Las autorizaciones oficiales necesarias para comprar divisas, el
surgimiento del mercado negro y las triquiñuelas que usan los argentinos
para evadir controles.
Por Marco Fajardo
Un colero puede preguntarle a un arbolito por una cueva para comprar blue: la frase es parte del entramado lingüístico en torno al control de capitales en la Argentina, tras la campaña iniciada por la presidenta Cristina Fernández para evitar la fuga de capitales en Argentina.
En vista del nulo acceso al mercado de capitales tras el default de 2001, el gobierno está obsesionado con mantener el superávit comercial y las reservas del Banco Central.
Hasta ahora, Fernández parece haber tenido éxito. Logró que el “capital flight” cayera de US$ 3.500 millones mensuales en octubre a un tercio en los últimos meses, según el analista Hernán Lacunza de Empiria Consultores. Sin embargo, al igual que Jorge Todesca, de Finsoport, estima que lo debe hacer es atacar el problema de fondo, la inflación, un récord latinoamericano de 25% anual, según cálculos privados.
Los controles de capitales, tal como la inflación, son una tradición histórica en la Argentina. Daniel Marx, ex secretario de Finanzas (1999-2001), recuerda que los hubo ya en los ‘70 y los ‘80, pero destaca sus efectos actuales.
“Para algunos sectores de la economía implican una devaluación de facto”, señala. Además se “tienden a enfriar la economía, porque se hacen más difíciles las transacciones”.
El oficialismo resta importancia a la conmoción por las últimas medidas de control. “Nosotros gobernamos para 40 millones de argentinos. Seremos 20 mil, 30 mil, 100 mil, un millón que se preocupan por el dólar, pero hay 39 millones que no”, lanzó esta semana el diputado oficialista Carlos Kunkel.
Fuentes oficiales destacan que en 2011 sólo un 12% de los argentinos compró dólares y que un 11% de las operaciones fue para el “atesoramiento de divisas”. Lo preocupante es el 89% restante, destinado entre otros a la compra de insumos importados que son clave para sectores como los textiles, los laboratorios y la industria automovilística.
Sangre, sudor y...
Por eso, hoy no es fácil ser empresario en Argentina: la norma obliga a las empresas a exportar un dólar por cada dólar que importan (lo que lleva a casos como que una importadora de autos deba exportar vinos) y trabas al envío de ganancias al exterior.
Los turistas tampoco lo tienen fácil: desde el lunes deben pedir autorización a la agencia tributaria local (AFIP) para comprar divisas, dando a conocer su destino y duración del viaje, entre otros. El permiso supuestamente es de acuerdo a los ingresos mensuales del solicitante.
El problema, según Todesca, es su arbitrariedad. El periodista Marcelo Zlotogwiazda contaba hace poco el caso de un argentino que un mes recibía permiso para comprar US$ 100.000, al mes siguiente sólo la mitad y al tercero, una cifra intermedia. La falta de claridad explica que ayer un jubilado interpusiera un recurso de amparo en Mar del Plata porque la AFIP no le permitió comprar... ¡US$ 10! Desde abril los turistas tampoco pueden sacar dinero en un cajero en el extranjero, a menos que tengan una cuenta en dólares en el país. “El gobierno descubrió que muchos cruzaban la frontera a Uruguay para sacar plata allá y comprar dólares. Eran montos mínimos pero se acumulaban”, explica un periodista argentino.
Las inmobiliarias también se quejan: históricamente, la compraventa de inmuebles ha sido en moneda de EEUU. El mercado hipotecario mueve US$ 44,5 millones mensuales. Actualmente también los compradores deben pedir autorización a la AFIP para comprar los dólares necesarios para pagar una casa.
Muchos temen el deterioro de un sector fundamental para el empleo por la cantidad de mano de obra que absorbe.
En la cueva...
Todo esto lleva a que actualmente comprar dólares en la Argentina sea toda una aventura.
Ya existe un dólar paralelo o “blue” (esta semana el oficial cotizaba en 4,49 pesos y el paralelo en 5,92). Según algunos, se llama así porque muchas veces entregan dólares falsos, que tiene un matiz azul. Para otros, debe su nombre al término “blue chip” de la bolsa de Nueva York, lugar clave para una operación común (y legal) para adquirir dólares: “el contado con liqui”. Consiste en comprar en Buenos Aires en pesos acciones o bonos gubernamentales denominados en dólares, enviarlos al exterior y venderlos allá.
