Respecto al perdón del presidente Piñera dijo “creo que está mal informado” y negó “sabotaje informático” del que se le acusa.
Por Rodolfo Carrasco M.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el fallido Censo 2012, recibió al ex director del INE, Francisco Labbé, quien por primera vez personalmente se defendió de las acusaciones en su contra (antes lo había hecho por escrito) y señaló que si alguna vez tiene que pedir perdón lo hará en su momento, pero que “no tengo conciencia” de algo por lo que tenga que hacer ese mea culpa en cuanto a la elaboración del Censo.
Asimismo, señaló que el perdón ofrecido por el presidente Sebastián Piñera no lo entiende. “El presidente está mal informado, puede equivocarse si no es el Papa ni habla urbi et orbe”, subrayó.
Labbé, que estuvo junto a su abogado durante tres horas ante los parlamentarios, partió diciendo que “voy a hacer mis descargos respecto a una serie de acusaciones que han afectado mi credibilidad y mi imagen. Esto ha sido un asesinato público de mi persona”.
Agregó que “creo que todo lo que hemos hecho y todos los que hemos participado del Censo ha sido en forma responsable y siguiendo las sugerencias de organismos internacionales”.
Sostuvo que rechaza las impugnaciones de “manipulación de cifras del Censo, falsificación de documentos públicos y sabotaje informático”. Explicó que no hay clonación de cifras y que “la base de datos está limpia, incólume: No existe manipulación ni sabotaje alguno”.
Sostuvo que todo lo sucedido “para mí no ha sido fácil ni gratis, ha sido extremadamente doloroso, con una carrera universitaria y académica que me atrevería a decir intachable, incluso sin ningún cheque protestado”, y se preguntó “¿qué razón habría tenido para hacer algo de lo que se me acusa?”.
Consultado por la comisión de expertos que recomendó hacer un nuevo Censo, dijo que “está integrada por personas respetables, pero con poco y nada de experiencia en Censo, por lo mismo cometieron dos errores metodológicos básicos que anulan sus conclusiones”.Afirmó que el cambio de Censo de hecho a derecho, “no es una decisión que pueda tomar yo” y dijo que esto se analizó en la comisión nacional del Censo, y que su superior jerárquico era el subsecretario de Economía, Tomás Flores; aunque dijo que el tema lo conversó tanto con el ex ministro Pablo Longueira como con el presidente Piñera.
El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Latorre (DC), acusó un “abandono” del oficialismo hacia Labbé y de no querer colaborar con la comisión, dado que a la sesión no asistió ningún legislador de la Alianza.
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2013/08/31
Comisión revisora del Censo da por terminado su trabajo al entregar anexos de investigación
Los detalles del trabajo a partir del cual se recomendó repetir el Censo 2012, ha sido publicado en las páginas del censo y del INE, e incluye antecedentes como la omisión censal a nivel nacional.
El INE informó que la Comisión Externa Revisora del Censo, encargada para analizar el resultado del Censo 2012 por el director de ese organismo, Juan Eduardo Coeymans, entregó 11 nuevos capítulos anexos a la investigación, en la que concluyó que debería realizarse un nuevo Censo, ante la gravedad de los errores encontrados.
Según explicó el INE, el documento de once capítulos -y 1.055 páginas- ha sido publicado en los sitios web www.censo.cl, así como en www.ine.cl. En estos documentos se incluyen capítulos como el de antecedentes de la omisión censal a nivel nacional y a nivel comunal, el levantamineto pre-censo audiencias con el ex director del INE, Francisco Labbé y entrevistas con profesionales ligados al Censo, entre otros.
Los once anexos contienen la información de detalle respecto de las conclusiones que fueron entregadas el pasado 7 de agosto, en el que se recomendó realizar una nueva medición.
Los capítulos publicados son los siguientes:
1. Objetivos del censo
2. Antecedentes de la omisión censal a nivel nacional y a nivel comunal
3. Bases de datos del censo
4. Antecedentes relevantes de la práctica internacional de censos
5. Cobertura de viviendas particulares en el Censo Y levantamiento del pre-censo
6. Levantamiento de datos en el Censo
7. Audiencias de Francisco Labbé, Eduardo Carrasco, Mariana Alcérreca y Marcela Cabezas
8. Síntesis de entrevistas a otros profesionales que tuvieron relación con el Censo
9. Documentos preparados por profesionales del INE por solicitud de la Comisión
10. Documentación que entregaron a la Comisión algunos de los entrevistados
11. Bibliografía consultada
2013/08/22
Eurostat aclara rol en revisión de Censo: “No se responsabiliza” por contenido de nuevo informe
En los próximos días, el Ejecutivo resolverá sobre la nómima de los tres especialistas internacionales.
