados cayeron ayer cuando Barack Obama delineó amplias nuevas medidas de regulación financiera. La más significativa es la prohibición de que los bancos captadores de depósitos realicen operaciones propietarias "no relacionadas con el servicio a clientes". Esta actividad ha generado utilidades políticamente incendiarias para los bancos y bonos para los banqueros.
El momento del anuncio fue político: el presidente habló el día que Goldman Sachs anunció utilidades de US$ 4.950 millones en el cuarto trimestre. Aquellos de naturaleza más populista que Obama, a izquierda y derecha, dirán que llega tarde al juego.
La Casa Blanca y el Tesoro resistieron la reacción contra los bancos a comienzos de 2009, oponiéndose al impuesto punitivo propuesto en la Cámara de Representantes. En vez de usar el control sobre los bancos que tenían a través del programa de alivio de activos en problemas en 2009, las autoridades permitieron que los bancos se liberaran de las restricciones asociadas con el TARP.
Puede que Obama lamente la oportunidad perdida. El ánimo público es contrario a Wall Street: rescates billonarios para personas con sueldos millonarios han enfurecido a estadounidenses que viven con miedo a perder sus empleos y sus hogares.
El equipo político de Obama quiere ponerse al día. En diciembre llamó a los ejecutivos bancarios a la Casa Blanca para amonestarlos y la semana pasada anunció un cobro por US$ 90.000 millones a los bancos para recuperar parte de los costos del rescate. Esas acciones se justificaban. Pero la nueva propuesta es un giro radical - y un error.
La meta en la política regulatoria debe ser hacer posible que los bancos quiebren sin poner en peligro el resto del sistema bancario y a la sociedad. El remedio propuesto no ayuda. Incluso redes financieras donde cada compañía hace una sola cosa seguirían siendo vulnerables a crisis sistémicas.
Las fronteras entre funciones bancarias serán difíciles de trazar. ¿Se permitirá a los bancos afectados cubrir sus posiciones? Esta regulación brutal la fijarán los abogados. La prohibición de las operaciones propietarias a bancos comerciales evitaría que los depósitos con seguro estatal sean fichas en el casino financiero. Pero este problema se enfrenta mejor cobrando más a los riesgos contra los que los asegura el estado.
La palanca clave del gobierno debería ser asegurar que las instituciones tengan suficiente capital para reflejar los riesgos que corren y la amenaza que representan para el resto del sistema financiero.
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