por Germán Silva Cuadra 4 marzo, 2019
“Entiendo perfectamente que esto puede no ser creíble para muchos, pero fuimos engañados”. La frase, emitida por Eliodoro Matte –representante de una de las familias más ricas y prestigiadas de la elite criolla–, luego de confirmarse 11 largos años de colusión del sector del cual eran líderes, no hizo más que aumentar las sospechas y agudizar la crisis de confianza de clientes y consumidores de todo el país.
Además de ser una afirmación contra el sentido común, fue un atentado a la inteligencia de los chilenos y demostró que esta conducta no era aislada. Concertación de precios entre las farmacias, laboratorios, huevos, supermercados y productores de pollos. Repactación unilateral de tarjetas –La Polar–; uso de información privilegiada –Caval–; financiamiento ilegal de la política, acusaciones de cohecho y corrupción –SQM, Penta, KDM, Corpesca–. Y, claro, estafas masivas utilizando el sistema piramidal, como Arcano –liderada por el megalomaníaco Alberto Chang–, Rafael Garay y los quesitos de Madame Gil.
Pero parece que los chilenos tenemos muy mala memoria y tendemos a olvidar rápido. Aunque los consumidores le devolvimos la mano a CMPC, concertándonos para no comprar sus tissues por un tiempo, la acción duró unas pocas semanas. Después de todo, quien controla cerca del 70% del mercado optó, primero, por bajar sus precios y, luego, por llegar a un acuerdo con una Asociación de Consumidores para compensar con 7 mil pesos a cada mayor de edad del país. Fin de la historia, lavada la imagen, pero no de la reputación.
Pese a condenar por redes sociales y escandalizarnos con estos hechos –como nos enrostraba Jorge Alís–, después de un tiempo, seguimos como si nada comprando en las mismas farmacias, los mismos productos, caminando resignados como en la película The Wall, esa joya de Pink Floyd. Lamentablemente, los consumidores chilenos somos bastante poco críticos, comparados con otros países que castigan duramente estas conductas que atentan contra la fe pública.
La colusión del “Confort” –irónicamente llamada así– no fue un hecho aislado. Solo en la última década nos hemos enterado, gracias a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que varios sectores empresariales tienen las mismas prácticas. ¿Lo más grave? Siempre afectando el bolsillo de las familias más vulnerables, especialmente en productos de consumo masivo. Al papel higiénico sumamos la Asociación de Productores Avícolas, que, de acuerdo a la denuncia del ente estatal, cumplía con el rol de “repartir” el mercado del pollo entre los principales actores de esa industria.
Es a partir de esta concertación, ocurrida entre 2008 y 2011, que las tres cadenas más grandes de supermercados del país fueron multadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) –en decisión unánime– por $8 mil millones, acusadas de colusión. Y este es un fallo histórico, porque lo que estableció es una suerte de “colusión” del vendedor, que a su vez tiene una “colusión” entre proveedores. En otras palabras, los productores, que ya tenían repartido previamente el mercado se preocupaban, después, de que los supermercados no vendieran bajo el “precio de lista”. Y los ejecutivos de las cadenas Walmart y SMU se encargaban, por su parte, de verificar que la competencia cumpliera el acuerdo. Simple y directo. Un verdadero “cartel”.
En un hecho algo inédito, el Gobierno –incluyendo la vocería del Presidente– optó por realizar una dura condena, utilizando un lenguaje que incluso desconcertó e incomodó a un sector del empresariado, que le enrostró que aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema. La verdad es que a La Moneda este fallo le cayó como anillo al dedo. Qué mejor oportunidad que asumir una causa que genera indignación entre la gente y retomar una agenda más ciudadana después del paso en falso de Cúcuta.
Pero donde veremos si el Gobierno está realmente dispuesto a jugar una carta audaz será en el caso de que se confirme este fallo y deba entrar a intervenir el Sernac, para exigir compensaciones por el daño producido a los chilenos que consumimos la nada despreciable cantidad de 37 kilos de pollo per cápita al año. La mala noticia para los supermercados es que hoy existe un precedente que estará presente a la hora de las demandas: el acuerdo entre CMPC y las asociaciones de consumidores por 150 millones de dólares, como medida compensatoria. También el hecho de que el Gobierno de Michelle Bachelet (PS) haya cumplido un rol protagónico en el caso que involucró a la familia Matte. Es decir, una suerte de guerra ideológica de fondo.
Aunque tal vez lo más relevante será observar qué conducta tomaremos los consumidores. Es decir, cuánta presión pública se sumará para evitar que este nuevo caso muera de manera natural, producto de la resignación y apatía ciudadanas, hasta que otra colusión vuelva despertar nuestra molestia. O, por el contrario, si los chilenos seremos capaces de exigir y ejercer nuestros derechos.
Por último, más allá de la gravedad de la colusión de los supermercados, la pregunta de fondo es: ¿y en qué quedó eso del libre mercado? Esa doctrina ideológica con que el mundo empresarial ha defendido el modelo impuesto desde los años ochenta y que convirtió a Chile en una de las economías más abiertas del mundo. ¿Nos van a decir, entonces, que este es un sistema en que no existe la autorregulación, ni la ética, ni lo valores, ni siquiera la convicción en lo que se profesa casi como una fe religiosa?
Sin duda, lo que una vez más nos han vuelto a recordar, esta vez los supermercados, es que debemos estar atentos porque, si esto ocurrió con el pollo, la probabilidad de que estas mismas conductas se hayan repetido en cientos o miles de productos es muy alta. Y, claro, lo que han hecho Jumbo, Santa Isabel, Lider y Unimarc es propinar un golpe directo al mentón de la confianza de los chilenos y, de paso, al sistema económico y, también, a las declaraciones de conductas y ética que estas mismas empresas han destacado en sus memorias y reportes anuales en los últimos años. Por lo visto, el papel aguanta todo.
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