La espera del empresario Hans Eben respecto a su futuro en el caso D&S – Falabella estaría pronta a terminar.
Según fuentes cercanas al proceso, finalmente no sería formalizado por revelar información privilegiada, tal como figura imputado por la fiscalía. Tanto es así, que aún no se ha solicitado la audiencia de formalización necesaria para que esto ocurra, lo que hace presumir que la investigación finalizaría con buenas noticias para Eben. De ser así, estaría resuelta la situación de los ocho imputados por este caso.
A fines del mes pasado, una de las controladoras de la multitienda , María Luisa Solari, y su pareja, Marcel Zarour lograron un acuerdo de suspensión de la causa, bajo cumplimiento de dos condiciones que puso la fiscalía. Primero, se les prohibió la compra de cualquier tipo de acciones por el lapso de 12 meses, a Solari y Zarour, tanto como personas naturales como a nombre de sus sociedades involucradas en el supuesto ilícito. Segundo, se les ordenó una donación conjunta de
$ 15 millones -$7,5 millones cada uno- a una institución de beneficencia.
En febrero pasado, cinco ejecutivos también lograron un acuerdo con el Ministerio Público, el cual permite suspender el proceso penal. En ese oportunidad, Eugenio Eben, Vicente Aresti, Peter Studer y Alejandro Irarrázabal, formalizados por usar información privilegiada, y de Ana María Laguna, investigada por revelar información privilegiada. Dichos convenios también consideraron distintos tipos de donaciones.
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2011/05/04
2011/04/27
Caso Falabella-D&S revela urgencia de elevar penas por abuso de información
Análisis de expertos apunta a que, si bien es positivo que la justicia intervenga, la señal es que no hay sanciones reales para el delito más grave de la Ley de Valores.
Por Paula Gallardo
Una lectura ambivalente realizaron expertos en materia regulatoria frente el acuerdo logrado en el caso Falabella-D&S entre el Ministerio Público y una de las controladoras de la multitienda, María Luisa Solari, por uso de información privilegiada en la compra de acciones en 2007, tras la fallida fusión entre ambas firmas.
El martes, el Ministerio Público suspendió la causa a cambio de que Solari y su pareja, Marcel Zarour, donaran $ 15 millones a una institución de beneficencia y además se abstuvieran durante un año de realizar alguna operación bursátil. Esto sin reconocer culpabilidad en los hechos.
El acuerdo, según el abogado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, Jorge Delpiano, “envía una mala señal al mercado porque deja la sensación de que no hay sanción”. Añade que ello es particularmente delicado porque se supone que el castigo más grave en la Ley de Valores es precisamente por el uso de información privilegiada.
Sin embargo, para Alejandro Ferreiro -ex superintendente de Valores y Seguros- “la expectativa de llevar adelante la causa y haberse evitado el acuerdo abreviado tampoco hubiese significado una pena mucho más alta”, de tal manera que se opta por sanciones monetarias.
Ferreiro fue enfático en recalcar que la discusión que debe ser abordada “es más bien sobre los rangos penales que establece la ley y hasta dónde el legislador ha sido suficientemente consciente de la gravedad de este tipo de hechos”, como para legislar en consecuencia.
El jurista y académico de la U. de Chile, Luis Cordero, planteó que “la lectura positiva es que el Ministerio Público está intervieniendo en estos casos, que antes eran sólo sancionados a través de multas aplicadas por la Superintendencia de Valores. Y enhorabuena que así sea”. También reconoce que la tarea pendiente es “la manera de sancionar los delitos de white collar que generalmente tienen penas muy bajas”.
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Una lectura ambivalente realizaron expertos en materia regulatoria frente el acuerdo logrado en el caso Falabella-D&S entre el Ministerio Público y una de las controladoras de la multitienda, María Luisa Solari, por uso de información privilegiada en la compra de acciones en 2007, tras la fallida fusión entre ambas firmas.
El martes, el Ministerio Público suspendió la causa a cambio de que Solari y su pareja, Marcel Zarour, donaran $ 15 millones a una institución de beneficencia y además se abstuvieran durante un año de realizar alguna operación bursátil. Esto sin reconocer culpabilidad en los hechos.
El acuerdo, según el abogado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, Jorge Delpiano, “envía una mala señal al mercado porque deja la sensación de que no hay sanción”. Añade que ello es particularmente delicado porque se supone que el castigo más grave en la Ley de Valores es precisamente por el uso de información privilegiada.
Sin embargo, para Alejandro Ferreiro -ex superintendente de Valores y Seguros- “la expectativa de llevar adelante la causa y haberse evitado el acuerdo abreviado tampoco hubiese significado una pena mucho más alta”, de tal manera que se opta por sanciones monetarias.
Ferreiro fue enfático en recalcar que la discusión que debe ser abordada “es más bien sobre los rangos penales que establece la ley y hasta dónde el legislador ha sido suficientemente consciente de la gravedad de este tipo de hechos”, como para legislar en consecuencia.
El jurista y académico de la U. de Chile, Luis Cordero, planteó que “la lectura positiva es que el Ministerio Público está intervieniendo en estos casos, que antes eran sólo sancionados a través de multas aplicadas por la Superintendencia de Valores. Y enhorabuena que así sea”. También reconoce que la tarea pendiente es “la manera de sancionar los delitos de white collar que generalmente tienen penas muy bajas”.
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