Asumiendo una autocrítica, pero responsabilizando al gobierno por lo sucedido en la discusión del reajuste salarial el año pasado, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) delineó ayer lo que serán sus metas este año.
Este fue el punto de partida que tomó el gremio del sector público para apostar por un cambio de estrategia en su relación con el Ejecutivo, advirtiendo que “negociarán movilizados”, considerando que con la actual administración se ha producido -junto con una desaceleración económica- una “desaceleración en las reformas laborales comprometidas”.
“Vamos a comprometernos este año a estar más juntos con el movimiento social para propiciar las reformas. Hemos acordado un cambio en nuestra estrategia de relaciones con el gobierno en el sentido de que vamos a negociar, pero con nuestros afiliados movilizados, en alerta. El gobierno debe saber que no va a encontrarse con una ANEF como la del año pasado”, explicó el presidente del gremio, Raúl de la Puente.
Este giro responde en parte importante a la discusión del reajuste que, a juicio del dirigente, fue un “golpe que le propinó a los funcionarios públicos” en cuanto a que el resultado no se tradujo un aumento real de salario. Y fue más lejos: “Vemos que la llegada de los ministros Burgos y Valdés ha significado un duro enfrentamiento con nuestras organizaciones”.
Reconociendo una postura “firme, fuerte y vigilante”, el dirigente calificó 2015 como un año “pobre de cosechas”, ya que sólo se pudo avanzar en cuanto al incentivo al retiro, aunque valoró el protocolo de acuerdo firmado con el gobierno que contempla 19 puntos para enfrentar temas estructurales.
En ese sentido, sostuvo que “algo importante ha sido el anuncio de la Presidenta durante el 2015 que no habrán más personas a honorarios que desempeñen funciones regulares dentro de la organización. Es un avance y vamos a velar que esta promesa se cumpla”.
Además, señaló que los desafíos 2016 contemplan profundizar en los derechos laborales, apuntando a la negociación colectiva para el sector público y el derecho a la huelga y también a los fueros. También, indicó que durante el 2015 “el gobierno incurrió en una gran cantidad de prácticas antisindicales”.
Sobre la iniciativa del diputado Osvaldo Andrade de impulsar una reforma para que el sector público pueda negociar colectivamente, De la Puente mostró “preocupación”, porque el ex titular del Trabajo “pretende otra cosa que no es ampliar derechos”. Asimismo, cuestionó que el proyecto se presentara en medio del término de la negociación del Registro Civil.
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