- Entre los nueve implicados, que son procesados en libertad, están el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de la autónoma salvadoreña CEL Guillermo Sol Bang, a quienes deberán embargárseles bienes por 37.934.391,40 dólares a cada uno, destacó el boletín.
- El Salvador fue condenado en 2011 por un arbitraje internacional por supuesto incumplimiento al contrato con ENEL, sentencia que el Gobierno de Funes se niega a acatar.
La Fiscalía de El Salvador solicitó un embargo por más de 2.107 millones de dólares contra nueve exfuncionarios y dos sociedades implicadas en supuesta corrupción en un contrato entre la empresa estatal de energía salvadoreña y la italiana ENEL.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado que el monto total a embargar a los nueve exfuncionarios y las dos sociedades es de 2.107.466.188,92 dólares.
Esta cantidad “constituye en su totalidad el perjuicio patrimonial ocasionado a CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) por la incorporación deENEL Green Power S.p.A. como Socio Estratégico en GESAL S.A. DE C.V., ahora LaGEO“, indica el documento.
Entre los nueve implicados, que son procesados en libertad, están el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de la autónoma salvadoreña CEL Guillermo Sol Bang, a quienes deberán embargárseles bienes por 37.934.391,40 dólares a cada uno, destacó el boletín.
A las sociedades ENEL Green Power y ENEL Green Power El Salvador deberán embargárseles 948.359.785,01 dólares a cada una, agregó la Fiscalía.
El resto de dinero en bienes será confiscado a los otros siete implicados en el caso de supuesta corrupción.
La Cámara Primero de lo Penal de El Salvador ordenó el embargo de bienes a finales de marzo pasado, cuyo montó no ha sido definido hasta hoy por la Fiscalía salvadoreña.
Los 21 involucrados en este caso fueron funcionarios del Gobierno de Francisco Flores (1999-2004), de los cuales 12 fueron sobreseídos en noviembre pasado, pero a finales de marzo la Cámara de lo Penal revirtió esa orden contra dos de ellos.
El 11 de noviembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de responsabilidad civil a los 21 exfuncionarios y a nueve de ellos les añadió el delito de peculado.
El presidente Mauricio Funes ha denunciado en reiteradas ocasiones que ese contrato suponía una “privatización encubierta” de una empresa de la CEL.
ENEL ganó una licitación internacional celebrada por el Gobierno de Flores y en 2002 se firmó el acuerdo de inversión mediante el cual la compañía italiana se convirtió, con el 36 %, en accionista de LaGeo, cuyo socio mayoritario es la CEL a través de la subsidiaria Inversiones Energéticas (INE).
El contrato establece que las inversiones de ENEL se convertirían en acciones de LaGeo, con lo cual la empresa italiana pasaría a ser el socio mayoritario a medida que invirtiera.
Según Funes, ENEL pasaría de tener el 36% al 53% de las acciones de LaGeo, y que así se convertiría en una empresa privada, y el contrato original fue modificado en secreto por los responsables de la CEL en aquel entonces para permitirlo.
El Salvador fue condenado en 2011 por un arbitraje internacional por supuesto incumplimiento al contrato con ENEL, sentencia que el Gobierno de Funes se niega a acatar.
El supuesto incumplimiento se dio cuando la CEL rechazó que ENEL invirtiera 127 millones de dólares en LaGeo, operación que le daría la mayoría de acciones de la empresa salvadoreña.
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