Las entidades financieras que se acojan al código de buenas prácticas promovido por el Gobierno, que contempla la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro, tendrán que decidir si lo aplicarán más tiempo de los dos años que exige la adhesión inicial a estas medidas.
Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), los bancos quedarán incluidos en este código durante al menos dos años, que se prorrogarán automáticamente por períodos anuales en caso de que las entidades no soliciten su exclusión.
La notificación se tendrá que remitir tres meses antes de que expire el plazo de permanencia al código -primero dos años y después renovable cada año- a la Secretaría General del Tesoro. De esta forma, los bancos tendrán que retratarse y reafirmar su compromiso a las medidas impulsadas por el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios.
El Ejecutivo quiere que la banca participe en la solución a una "realidad dramática" derivada de la perduración de la crisis, según recoge el BOE en el inicio del real decreto ley aprobado. Eso sí, los bancos, pese a garantizar su "mejor disposición" ante el código, ya han mostrado su malestar por participar en "funciones" sociales que consideran que le corresponden al Estado.
El Gobierno promoverá la dación en pago -entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco- para familias con todos sus miembros en paro y con primeras viviendas de menos de 200.000 euros.
En concreto, la dación en pago se permitirá, si los bancos que concedieron la hipoteca lo aceptan, a las familias en paro con viviendas por valor de hasta 200.000 euros en ciudades de más de un millón de habitantes, y de hasta 180.000 euros en núcleos de población de más de medio millón de habitantes.
El umbral se fija en un valor máximo de 150.000 euros en las poblaciones de más de 100.000 personas y de hasta 120.000 euros en las de menos de esta densidad. El código también busca permitir la dación en pago a familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.
El Gobierno además limitará los intereses de moratoria a la suma de los pactados al contraer la hipoteca más un máximo del 2,5% de intereses de demora.
Dentro de los incentivos fiscales previstos por el Gobierno para animar a la banca a incorporarse al código de buenas prácticas figuran bonificaciones fiscales en la novación de la hipoteca para los casos de reestructuración de la deuda, y en las escrituras.
AMPLIACIÓN DE LA HIPOTECAS HASTA 40 AÑOS.
Entre los mecanismos que se prevén para evitar el desahucio, en primer lugar se buscará una reestructuración del pago de la hipoteca estableciendo un periodo de carencia en el pago del capital de hasta cuatro años, y una ampliación del plazo del préstamo hasta 40 años.
En caso de que el deudor no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con estas facilidades, se prevé una quita de parte de la deuda en una segunda fase, y si aún así es inviable hacer frente a la hipoteca, se prevé la entrega de las llaves de la vivienda.
CIENTOS DE MILES DE BENEFICIARIOS.
Una vez llevada a cabo la dación en pago, se contempla que el antiguo propietario permanezca en la vivienda en régimen de alquiler durante dos años prorrogables. La renta que deberá pagar resultará de aplicar a la deuda restante un porcentaje de un 3%.
El Gobierno prevé que cientos de miles de familias se puedan acoger a la dación en pago -entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco- o a los cambios de condiciones de sus deudas tras la aprobación del código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Ministros para reducir el impacto social de los desahucios.
