La noticia de que la CMPC había incurrido en prácticas anticompetitivas en el extranjero fue recibida en junio del año pasado como un vendaval en la papelera. Uno que se transformaría en temporal al darse cuenta, dicen que en 2015, de que el caso también había alcanzado a la empresa en Chile. Fueron los comienzos de una tormenta que derivó en la suspensión de CMPC de la Sofofa, en cuestionamientos a la permanencia de Eliodoro Matte en la presidencia del CEP y que, en unos meses, podría tener a la cabeza de la papelera declarando ante el Ministerio Público.
Por: Lourdes Gómez, @mluligb en Twitter y Jorge Poblete, @jpobletecapital en Twitter.
Ilustración: Ignacio Schiefelbein
Ilustración: Ignacio Schiefelbein
La alarma se encendió el 14 de junio del año pasado. El gerente general corporativo de CMPC, Hernán Rodríguez, recibió un llamado de un ejecutivo de uno de los países en que opera la papelera –se estima que es Perú–, alertando que la compañía, específicamente el área de tissue, estaría incurriendo en acciones contrarias a la libre competencia.
Rodríguez, aseguran fuentes ligadas a CMPC, consideró la información difícil de aceptar, pero decidió viajar a ese país para cerciorarse. Tras una semana y media en terreno, volvió con la convicción de que la alerta tenía, en principio, sustento. El siguiente paso de Rodríguez, añaden estas fuentes, fue llamar por teléfono a Jorge Morel –entonces gerente general corporativo de Tissue–, quien se encontraba en Brasil para disfrutar de una de sus pasiones: los partidos del Mundial de Fútbol.
La conversación, aseguran, fue dura. Hacia el final Morel habría dicho que efectivamente estaba al tanto de estas prácticas, pero que éstas no se realizaban en otros mercados y menos en Chile.
Esta versión, afirman en el entorno de la CMPC, fue transmitida por Rodríguez al presidente de la compañía, Eliodoro Matte, y a algunos directores que se encontraban en el país. Inmediatamente, fijaron una sesión de directorio extraordinaria.
Dos semanas después la mesa se reunió. Y en ese encuentro, recalcan cercanos a CMPC, se tomaron cuatro determinaciones: ordenar una investigación interna, colaborar con la investigación sobre prácticas anticompetitivas abierta en el país de la región donde se detectaron estos indicios y, lo más importante, despejar toda duda de que la colusión no habría tocado a Chile, como lo había asegurado Morel.
La cuarta decisión, sostienen estas fuentes, fue que, en vista de la gravedad de lo ocurrido, Morel debía dejar la empresa. Así fue como, a poco de volver del mundial, el ejecutivo se retiró de la compañía. Su salida, no obstante, fue anunciada como una renuncia por el directorio en su acta del 2 de julio del año pasado, en la que incluso se destaca el valor de su trabajo de 26 años y se reconoce su rol en la internacionalización de la empresa.
Habían transcurrido 18 días desde la alerta inicial y, fuentes ligadas a la empresa, aseguran que en CMPC desconocían el vendaval que se aproximaba. Meses después, afirman, descubrirían que la versión de Morel no era cierta. Y no sólo eso, también que la empresa sí fue parte de un cartel con su principal competencia, SCA, el que operó durante una década en Chile, como dio a conocer la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el 28 de octubre pasado.
Más aún, caerían en cuenta de que el escándalo generado a raíz del caso se transformaría en temporal y que derivaría en pérdidas de valor en el mercado por 720 millones de dólares –según un informe de Santander Global Corporate Banking–; una decisión inédita de la Sofofa de suspender a la CMPC de sus filas y cuestionamientos a la permanencia en la presidencia del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Eliodoro Matte, quien dijo a El Mercurio sentirse “engañado” y traicionado por sus ejecutivos de confianza.
En resumen, una tormenta para una de las compañías más emblemáticas del mercado nacional y para una de las familias más ricas de Chile. Un torbellino que está lejos de amainar, en sus distintos frentes: los suecos de SCA ya adelantaron que plantearán ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que fueron presionados para coludirse por una empresa de mucho mayor tamaño en Chile como es CMPC; y, en el plano internacional, a las pesquisas en Chile se sumaron también indagaciones similares en Uruguay y Argentina.
Tras la salida de Morel, el directorio de CMPC decidió crear un pequeño equipo integrado por Hernán Rodríguez, el secretario general Gonzalo García, y el gerente legal de la compañía, Rafael Cox, para analizar el alcance de las prácticas de colusión fuera del país.
Como si fuera poco, en la arista penal, el Ministerio Público inició una investigación que busca perseguir responsabilidades individuales y no se descarta que dentro de las diligencias contempladas por la fiscalía, se solicite a Eliodoro Matte ir a declarar una vez que esté más avanzada la indagación, según fuentes ligadas a este caso.
La SVS, en tanto, solicitó las actas de directorio de la compañía, las que llegaron a sus manos esta semana y con las cuales pretende analizar los cumplimientos y diligencias de los directores en este caso.
El petit comité
Tras la salida de Morel, el directorio de CMPC decidió crear un pequeño equipo integrado por Rodríguez, el secretario general Gonzalo García, y el gerente legal de la compañía, Rafael Cox, encargado de analizar el alcance de las prácticas de colusión en las que CMPC habría incurrido fuera del país.
Su primera tarea, sostienen cercanos a la firma, fue citar a seis ejecutivos clave de CMPC Tissue. Uno a uno fueron entrevistados para esclarecer qué antecedentes tendrían de posibles casos de colusión. La existencia de una eventual arista chilena fue uno de los puntos consultados. La respuesta, afirman estas fuentes, fue una y otra vez que desconocían de conductas anticompetitivas en Chile.
Las coincidentes respuestas de sus pares, todos ejecutivos de primera línea, dieron cierta tranquilidad al equipo liderado por Rodríguez. Las conclusiones de sus pesquisas fueron expuestas al directorio, que pidió entregar estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Rodríguez solicitó entonces una reunión con el fiscal Felipe Irrarrázabal, para advertirle de una posible práctica de colusión fuera de Chile y de la salida de Morel.
Sin embargo, el 4 de agosto, a días de concretarse esta cita, se abrió un tercer flanco que empezaría a complicar la situación de CMPC. El superintendente delegado para la protección de la competencia en Colombia, Germán Bacca Medina, interpuso dos requerimientos por colusión contra todos los actores de pañales que operaban en ese mercado, incluido Drypers Andina, propiedad de CMPC. El 5 de agosto, la información llegó a las noticias. Para el día siguiente estaba programado, en Santiago, el encuentro con el fiscal Irarrázabal.
Fuentes vinculadas a la Papelera sostienen que un análisis de la acusación en Colombia tranquilizó nuevamente a los ejecutivos, ya que vieron que los hechos, donde presumiblemente estaría involucrada la compañía, corresponderían a reuniones realizadas en 2005, dos años antes de que ellos compraran dichas operaciones al grupo mexicano PI Mabe S.A., en diciembre de 2007.
Con este nuevo antecedente, Mario Ybar, quien había asumido el cargo de subfiscal de la FNE el 1 de agosto de 2014, recibió a Hernán Rodríguez y Rafael Cox en las antiguas dependencias del organismo, en calle Agustinas. En la cita, ambos ejecutivos informaron a la autoridad sobre los antecedentes recabados, incluido el caso de Colombia. Hasta ese momento, las operaciones en el país cafetero significaban sólo un 6% de participación de mercado y reportaban pérdidas por unos 170 millones de dólares.
Fuentes vinculadas a CMPC aseguran que, pese a que hasta ese momento la nueva denuncia en Colombia no parecía representar un mayor riesgo, se decidió contratar la asesoría del estudio Prietocarrizosa, que un mes después anunciarían su fusión con el estudio chileno Philippi.
En la FNE plantean que, si bien la reunión del 6 de agosto no está consignada en la agenda pública de la entidad, ésta cuenta con un registro de audiencias que no se publica cuando la empresa así lo solicita.
El caso no comenzaba oficialmente todavía. Sólo cuatro meses después de esta reunión, el 4 de diciembre de 2014, la FNE iniciaría de oficio la investigación por prácticas anticompetitivas en este mercado.
Los meses previos
El verano de 2015 trajo algunas sorpresas para CMPC. Lo que sería un viaje rutinario de Rafael Cox en el mes de febrero a Colombia para conocer los avances de la investigación en ese país, daría nuevas pistas sobre lo que pasaba en Chile. Según fuentes de la compañía, al acceder a algunas declaraciones de ejecutivos de la competencia en Colombia, surgieron versiones contradictorias con las dadas por los seis ejecutivos chilenos, meses atrás.
