Por CLAUDIO LOSER
Parece que una nota semanal ahora es insuficiente dada la rápida evolución que rodea el default de la Argentina. Los anuncios de Buenos Aires aparecen a velocidad de Twitter, mientras que una solución viable sigue moviéndose a ritmo glacial desde mediados de julio.
En los últimos días, las comunicaciones desde Argentina se han vuelto cada vez más conflictivas.El Gobierno se considera defensor de la soberanía nacional. Esta semana, una empresa extranjera que se declaró en quiebra debido a las condiciones económicas internas, fue identificada a través del prisma ideológico del gobierno como practicante de “terrorismo económico”. Eventualmente, se descubrió vergonzosamente que los propietarios “terroristas económicos” también tenían acciones en la nacionalizada petrolera YPF.
Mientras tanto, los empresarios han sido amenazados con una adquisición de viejo estilo estalinista para todos los sectores económicos que desobedezcan las órdenes del gobierno sobre precios e inventarios–incluso en medio de un caos económico autogenerado. Pero al final, estas acciones de mano dura del gobierno solo están uniendo a sus opositores.
Esto me lleva al desafío al sistema legal de Estados Unidos y que ha generado un coro de crítica. Como deben saber, el gobierno ha propuesto legislación para permitir un nuevo intercambio de bonos para que la deuda se repague bajo jurisdicción de Argentina y así esquivar la medida cautelar de la corte de Estados Unidos. Los analistas ven esto por lo que realmente es: una clara violación de obligaciones contractuales de Argentina bajo la ley estadounidense, y que fueron voluntariamente firmadas por todas las recientes administraciones argentinas.
El gobierno se olvida convenientemente de que su nueva “oferta” será inaceptable para la mayoría de los tenedores de bonos. Para un 70% o más de los inversores institucionales, limitaciones estatutarias hacen imposible considerar este nuevo esquema, lo que hace que la legislación propuesta sea efectivamente inoperante. Casi todos los demás seguramente no correrán a la Argentina en un entorno donde el “estado de derecho” ha perdido significado práctico.
Finalmente, la convocatoria para una maniobra que esquive la medida cautelar del juez Griesa inevitablemente traerá consigo una moción para declarar Argentina en desacato al tribunal. Las sanciones financieras resultantes pueden ser relativamente pequeñas, pero el impacto de reputación será grande. Estar en desacato a los tribunales estadounidenses también crea una grieta entre el gobierno de Estados Unidos y la Presidente Kirchner y, peor, en un mayor deterioro económico.
www.infolatam.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario