Las claves
- El anuncio del GUPC estuvo precedido de otro de la ACP, que señalaba que tres de las cuatro empresas del consorcio, incluida Sacyr, ya había firmado el acuerdo y solo se requería la rúbrica de la constructora panameña CUSA y de la aseguradora Zurich, garante del proyecto, para que entrara en vigor.
- La ACP ha sido enfática al señalar que el convenio no eleva el costo del contrato firmado en 2009 por 3.118 millones de dólares, ni tampoco admite una negociación de los "sobrecostos" por más de 1.600 millones de dólares reclamados por el consorcio y que desataron el conflicto.
El acuerdo firmado por el Canal de Panamá y el consorcio liderado por la empresa española Sacyr abre la vía para liberar los fondos que permitan reflotar el principal proyecto de la ampliación de la vía acuática y culminarlo en 2015.
Tras más de dos meses de complicadas negociaciones y de una paralización total de las obras que se extendió 16 días, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció que firmó junto a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un acuerdo que permite inyectar hasta 600 millones de dólares a la construcción del tercer juego de esclusas.
El anuncio del GUPC estuvo precedido de otro de la ACP, que señalaba que tres de las cuatro empresas del consorcio, incluida Sacyr, ya había firmado el acuerdo y solo se requería la rúbrica de la constructora panameña CUSA y de la aseguradora Zurich, garante del proyecto, para que entrara en vigor.
El convenio prevé, entre otros, un “nuevo financiamiento de 400 millones de dólares por parte de GUPC, en el que está involucrada la aseguradora Zurich, que también firmó el acuerdo”, indicó la misiva difundida este viernes por el consorcio que integran Sacyr (48 %) la italiana Impregilo (48 %), la belga Jan de Nul (3 %) y CUSA (1 %).
También establece el compromiso de la ACP y del GUPC de desembolsar 100 millones de dólares cada una, en el caso de la Autoridad del Canal un nuevo adelanto “garantizado”, para un total de 600 millones de dólares.
La ACP ha sido enfática al señalar que el convenio no eleva el costo del contrato firmado en 2009 por 3.118 millones de dólares, ni tampoco admite una negociación de los “sobrecostos” por más de 1.600 millones de dólares reclamados por el consorcio y que desataron el conflicto.
“Las reclamaciones por los costos adicionales seguirán su procedimiento en los organismos de arbitraje previstos en el contrato”, indicó este viernes el GUPC al dar detalles del convenio.
La ACP no acepta el monto de los costos extra por considerarlos “desproporcionados y no sustentados”, y ha exigido que los organismos de arbitraje internacional previstos en el contrato decidan sobre el asunto.
El acuerdo finalmente suscrito fue acordado de palabra el pasado 27 de febrero, y un día después el administrador de la ACP, Jorge Quijano, dijo que su firma permitiría activar “de inmediato” los mecanismos para inyectar los fondos que requiere la reactivación plena de obras.
El consorcio suspendió totalmente las obras el pasado 5 de febrero y las reanudó 16 días después aunque a un ritmo muy lento, lo que Quijano ha reconocido se debe a que las empresas que no cuenta con el dinero para pagar a los subcontratistas.
El convenio con la ACP “ahora plasmado por escrito, respalda la vía de la cofinanciación que el consorcio ha destacado desde el inicio de las negociaciones como la mejor vía para asegurar el flujo de caja hasta la finalización del proyecto”, indicó este viernes el GUPC.
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