Por Rodolfo Carrasco
Ante la reciente colaboración anunciada tanto por el Banco Mundial como por la Comisión de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) en orden a sugerir nombres de alto nivel técnico para iniciar el proceso de revisión del Censo 2012 y así el gobierno contar con una “segunda opinión” a la entregada hace algunos días por la comisión de expertos en Chile, consultado por DF Eurostat aclaró específicamente en qué consistirá su rol en esta etapa.
“Tras la solicitud del INE, Eurostat al igual que el Banco Mundial propuso nombres de expertos bien reconocidos en el ámbito de los censos de población para proporcionar una segunda opinión, como expertos independientes, en el seguimiento y revisión del Censo 2012”, explicó la vocera de la entidad, Julia Urhausen.
No obstante, sentenció que “la selección final de los expertos sigue estando totalmente en manos del INE” y de hecho concluyó “Eurostat no se responsabiliza” por el contenido final del informe con el que el gobierno debería tomar la determinación de repetir o no el proceso.
Esta aclaración surge en medio de la visita que realizan por estos días a Santiago dos representantes del Banco Mundial, Carlos Silva-Jáuregui, economista jefe para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile y la encargada del grupo de Desarrollo y Macroeconomía de la entidad, Rong Qian, quienes ya se han reunido con el ministro de Economía, Félix de Vicente y el titular del INE, Juan Eduardo Coeymans.
Inicialmente el gobierno había pensado en ambas instituciones como eventuales auditores del proceso. No obstante, tal como lo aclaró Eurostat, el rol habría quedado limitado a la sugerencia de nombres para la nueva revisión.
Primer diagnóstico
Cabe recordar que el 7 de agosto pasado, una comisión de cinco expertos nacionales consultados por el gobierno estimó que el porcentaje de población no censada fue de un 9,3%. Inmediatamente, el comité encabezado por Osvaldo Larrañaga y compuesto por David Bravo, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano, recomendó al INE aplicar un censo abreviado en 2015. Según los expertos, el proceso “resultó plagado de problemas y dificultades” que afectaron los estándares de transparencia. Por eso, recomendaron no usar la información del Censo para la entrega de cifras oficiales. “Una quinta parte de las comunas tendría un porcentaje de omisión superior a un 20%”, explicó en su oportunidad Larrañaga.
Tras estos resultados, el director transitorio del INE, Juan Eduardo Coeymans, fue claro en que buscarían opiniones externas para comparar el informe. “Si no hay alternativa menos dolorosa que la que recomienda la comisión, habrá que hacerlo”, reconoció Coeymans.
Si bien los nombres de los tres especialistas estarían zanjados en los próximos días, el Ejecutivo fijó un plazo de dos meses para resolver si en definitiva se hará o no un nuevo empadronamiento, como recomendó la comisión de expertos nacionales.
“Tras la solicitud del INE, Eurostat al igual que el Banco Mundial propuso nombres de expertos bien reconocidos en el ámbito de los censos de población para proporcionar una segunda opinión, como expertos independientes, en el seguimiento y revisión del Censo 2012”, explicó la vocera de la entidad, Julia Urhausen.
No obstante, sentenció que “la selección final de los expertos sigue estando totalmente en manos del INE” y de hecho concluyó “Eurostat no se responsabiliza” por el contenido final del informe con el que el gobierno debería tomar la determinación de repetir o no el proceso.
Esta aclaración surge en medio de la visita que realizan por estos días a Santiago dos representantes del Banco Mundial, Carlos Silva-Jáuregui, economista jefe para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile y la encargada del grupo de Desarrollo y Macroeconomía de la entidad, Rong Qian, quienes ya se han reunido con el ministro de Economía, Félix de Vicente y el titular del INE, Juan Eduardo Coeymans.
Inicialmente el gobierno había pensado en ambas instituciones como eventuales auditores del proceso. No obstante, tal como lo aclaró Eurostat, el rol habría quedado limitado a la sugerencia de nombres para la nueva revisión.
Primer diagnóstico
Cabe recordar que el 7 de agosto pasado, una comisión de cinco expertos nacionales consultados por el gobierno estimó que el porcentaje de población no censada fue de un 9,3%. Inmediatamente, el comité encabezado por Osvaldo Larrañaga y compuesto por David Bravo, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano, recomendó al INE aplicar un censo abreviado en 2015. Según los expertos, el proceso “resultó plagado de problemas y dificultades” que afectaron los estándares de transparencia. Por eso, recomendaron no usar la información del Censo para la entrega de cifras oficiales. “Una quinta parte de las comunas tendría un porcentaje de omisión superior a un 20%”, explicó en su oportunidad Larrañaga.
Tras estos resultados, el director transitorio del INE, Juan Eduardo Coeymans, fue claro en que buscarían opiniones externas para comparar el informe. “Si no hay alternativa menos dolorosa que la que recomienda la comisión, habrá que hacerlo”, reconoció Coeymans.
Si bien los nombres de los tres especialistas estarían zanjados en los próximos días, el Ejecutivo fijó un plazo de dos meses para resolver si en definitiva se hará o no un nuevo empadronamiento, como recomendó la comisión de expertos nacionales.
Labbé evalúa pedir perdón y exculpa al ex ministro Pablo Longueira
Por Rodolfo Carrasco
El abogado defensor del ex director del INE Francisco Labbé, Jorge Martínez, presentó un escrito de 19 páginas ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza los errores cometidos en el Censo 2012. En el documento Labbé explica aspectos técnicos de la forma en que se tomaron las decisiones, pero también afirma que en una segunda etapa estará dispuesto a concurrir personalmente ante los parlamentarios.
El abogado de Labbé también dijo que su representado ha realizado un "profundo proceso de reflexión de lo sucedido durante su mandato" donde reconoce que se pudieron haber hecho mejor las cosas. También sostuvo que evalúa pedir perdón y libera de responsabilidad en lo sucedido al ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
Martínez dijo que "en lo personal, Francisco es un hombre de lealtades, jamas él me ha dicho que sienta que hay una responsabilidad del ex ministro Longueira".
Asimismo, dijo que para Labbé "está descartado que se hayan clonado o copiado antecedentes del proceso censal para replicarlos".
Y que "cuando uno se traza una meta como cambiar la modalidad de Censo, eso tuvo resistencia, porque las personas vienen acostumbradas a trabajar de una manera y el cambio de metodología produjo problemas. Él me ha expresado que está replanteando el hecho de si fue o no una buena metodología el haber cambiado un Censo de hecho a uno de derecho, en todo caso esto tuvo apoyo internacional".
Asimismo, dijo que "reconoce que pudo haber tenido un mejor manejo interno con las personas cuestionadas y que él considera que quizás fue demasiado impulsivo en haber apurado en tranco de algunos funcionarios".
El presidente de la comisión investigadora, diputado Juan Carlos Latorre (DC), reiteró la necesidad de la asistencia personal de Labbé y que la respuesta escrita "será sometida primero a conocimiento de todos los miembros de la comisión investigadora antes de decidir hacerla pública".
El abogado de Labbé también dijo que su representado ha realizado un "profundo proceso de reflexión de lo sucedido durante su mandato" donde reconoce que se pudieron haber hecho mejor las cosas. También sostuvo que evalúa pedir perdón y libera de responsabilidad en lo sucedido al ex ministro de Economía, Pablo Longueira.
Martínez dijo que "en lo personal, Francisco es un hombre de lealtades, jamas él me ha dicho que sienta que hay una responsabilidad del ex ministro Longueira".
Asimismo, dijo que para Labbé "está descartado que se hayan clonado o copiado antecedentes del proceso censal para replicarlos".
Y que "cuando uno se traza una meta como cambiar la modalidad de Censo, eso tuvo resistencia, porque las personas vienen acostumbradas a trabajar de una manera y el cambio de metodología produjo problemas. Él me ha expresado que está replanteando el hecho de si fue o no una buena metodología el haber cambiado un Censo de hecho a uno de derecho, en todo caso esto tuvo apoyo internacional".
Asimismo, dijo que "reconoce que pudo haber tenido un mejor manejo interno con las personas cuestionadas y que él considera que quizás fue demasiado impulsivo en haber apurado en tranco de algunos funcionarios".
El presidente de la comisión investigadora, diputado Juan Carlos Latorre (DC), reiteró la necesidad de la asistencia personal de Labbé y que la respuesta escrita "será sometida primero a conocimiento de todos los miembros de la comisión investigadora antes de decidir hacerla pública".
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2013/08/18
Jacob Ryten: "Es impensable echar a la basura la masa de datos del Censo 2012"
A juicio de uno de los expertos en estadísticas públicas más requeridos a nivel mundial y asesor del INE por más de una década, es "irresponsable" y un "disparate" pensar en hacer un nuevo censo sin revisar exhaustivamente el de 2012, lo que requiere más que los tres meses que trabajó la comisión que entregó sus resultados la semana pasada.
ACOB RYTEN es uno de los expertos en estadísticas públicas más requeridos a nivel internacional y colaborador de muchas de las entidades que realizan esta labor, en todo el mundo. A su experiencia como director de Statistics Canada, la oficina nacional de estadísticas de Canadá, suma haber preparado el último Manual de Organización Estadística que distribuye Naciones Unidas.
Con Chile tiene una larga relación asesorando al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desde hace más de una década. De hecho, cuando los técnicos del INE decidieron abordar la situación del IPC hace algunos meses, recurrieron a Ryten, pero ya en 2001 se le encargó un informe sobre nuevas funciones e institucionalidad para el INE. En esa línea, también ayudó en la planificación del Censo de 2012 y fue consultado por el ex director del INE, Francisco Javier Labbé, cuando decidió cambiar a un censo de derecho -en vez de uno de hecho-, lo que hoy se cuestiona como una de las principales razones para los problemas que de acuerdo a la Comisión Revisora Externa tuvo esa medición y en que se basa su recomendación de realizar un nuevo proceso censal en 2015.