Pero eso es para mayoristas: los particulares lo tienen más difícil en el “mercado paralelo”, aunque según el diputado Kunkel no representa más del 1,5% del total. Hace poco podían contratar a un “colero” para comprar dólares por ellos, pero ahora eso tampoco es posible. Por eso ahora toca ir a un “cueva”, una casa de cambios clandestina, a la cual usualmente llegan por el “boca a boca”. Puede estar en la parte de atrás de una casa de divisas oficial o en un departamento particular. Sin garantía de autenticidad de los dólares, claro.
El mercado paralelo además tiene otros riesgos. “Si va ganando volumen, se puede convertir en la señal que miran los hacedores de precios” y terminar estimulando una inflación aún mayor, asegura Lacunza.
“El gobierno quiere que la gente cambie el bocho (mentalidad) y empiece de pensar en pesos”, señala el ejecutivo de un banco local. El problema es que la presidenta y sus ministros no son un buen ejemplo. En datos que presentaron ante la Oficina Anticorrupción en julio, la presidenta declaró tener US$ 3 millones, el vicepresidente Amado Boudou US$ 145.600 y el canciller Héctor Timerman US$ 331 mil. “Es mi derecho, hago lo que quiero con mi plata”, señaló el senador oficialista Aníbal Fernández al ser consultado por sus ahorros en moneda norteamericana, tras haber calificado de “horrible” el atesoramiento de dólares.
Lacunza advierte que las medidas tienen efectos “decrecientes” porque cada una rinde menos, los costos aumentan e impacta la actividad y confianza. “Eso conlleva un comportamiento adictivo, cada vez ponen más restricciones porque hay que atender los daños colaterales de la medida anterior, y entonces aumenta la agresividad y frecuencia de las medidas. La pesificación compulsiva estimula la dolarización voluntaria”, critica.
Y no se ven cambios por el momento. “El gobierno está convencido de lo que está haciendo y hace una evaluación favorable de los controles”, explica Lacunza, por lo cual probablemente seguirán.
Un colero puede preguntarle a un arbolito por una cueva para comprar blue: la frase es parte del entramado lingüístico en torno al control de capitales en la Argentina, tras la campaña iniciada por la presidenta Cristina Fernández para evitar la fuga de capitales en Argentina.
En vista del nulo acceso al mercado de capitales tras el default de 2001, el gobierno está obsesionado con mantener el superávit comercial y las reservas del Banco Central.
Hasta ahora, Fernández parece haber tenido éxito. Logró que el “capital flight” cayera de US$ 3.500 millones mensuales en octubre a un tercio en los últimos meses, según el analista Hernán Lacunza de Empiria Consultores. Sin embargo, al igual que Jorge Todesca, de Finsoport, estima que lo debe hacer es atacar el problema de fondo, la inflación, un récord latinoamericano de 25% anual, según cálculos privados.
Los controles de capitales, tal como la inflación, son una tradición histórica en la Argentina. Daniel Marx, ex secretario de Finanzas (1999-2001), recuerda que los hubo ya en los ‘70 y los ‘80, pero destaca sus efectos actuales.
“Para algunos sectores de la economía implican una devaluación de facto”, señala. Además se “tienden a enfriar la economía, porque se hacen más difíciles las transacciones”.
El oficialismo resta importancia a la conmoción por las últimas medidas de control. “Nosotros gobernamos para 40 millones de argentinos. Seremos 20 mil, 30 mil, 100 mil, un millón que se preocupan por el dólar, pero hay 39 millones que no”, lanzó esta semana el diputado oficialista Carlos Kunkel.
Fuentes oficiales destacan que en 2011 sólo un 12% de los argentinos compró dólares y que un 11% de las operaciones fue para el “atesoramiento de divisas”. Lo preocupante es el 89% restante, destinado entre otros a la compra de insumos importados que son clave para sectores como los textiles, los laboratorios y la industria automovilística.
Sangre, sudor y...