Cox regresó a Chile y alertó a Rodríguez sobre este nuevo antecedente. Fuentes de la empresa afirman que entonces resolvieron contratar la asesoría de Claro y Cia., para hacer una segunda ronda de entrevistas a los ejecutivos. Según aseguran al interior de la papelera, días después, Rodríguez y Cox se enteraron de que la Fiscalía Nacional Económica ya había citado a declarar al ex gerente Jorge Morel.
El abogado Cristóbal Eyzaguirre citó a principios de marzo en sus oficinas de Apoquindo a uno de los ejecutivos entrevistados con anterioridad. Pero esta vez el resultado fue diferente: luego de cerca de tres horas, éste reconoció que las operaciones en Chile estaban implicadas. De acuerdo a estas fuentes, en esta confesión el ejecutivo también afirmó que había más involucrados y que se trataba de prácticas que no se seguían realizando.
La bomba había estallado al interior de la empresa.
En marzo pasado, el abogado Cristóbal Eyzaguirre citó en sus oficinas de Apoquindo a uno de los ejecutivos entrevistados con anterioridad. Pero esta vez el resultado fue diferente: luego de cerca de tres horas, éste reconoció que las operaciones en Chile estaban implicadas.
De inmediato, Eliodoro Matte fue informado de los nuevos antecedentes, se contactó a los directores de CMPC y se fijó otra sesión extraordinaria del directorio, para el 27 de marzo. En esta reunión, afirman cercanos al caso, Eyzaguirre contó en primera persona sobre la confesión de este ejecutivo y sus dichos acerca de que habría más implicados. Según afirman, el directorio ordenó inmediatamente a Cox y Eyzaguirre acudir a la FNE a autodenunciarse, y enviar un hecho reservado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde, a diferencia de lo consignado en el acta del directorio de julio, se afirmó que, a raíz del caso, se “solicitó de inmediato y se aceptó la renuncia” de Morel.
Fuentes vinculadas al caso afirman que, tras salir de la sala donde se realizaba el directorio, Eyzaguirre y Cox fueron a otra oficina de CMPC y allí mismo realizaron la denuncia electrónica que la FNE tiene disponible en su página web y que incentiva el uso de la delación compensada como mecanismo para combatir carteles y que fue finalmente la figura por la cual la compañía, en principio, no recibiría una sanción administrativa.
La denuncia gatilló una cita con el fiscal Irarrázabal. A ésta acuden Rodríguez, Cox y Eyzaguirre. Ahí, los ejecutivos, junto al abogado, dieron cuenta al fiscal sobre el nuevo escenario y, sostienen cercanos al caso, le aseguraron que estaban dispuestos a entregar toda la ayuda necesaria. La autoridad les dio entonces un plazo de tres meses para que la compañía entregara todos los antecedentes que pudieran recabar.
Tras la cita, Eyzaguirre fijó nuevos interrogatorios con los ejecutivos involucrados para ahondar en su responsabilidad en los hechos y darles dos alternativas: o se sumaban a la delación compensada que había realizado a la compañía, lo que requería colaborar activamente con la investigación, o enfrentaban en forma individual las acusaciones que surgieran. La propuesta, aseguran, se hizo también a Jorge Morel, quien se acogió al beneficio junto a los demás ejecutivos, afirman en la empresa.
Así fue como en la propia compañía fueron reconstruyendo una historia que, en octubre de este año, la FNE daría a conocer a través de su requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Un documento en el que se incluyen los encuentros en 2000 entre Jorge Morel y Gabriel Ruiz-Tagle, entonces dueño de Pisa, en un restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo; las citas de ejecutivos en el cuartel de bomberos de Apoquindo, las cuentas de Hotmail con los alias “Mario Soto” y “Macnelly Morales” utilizadas por CMPC, y el correo ppmm12@gmail.com de SCA, que luego fueron reemplazados por los mensajes por mano que bautizaron “parte de matrimonio”. Esto, además del episodio de diciembre de 2011, de acuerdo a la FNE el último año de la colusión, en que ejecutivos lanzaron computadores al canal San Carlos, presumiblemente, para deshacerse de evidencia.
En esta reconstrucción interna de CMPC contribuyó la contratación de Kroll, empresa especializada en la recuperación de registros informáticos. Al interior de CMPC afirman que la información era entregada inmediatamente a la FNE, la que citó a ejecutivos y les tomó declaración.
A la salida de Jorge Morel siguió entonces la de otros ejecutivos. La del gerente comercial de la firma, Felipe Álamos Swinburn, y de los ex gerentes del negocio en Chile, Alejandro Nash Sarquis y Eduardo Serrano Spoerer. A éstos se sumaron el gerente general de la operación en Colombia, Juan Peñafiel, y el gerente comercial de la misma unidad. El daño, de todos modos, estaba hecho.
El flanco abierto del Ministerio Público
Todavía no era el mediodía del lunes 2 de noviembre cuando el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, recibió un llamado de su superior. El fiscal metropolitano sur y ex candidato a fiscal nacional, Raúl Guzmán, le encargaba abrir una indagación penal por el caso Colusión, a raíz de la denuncia por alteración fraudulenta de precios presentada por los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas, DC y PPD, respectivamente.
La elección de fiscal, cuentan fuentes del Ministerio Público, no fue arbitraria. El abogado de 41 años –que instruyó en su última fase el caso por el incendio en 2010 en la cárcel de San Miguel y que antes de ingresar al Ministerio Público fue fiscal militar– no sólo cuenta con el respaldo de Guzmán en una fiscalía caracterizada por instruir causas sensibles ligadas al narcotráfico. Antes de llegar a Santiago se desempeñó como fiscal en Viña del Mar, en tiempos en que la Fiscalía Regional de Valparaíso era encabezada por Jorge Abbott, hoy elegido como sucesor de Sabas Chahuán a la cabeza de la Fiscalía Nacional.
Galdames es considerado un fiscal de perfil bajo y diligente. Tras recibir la causa, se movió rápido. Según cuentan cercanos a la investigación, esa misma tarde llamó al fiscal nacional económico para contarle que había asumido la causa y, durante la conversación con Felipe Irarrázabal, le anunció que ya había enviado oficios solicitando, con suma urgencia, el envío de la información obtenida a raíz de la incautación del 25 de septiembre a dependencias de SCA. Una segunda solicitud, menos perentoria, pedía también los discos con el total de la información recopilada por la FNE en sus diligencias. Paralelamente, el fiscal envió oficios solicitando estos antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Un viaje de Rafael Cox a Colombia en febrero de 2015 para conocer los avances de la investigación en ese país, dio las primeras pistas de lo que ocurría en Chile. Declaraciones de ejecutivos de la competencia en Colombia sugerían versiones contradictorias con las dadas por los chilenos.
La conversación con Irarrázabal, añaden cercanos al caso, fue cordial. No obstante, la respuesta de la FNE y del TDLC, no fue positiva. Argumentando la confidencialidad de las pesquisas, sólo remitieron a Galdames el requerimiento y la versión pública de la carpeta, que contiene –con amplias zonas tachadas en negro– la incautación a SCA, el Proyecto Favorita –que da cuenta del plan para hacer una bandera gigante de Pisa que se exhibiría en los partidos de Colo-Colo–, listas de precios y sus alzas en supermercados, además de emails.
Entre éstos está un correo con el asunto “Minuta Proyectos canal tradicional”, enviado por el ex gerente general de Pisa, Felipe Barahona, a otros ejecutivos de la empresa, y cuyo cuerpo aparece casi completamente en negro. Entre los destinatarios del mensaje está el ex gerente comercial, Eduardo Hola, y el ex gerente de operaciones, Eduardo Morel. Este último es sobrino de Cecilia Morel y no contestó a los mensajes enviados por este medio.
No obstante, la serie completa de correos entre CMPC y SCA no está entre los documentos enviados al Ministerio Público. Ausencias que, según fuentes ligadas a la investigación penal, podrían dificultar su investigación en este caso.
Galdames ya planteó el problema a la Fiscalía Regional que cuenta con las facultades para escalar el tema a la Corte de Apelaciones.
Galdames ya planteó el problema a la Fiscalía Regional que cuenta con las facultades para escalar el tema a la Corte de Apelaciones.
Una vez obtenidos estos antecedentes, plantean personas vinculadas a la investigación, uno de los siguientes pasos de la fiscalía sería comenzar a tomar declaración a los ejecutivos nombrados en el caso, entre estos el ex gerente Jorge Morel. En una etapa posterior, afirman, el fiscal Galdames tiene previsto llamar a declarar tanto a Gabriel Ruiz-Tagle como a Eliodoro Matte. Las diligencias, de concretarse, se realizarían en las oficinas de la fiscalía de Puente Alto y, acorde con el perfil bajo de Galdames, no estaría en los planes de la fiscalía informar cuándo esto ocurrirá. •••