Ryten hoy se encuentra en Sudáfrica, que busca cómo resolver el problema de un censo que tuvo una tasa de omisión de 18% y que, a punta de revisiones, ha bajado al 15%. Desde allí entrega su visión de la situación del censo que hubo en Chile y de la decisión que enfrenta el gobierno en cuanto a invalidarlo o no.
Tenemos un problema con el censo en Chile. Usted participó en el proceso…
Ustedes tienen dos problemas: el del censo y el problema creado por la recomendación de que se anule y se haga uno nuevo. Ambos son graves y no veo una solución muy clara.
¿Usted siguió el desarrollo del censo?
Sí. Visité el INE unas tres veces durante el período en que se hacía su planificación y preparación.
¿Y le pareció que se estaba haciendo bien?
Me pareció que el trabajo se estaba haciendo razonablemente. Un censo es la operación más compleja llevada por un instituto de estadística: es una movilización tremenda y se hace más difícil porque no hay un personal de planta ligado al censo; se hace un censo una vez cada década, lo que significa que toda la infraestructura debe crearse de nuevo, y eso genera dificultades de tipo conceptual y de tipo logístico únicas. Todo lo demás que lleva un instituto de estadística son labores continuas, para las cuales hay una preparación mensual o trimestral. Pero en el censo, una vez terminado, todo se detiene y diez años más tarde se vuelve a empezar. Entonces, ante su pregunta de si se estaba haciendo bien o mal, se estaba haciendo dentro de los parámetros posibles, razonablemente. Y seguro que mejor que el promedio de la región. Es necesario agregar que el censo cambió de rumbo en julio de 2011 y, por lo tanto, hubo una doble carga de trabajo.
Cuando se da ese cambio de rumbo, ¿por qué se mantienen los plazos originales? ¿Se alcanzaba a hacer?
No conozco los acuerdos presupuestarios o laborales que llevaron a mantener los mismos plazos. Son acuerdos entre el ministro, el director del censo, yo los tomé como datos. Hubo una evaluación de riesgos, se llegó a la conclusión de que el censo tradicional no iba a funcionar por razones objetivas, que por lo tanto era necesario cambiarlo por un censo de un tipo para el cual no había experiencia.
La Comisión Externa cree que una de las causas de los problemas fue que se trabajó contra el tiempo y hubo mucha improvisación.
Si no se hubiera cambiado de rumbo, también habría habido improvisación y se hubiera trabajado contra el tiempo.
¿Por qué?
Porque Chile tiene un sistema de control muy pesado que no facilita una tarea como el censo. Todo lo que constituye compras, otorgar contratos, contratar personal por tiempos reducidos, tiene una carga burocrática enorme. Es muy fácil después del censo hacer comentarios sobre la improvisación, pero durante la marcha el grado de libertad que existe es bien reducido. No tiene nada que ver con el INE, es la forma en la que funciona el aparato estatal. Sin duda, por una buena razón existen esos controles, pero no contribuyen a una planificación y ejecución fluida. Y quien nunca ha pasado por la experiencia de planificar un censo en una situación real, tiene dificultad en imaginar lo difícil que es.
Pero en definitiva, tenemos un censo que no resultó como se esperaba y que, según la comisión, tiene una tasa de omisión de al menos 9%.
Se ha hablado de la mayor tasa de omisión de todos los tiempos como si eso fuera insólito. Estoy en Sudáfrica, un país que tiene recursos, tiene una cierta experiencia, no es primera vez que hacen un censo, y la tasa de omisión es de 15%. Lo que tenemos que ver es cómo trabajamos con esa tasa de omisión de 15%. En EEUU, el Censo de 1990 tenía una tasa de omisión urbana bien superior al 20%. Hay muchos precedentes de altas tasas de omisión, no es el primer país en que ocurre.
¿Qué tasa de omisión es aceptable?
Una tasa de omisión excelente es la canadiense, que no supera el 2%. Lo aceptable depende de muchos factores. En Sudáfrica un 10% sería aceptable y 14% es inesperado. Pero no significa anular el censo.
En Chile precisamente esta Comisión Externa ha recomendado anular el censo y hacer uno nuevo, mientras que el gobierno está buscando la manera de poder mejorarlo y no invalidarlo. ¿Es posible completar los datos de un censo?
No sé lo que quieren decir con completar, pero repetir un censo es un disparate. Veo mucha dificultad en cómo hacerlo sin el gasto de enormes recursos públicos, el personal, la infraestructura, la credibilidad, el espíritu de cooperación por parte del público para hacer un nuevo censo sin, por lo menos, determinar qué hay de bueno en el censo “malogrado”. Si tenemos 90% de los hogares chilenos encuestados, lo primero que haría es ver cómo los podemos aprovechar para que apoyen políticas públicas. Esa es la primera pregunta. La segunda es si hay alguna indicación de que en el 90% de los datos que tenemos hay sesgos y distorsiones tales que pudieran poner en riesgo la fijación de políticas públicas o no.