Por eso, hoy no es fácil ser empresario en Argentina: la norma obliga a las empresas a exportar un dólar por cada dólar que importan (lo que lleva a casos como que una importadora de autos deba exportar vinos) y trabas al envío de ganancias al exterior.
Los turistas tampoco lo tienen fácil: desde el lunes deben pedir autorización a la agencia tributaria local (AFIP) para comprar divisas, dando a conocer su destino y duración del viaje, entre otros. El permiso supuestamente es de acuerdo a los ingresos mensuales del solicitante.
El problema, según Todesca, es su arbitrariedad. El periodista Marcelo Zlotogwiazda contaba hace poco el caso de un argentino que un mes recibía permiso para comprar US$ 100.000, al mes siguiente sólo la mitad y al tercero, una cifra intermedia. La falta de claridad explica que ayer un jubilado interpusiera un recurso de amparo en Mar del Plata porque la AFIP no le permitió comprar... ¡US$ 10! Desde abril los turistas tampoco pueden sacar dinero en un cajero en el extranjero, a menos que tengan una cuenta en dólares en el país. “El gobierno descubrió que muchos cruzaban la frontera a Uruguay para sacar plata allá y comprar dólares. Eran montos mínimos pero se acumulaban”, explica un periodista argentino.
Las inmobiliarias también se quejan: históricamente, la compraventa de inmuebles ha sido en moneda de EEUU. El mercado hipotecario mueve US$ 44,5 millones mensuales. Actualmente también los compradores deben pedir autorización a la AFIP para comprar los dólares necesarios para pagar una casa.
Muchos temen el deterioro de un sector fundamental para el empleo por la cantidad de mano de obra que absorbe.
En la cueva...
Todo esto lleva a que actualmente comprar dólares en la Argentina sea toda una aventura.
Ya existe un dólar paralelo o “blue” (esta semana el oficial cotizaba en 4,49 pesos y el paralelo en 5,92). Según algunos, se llama así porque muchas veces entregan dólares falsos, que tiene un matiz azul. Para otros, debe su nombre al término “blue chip” de la bolsa de Nueva York, lugar clave para una operación común (y legal) para adquirir dólares: “el contado con liqui”. Consiste en comprar en Buenos Aires en pesos acciones o bonos gubernamentales denominados en dólares, enviarlos al exterior y venderlos allá.
Pero eso es para mayoristas: los particulares lo tienen más difícil en el “mercado paralelo”, aunque según el diputado Kunkel no representa más del 1,5% del total. Hace poco podían contratar a un “colero” para comprar dólares por ellos, pero ahora eso tampoco es posible. Por eso ahora toca ir a un “cueva”, una casa de cambios clandestina, a la cual usualmente llegan por el “boca a boca”. Puede estar en la parte de atrás de una casa de divisas oficial o en un departamento particular. Sin garantía de autenticidad de los dólares, claro.
El mercado paralelo además tiene otros riesgos. “Si va ganando volumen, se puede convertir en la señal que miran los hacedores de precios” y terminar estimulando una inflación aún mayor, asegura Lacunza.
“El gobierno quiere que la gente cambie el bocho (mentalidad) y empiece de pensar en pesos”, señala el ejecutivo de un banco local. El problema es que la presidenta y sus ministros no son un buen ejemplo. En datos que presentaron ante la Oficina Anticorrupción en julio, la presidenta declaró tener US$ 3 millones, el vicepresidente Amado Boudou US$ 145.600 y el canciller Héctor Timerman US$ 331 mil. “Es mi derecho, hago lo que quiero con mi plata”, señaló el senador oficialista Aníbal Fernández al ser consultado por sus ahorros en moneda norteamericana, tras haber calificado de “horrible” el atesoramiento de dólares.
Lacunza advierte que las medidas tienen efectos “decrecientes” porque cada una rinde menos, los costos aumentan e impacta la actividad y confianza. “Eso conlleva un comportamiento adictivo, cada vez ponen más restricciones porque hay que atender los daños colaterales de la medida anterior, y entonces aumenta la agresividad y frecuencia de las medidas. La pesificación compulsiva estimula la dolarización voluntaria”, critica.
Y no se ven cambios por el momento. “El gobierno está convencido de lo que está haciendo y hace una evaluación favorable de los controles”, explica Lacunza, por lo cual probablemente seguirán.