El gobierno habló de volver a viviendas no logradas o sin moradores para complementar los datos.
Eso sería la parte trivial. Lo que es importante es primero verificar si la cartografía es correcta y si una distribución de la omisión en el territorio nacional no es uniforme, para que uno concentre recursos en las regiones y subregiones en que la tasa de omisión es más fuerte y, después, aplicar en gabinete o en terreno las medidas de corrección que se impongan.
En ese sentido la comisión cuestiona la calidad de los datos y llama la atención sobre la heterogeneidad de la omisión.
Antes de declarar si los datos son fidedignos o no, o cuál sería la mejor forma para corregir errores que son inaceptables desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas, sería necesario hacer un estudio en profundidad en gabinete para determinar cuál es la naturaleza de las medidas de corrección que se imponen. Eso es lo primero. Pasó algo similar en Colombia con el último censo: hubo una fuerte tendencia, sobre todo de parte de la comunidad académica, para decir “este censo es inutilizable”. El gobierno colombiano convocó a una comisión externa que analizó en gabinete las fallas y errores durante un año y, prácticamente, se recuperó el censo sin tener que hacer ejercicios en terreno.
¿Lo que me dice es que hay casos anteriores de omisiones altas y que se deben revisar los datos exhaustivamente antes de tirar US$ 60 millones a la basura?
Exactamente. Es impensable echar a la basura la masa de datos recogidos por el Censo de 2012. Sería un acto de irresponsabilidad total. Quizás lleguemos a esa conclusión, pero llegar a eso debe ser el resultado de un estudio. En cuanto a la recomendación de hacer un nuevo censo y hacerlo en la forma clásica, en un día, para hacer lo que se hacía en tiempos anteriores, también es una irresponsabilidad. Tiene que ser resultado de un estudio, tiene que haber un proceso de interrogación de lo que piensa el público y las grandes comunidades de usuarios antes de hacer esa recomendación.
¿Es poco el trabajo de tres meses de esta comisión para la conclusión a la que llegan?
¿Sabe? Es desagradable hacer comentarios negativos sabiendo que la comisión pasó tres meses estudiando los resultados del censo. Sin embargo, tengo que decirle que si una comisión con exactamente las mismas credenciales me hubiera entregado en Canadá, cuando yo estaba al frente de nuestro instituto de estadísticas, un estudio con una recomendación radical como ésta, yo no la consideraría una recomendación responsable.
¿Cómo se repara la credibilidad de una institución como el INE cuando se ha visto tan cuestionada?
Esa es una pregunta clave y más importante que cómo se corrigen los errores del censo. Los errores los podemos medir, mientras que la credibilidad es un estado del alma y es más difícil medirlo. El funcionamiento de un INE es función de su credibilidad. Algo parecido pasó en varios países que conozco bien, como Sudáfrica, y la corrección de ese estado de alma es un proceso largo y que requiere empatía y cooperación por parte del público. Criticar al INE y decir que todo lo que hace está mal puede ser terapéutico, pero no constructivo.
¿Qué lecciones se deben sacar?
En los últimos 10 años ha habido un movimiento para reemplazar el censo clásico por censos alternativos. Los países escandinavos, por ejemplo, han decidido que los censos no valían la pena porque tienen excelentes registros administrativos y podían reemplazar todas las funciones del censo al recoger información directamente de la población. Holanda decidió explícitamente que no habrá otro censo. Ustedes en Chile, que tienen probablemente el mejor aparato estatal, la mejor burocracia de la región, quizás puedan ser los primeros que lleguen con su Registro Civil a un nivel tal que puedan dispensar hacer un nuevo censo.
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2013/08/16
Banco Mundial define equipo que llegará este lunes a Chile para revisar Censo
Tras el análisis de los especialistas, el Gobierno definirá si será esta institución o la Eurostat la que auditará el cuestionado proceso.
Para este lunes está previsto que llegue la delegación de expertos del Banco Mundial que revisará el proceso de medición del último censo.
Según publica "El Mercurio", la entidad definió los nombres de Carlos Silva-Jauregui, economista senior y gerente sectorial para los países andinos, y Rong Qian, doctora en economía de la Universidad de Maryland, quien trabaja en el área de crecimiento y macroeconomía del organismo internacional, con particular interés en el desarrollo fiscal de los países emergentes.
Ambos especialistas deberán revisar el método estadístico que se utilizó, tras lo cual el Gobierno determinará si será esta institución o la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) la que hará la auditoría al proceso.
Desde la institución aseguraron que para ellos ha sido una "experiencia interesante" en materia de transparencia de protocolos y en buscar consenso con "la academia, sociedad civil y gobierno" respecto de las metodologías.
Las irregularidades en el proceso, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía, se conocieron en abril a raíz de una denuncia periodística y derivaron en la renuncia de su entonces director, Francisco Labbé.
Desde la institución aseguraron que para ellos ha sido una "experiencia interesante" en materia de transparencia de protocolos y en buscar consenso con "la academia, sociedad civil y gobierno" respecto de las metodologías.
Las irregularidades en el proceso, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía, se conocieron en abril a raíz de una denuncia periodística y derivaron en la renuncia de su entonces director, Francisco Labbé.
El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) aseguró que Labbé decidió presentar los 16.600.000 habitantes "estimados” en el último censo como efectivamente censados, aunque en la práctica se encuestó a unas 900.000 personas menos (5,4%).
El pasado 7 de agosto, una comisión de cinco expertos nacionales consultados por el Gobierno estimó que el porcentaje de población no censada fue mayor y lo cifró en un 9,3%.
El Ejecutivo fijó un plazo de dos meses para resolver si se hará o no un nuevo empadronamiento, como recomendó la comisión de expertos que revisó el proceso del INE, instancia que conformaron David Bravo, Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano.
El Ejecutivo fijó un plazo de dos meses para resolver si se hará o no un nuevo empadronamiento, como recomendó la comisión de expertos que revisó el proceso del INE, instancia que conformaron David Bravo, Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano.
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2013/08/15
Expertos del Banco Mundial llegarán el lunes a Chile para revisar censo
También se espera que la próxima semana lleguen al país tres expertos recomendados por la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Expertos del Banco Mundial llegarán el próximo lunes a Chile para revisar el censo de 2012, después de que una comisión de especialistas chilenos recomendara repetirlo por haberse omitido a un 9,3% de la población.
También se espera que la próxima semana lleguen al país tres expertos recomendados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), según explicó hoy el ministro de Economía, Félix de Vicente.
"Tenemos contactos de personas recomendadas por Eurostat y viene una misión del Banco Mundial que llega el próximo lunes, y en conjunto con ellos evaluaremos la opción de darle valor al censo realizado y a estos 15.700.000 chilenos censados,” señaló De Vicente.
Hasta ahora, los censos, realizados cada diez años, se hacían en un día, que era declarado festivo y con encuestadores voluntarios, pero el de 2012 se prolongó durante tres meses, estuvo a cargo de 14.000 censistas remunerados y tuvo un costo total de US$ 60 millones.
Las irregularidades en el proceso, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía, se conocieron en abril a raíz de una denuncia periodística y derivaron en la renuncia de su entonces director, Francisco Labbé.
El Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper) aseguró que Labbé decidió presentar los 16.600.000 habitantes "estimados” en el último censo como efectivamente censados, aunque en la práctica se encuestó a unas 900.000 personas menos (5,4%).
El pasado 7 de agosto, una comisión de cinco expertos nacionales consultados por el Gobierno estimó que el porcentaje de población no censada fue mayor y lo cifró en un 9,3%.
Esa comisión recomendó que las cifras recogidas no se empleen como datos oficiales y aconsejó realizar una nueva medición, de carácter abreviado, en 2015.
Tras conocer estas conclusiones, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón por esos errores y señaló que las dos posibles soluciones son mejorar los procedimientos y realizar las entrevistas a las familias que no fueron encuestadas o llevar a cabo un nuevo censo.
El Ejecutivo quiere ahora consultar con expertos internacionales antes de tomar una decisión, que espera tener definida en octubre.
De Vicente apuntó hoy que en otros países, entre los que mencionó Reino Unido, Sudáfrica y Bolivia, también ha habido errores en el censo.
"En la práctica no se puede contar a todas las personas que viven en un país. Siempre tienen que tener métodos que los hagan confiables estadísticamente. Queremos ver con expertos si el censo es confiable estadísticamente, y esa es nuestra misión", recalcó.
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2013/08/12
Fiscalía encargará informe en derecho para formalizar a Labbé y Carrasco
La discusión respecto a si el censo constituye o no un instrumento público mantiene en suspenso los próximos pasos del Ministerio Público.
Por Jimena Catrón Silo
Era una pregunta que antes jamás había sido necesario resolver, y que ahora abrirá un debate que podría tener efectos claros en la investigación por el Censo 2012.
Porque si una de las tesis de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad es que la manipulación de datos, que ya ha sido comprobada según ha señalado el mismo fiscal José Morales -quien lidera la investigación-, daría origen al delito de falsificación de instrumento público, la duda que surge es evidente: ¿es el documento del censo un instrumento público? Para darle respuesta a esta interrogante, de la que prácticamente depende la formalización de Francisco Labbé, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y de Eduardo Carrasco, quien era jefe del Censo 2012 en esa entidad, es que la Fiscalía Centro Norte -de la que depende la Unidad de Delitos de Alta Complejidad-, encargará en los próximos días un informe en derecho que servirá como base para los siguientes pasos que sigan en este proceso.
Qué dice la ley
Respecto a la definición de documento público o auténtico, éste se refiere a aquellos que son extendidos con las formalidades legales del competente funcionario.
Según el Código Penal, en su artículo 193, “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad” en distintas situaciones, que se enumeran en ocho, e incluyen el suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, alterando las fechas verdaderas, entre otras. Sin embargo, en el número 6 se incluye “haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido”. Ahí está el punto que fundamentaría la eventual configuración del delito.
Opiniones divididas
Éste es un debate en el que según afirman varios abogados consultados, va a haber tantas opiniones como juristas existan.
Según comentó la abogada constitucionalista y ex senadora de la República, Olga Feliú, si bien el documento del censo puede revestir el carácter de instrumento público, no cree que se configure el delito que establece la ley.
La razón para ello está en que, a su juicio, para que se configure el delito de falsificación de documento público o auténtico, que se encuentran dentro de los delitos contra la fe pública, se establecen una serie de supuestos que no se dan en esta situación, principalmente porque los censos tienen, o están fundados, en antecedentes probabilísticos.
“Si el censo dijera que han comparecido determinadas personas, ahí sería una declaración falsa. Aquí lo que hay es un trabajo censal, que se basa sobre ciertas declaraciones y supuestas declaraciones, que son las que se reflejan en números”, afirma, agregando que en este caso específico lo que se está discutiendo es el mérito del censo, “pero no se discute que nadie haya faltado a la verdad, y contraviniendo la fe pública”.
Además, señala que para que se pueda configurar este delito debe haber dolo -o intención de cometer un ilícito-, cosa que a su juicio tampoco se daría. “Entonces, un ingeniero (Labbé) entiende que hay una ausencia de información, de la cuantía que tiene, lo que le permite decir si el censo está bien hecho o no. Él lo considera así desde la ingeniería, pero él jamás va a saber que era un hecho ilícito”, señala.
Por otro lado, Mario Fernández, abogado quien además fue ministro del Tribunal Constitucional, afirma que el censo sí es un instrumento público, aunque el punto se encontraría en otra arista: cuál era el carácter del documento sobre el que se habrían cambiado los datos.
“El asunto es la calidad del documento en el cual se quiso meter más números, si tiene un carácter provisorio, si es una apreciación, un borrador, o si es considerado oficial; ése es el tema”, comenta. Y luego Fernández da varios ejemplos en los que ese documento base se podría considerar oficial, con carácter público o auténtico: debe haber una constancia de fe, un timbre o firma, “que acreditaran que ésos eran los resultados del censo de Chile. Si por ejemplo el documento estaba firmado por el director del censo, con un timbre o firma, sí es oficial, incluso aunque fuera considerado interno”.
Finaliza señalando que, además, los censos tienen carácter oficial sin duda alguna “porque sobre la base de ellos se toman una serie de decisiones jurídicas, válidas, como por ejemplo los presupuestos a las municipalidades, hasta incluso ajustar las cifras para las candidaturas políticas”.
En qué va la investigación
Según señaló el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, en entrevista a Diario Financiero durante la semana pasada, "todos los antecedentes que hemos recabado hasta el momento muestran claramente que hubo una manipulación de las cifras, analizando lo que existía realmente y lo que efectivamente se publicó, se observa de forma evidente el incumplimiento de los parámetros y recomendaciones internacionales que deben seguirse en cada censo".
Además, según trascendió, los datos que han sido levantados acreditarían también la existencia de dolo en las actuaciones de Francisco Labbé, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como el ex jefe del proyecto Censo 2012, Eduardo Carrasco, quienes se encuentran en calidad de imputados por la fiscalía.
Tras haberse conocido las conclusiones y recomendaciones del panel de expertos convocados por el INE para revisar las cifras del Censo 2012, la fiscalía espera que todos sus integrantes presten declaración lo antes posible.
El informe presentado por el panel señala que la tasa de omisión de la población, es decir, la gente que no fue encuestada, asciende a un 9,3% "porcentaje que es tres veces lo obtenido en censos recientes en otros países de la región". Agregaron que dicha cifra es un promedio nacional, pero en algunas comunas puede llegar incluso al 20%. El análisis también señala que la difusión de resultados del censo, en agosto de 2012, no cumplió con los estándares de transparencia que requiere la función pública y que hubo muy escaso tiempo de preparación después del último cambio de metodología desde un censo de hecho a un censo de derecho.
Porque si una de las tesis de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad es que la manipulación de datos, que ya ha sido comprobada según ha señalado el mismo fiscal José Morales -quien lidera la investigación-, daría origen al delito de falsificación de instrumento público, la duda que surge es evidente: ¿es el documento del censo un instrumento público? Para darle respuesta a esta interrogante, de la que prácticamente depende la formalización de Francisco Labbé, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y de Eduardo Carrasco, quien era jefe del Censo 2012 en esa entidad, es que la Fiscalía Centro Norte -de la que depende la Unidad de Delitos de Alta Complejidad-, encargará en los próximos días un informe en derecho que servirá como base para los siguientes pasos que sigan en este proceso.
Qué dice la ley
Respecto a la definición de documento público o auténtico, éste se refiere a aquellos que son extendidos con las formalidades legales del competente funcionario.
Según el Código Penal, en su artículo 193, “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad” en distintas situaciones, que se enumeran en ocho, e incluyen el suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, alterando las fechas verdaderas, entre otras. Sin embargo, en el número 6 se incluye “haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su sentido”. Ahí está el punto que fundamentaría la eventual configuración del delito.
Opiniones divididas
Éste es un debate en el que según afirman varios abogados consultados, va a haber tantas opiniones como juristas existan.
Según comentó la abogada constitucionalista y ex senadora de la República, Olga Feliú, si bien el documento del censo puede revestir el carácter de instrumento público, no cree que se configure el delito que establece la ley.
La razón para ello está en que, a su juicio, para que se configure el delito de falsificación de documento público o auténtico, que se encuentran dentro de los delitos contra la fe pública, se establecen una serie de supuestos que no se dan en esta situación, principalmente porque los censos tienen, o están fundados, en antecedentes probabilísticos.
“Si el censo dijera que han comparecido determinadas personas, ahí sería una declaración falsa. Aquí lo que hay es un trabajo censal, que se basa sobre ciertas declaraciones y supuestas declaraciones, que son las que se reflejan en números”, afirma, agregando que en este caso específico lo que se está discutiendo es el mérito del censo, “pero no se discute que nadie haya faltado a la verdad, y contraviniendo la fe pública”.
Además, señala que para que se pueda configurar este delito debe haber dolo -o intención de cometer un ilícito-, cosa que a su juicio tampoco se daría. “Entonces, un ingeniero (Labbé) entiende que hay una ausencia de información, de la cuantía que tiene, lo que le permite decir si el censo está bien hecho o no. Él lo considera así desde la ingeniería, pero él jamás va a saber que era un hecho ilícito”, señala.
Por otro lado, Mario Fernández, abogado quien además fue ministro del Tribunal Constitucional, afirma que el censo sí es un instrumento público, aunque el punto se encontraría en otra arista: cuál era el carácter del documento sobre el que se habrían cambiado los datos.
“El asunto es la calidad del documento en el cual se quiso meter más números, si tiene un carácter provisorio, si es una apreciación, un borrador, o si es considerado oficial; ése es el tema”, comenta. Y luego Fernández da varios ejemplos en los que ese documento base se podría considerar oficial, con carácter público o auténtico: debe haber una constancia de fe, un timbre o firma, “que acreditaran que ésos eran los resultados del censo de Chile. Si por ejemplo el documento estaba firmado por el director del censo, con un timbre o firma, sí es oficial, incluso aunque fuera considerado interno”.
Finaliza señalando que, además, los censos tienen carácter oficial sin duda alguna “porque sobre la base de ellos se toman una serie de decisiones jurídicas, válidas, como por ejemplo los presupuestos a las municipalidades, hasta incluso ajustar las cifras para las candidaturas políticas”.
En qué va la investigación
Según señaló el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, en entrevista a Diario Financiero durante la semana pasada, "todos los antecedentes que hemos recabado hasta el momento muestran claramente que hubo una manipulación de las cifras, analizando lo que existía realmente y lo que efectivamente se publicó, se observa de forma evidente el incumplimiento de los parámetros y recomendaciones internacionales que deben seguirse en cada censo".
Además, según trascendió, los datos que han sido levantados acreditarían también la existencia de dolo en las actuaciones de Francisco Labbé, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), como el ex jefe del proyecto Censo 2012, Eduardo Carrasco, quienes se encuentran en calidad de imputados por la fiscalía.
Tras haberse conocido las conclusiones y recomendaciones del panel de expertos convocados por el INE para revisar las cifras del Censo 2012, la fiscalía espera que todos sus integrantes presten declaración lo antes posible.
El informe presentado por el panel señala que la tasa de omisión de la población, es decir, la gente que no fue encuestada, asciende a un 9,3% "porcentaje que es tres veces lo obtenido en censos recientes en otros países de la región". Agregaron que dicha cifra es un promedio nacional, pero en algunas comunas puede llegar incluso al 20%. El análisis también señala que la difusión de resultados del censo, en agosto de 2012, no cumplió con los estándares de transparencia que requiere la función pública y que hubo muy escaso tiempo de preparación después del último cambio de metodología desde un censo de hecho a un censo de derecho.
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