El último capítulo que envuelve al sector privado de cuestionamientos, el caso cascadas, caló en la red de empresarios cristianos. Reconocen que el escenario para la actividad empresarial se ha puesto más difícil, pero afirman que es una oportunidad de mejorar las prácticas del sector.
por Pamela Jimeno, Soledad Pérez
Promover una nueva mirada a la actividad empresarial que reconozca el valor de todos los actores que participan de ella; comunicar mejor la labor de los privados y su contribución al bienestar social, pero también convocarlos a impulsar mejores prácticas en sus negocios y sancionar a sus pares que las transgreden. Esos son los tres grandes desafíos que se trazó la Unión Social de Empresarios Cristianos (Usec) en respuesta a los últimos episodios que han puesto en entredicho al sector privado.
Así lo plantean en conversación con La Tercera el presidente de la entidad, José Antonio Garcés; el past president, Ricardo de Tezanos Pinto, y el segundo vicepresidente, Andrés Echeverría.
¿Hoy es más difícil ser empresario en Chile que hace 20 años?
Andrés Echeverría (AE): Es evidente que todo lo que pudo haber sido legal y éticamente lícito hace 10 o 15 años ya no lo es. La barrera de exigencias sube constantemente. Hace 10, 15 o 20 años era lícito crear empleos, pagar impuestos y maximizar utilidades. Hoy eso ni siquiera da para nota 4,0. Por eso queremos ser propositivos, tratar de empujar una discusión en torno a que los empresarios se hagan más responsables respecto de quién está al otro lado y por qué se hace lo que hace. Es necesario para avanzar en mejores prácticas.
¿Por qué esta nueva mirada?
Ricardo de Tezanos Pinto (RT): La ciudadanía está empoderada y les exige a los empresarios, a los políticos, al gobierno, a sus dirigentes y a la Iglesia Católica. Pero en el caso de las empresas hay un factor adicional: los países más desarrollados generan necesariamente comunidades más exigentes. Y cuando se producen excesos, las regulaciones son puestas a prueba. Como Usec nos interesa reconocer que esas contrapartes deben ser tratadas con la dignidad propia del ser humano y que la respuesta del empresario debe ir en esa dirección. Y eso no significa simplemente asumir que algo cambió. Se trata de reconocer que la contribución que hemos hecho al país nos hace ser más exigentes.
¿Cuál es la urgencia de discutir y afrontar esos nuevos estándares?
Mucha. Tenemos una serie de casos que demuestran que, por distintos caminos, la forma tradicional de hacer empresa ya no es suficiente, que hay otras consideraciones que tienen que ver con la autorregulación, con la relación con los actores externos con los que interactúa una empresa y con un rol en la sociedad que siempre está a prueba.
¿Cuál es la visión de la Usec?
José Antonio Garcés (JG): Como Usec ponemos en el eje la Doctrina Social de la Iglesia, cuyo mensaje es totalmente universal y donde es muy importante la libertad de emprender, pero también la dignidad del ser humano y el bien común. Pero ¿qué pasa cuando vamos al mercado, que es donde se mueve el empresariado? Vemos que ciertas regulaciones dependen del Estado y de las políticas públicas. También tenemos la obligación de autorregularnos para cumplir con el objetivo de ubicar al hombre y al bien común en el centro del mercado. Queremos que el mercado beneficie a las personas. Cuando éste busca beneficiar sólo al empresario es un problema.
¿En qué áreas hay que perfeccionar la autorregulación?
La obligación es autorregularnos en todas las áreas en las que no hay normas o no están claras. Nuestra línea es que debe haber conciencia en el mercado sobre la relevancia de esto.
¿Por qué no la hay?
Tal vez las regulaciones que existen pueden tener su origen en fallas de autorregulación, puede que sean reactivas.
El tema es bien complejo. La gran mayoría de las empresas hace una contribución relevante al país, a las comunidades, aporta a sus trabajadores. La gran mayoría tiene sistemas de autorregulación, pero no se habla de ellos, porque no generan problemas. Por el contrario, se discute sobre los que enfrentan una situación delicada: se habla del caso La Polar, de las cascadas, de los casos donde hay problemas, justamente donde la autorregulación no funciona. Pero es importante enfatizar que en la gran mayoría de las empresas existen y operan mecanismos que sí han ayudado a evitar problemas.
¿Pero qué pasa en las empresas en que los controles internos fallan?
Ahí debe actuar el regulador, aunque los empresarios tienen un rol importante que cumplir. Las penas por fallas contra el sistema deben ser duras y a veces lo que nos falta es sacar la voz y decirlo abiertamente. Sin entrar en casos, porque pensamos que un elemento central de la dignidad es tener derecho a un debido proceso, pensamos que una de las formas de corregir las fallas es establecer regulaciones y también penas fuertes para que haya un incentivo no sólo a cumplir la ley, sino también a autorregularse.
¿Y qué proponen en específico?
Las mejores regulaciones son las que toman en cuenta el punto de vista de los partícipes. No es posible dejar el tema sólo en manos de los legisladores o de la autoridad. Es necesario que en materia de regulación participen las asociaciones gremiales, los actores del mercado y los privados, para apoyar la generación de buenas normas externas y de mecanismos de autorregulación.
Pero eso requiere conocer cómo funcionan los mercados y las relaciones con los otros actores, como proveedores, clientes, consumidores, trabajadores y la comunidad. Es clave que nuestros pares entiendan que más que darle la espalda al problema, hay que colaborar en la construcción de las regulaciones y la autorregulación.
¿El Estado y el Parlamento no pueden hacerlo solos?
La lógica no es discrepar. No es que estemos diciendo que lo que no puede hacer el sector privado lo deben hacer el Ejecutivo, el Parlamento o el regulador. Queremos un debate respecto de cómo el sector privado, proactivamente, puede colaborar para establecer reglas en que por supuesto que esos eventuales castigos y penas tienen que venir de un tercero.
¿Y ven a los privados dispuestos?
Adicionalmente, e incluso sin que el Estado interfiera, puede ser necesario transitar a que haya una efectiva sanción entre pares ante la falta. No vemos una dicotomía entre una mayor regulación de la autoridad y un sector privado que proactivamente promueva mejores prácticas. Al contrario, creemos que eso es más asertivo que un Poder Legislativo o el Ejecutivo buscando en solitario nuevas regulaciones, ya que normalmente va más rezagado.
EL DISCURSO PRIVADO
¿Es viable que el sector privado reconozca sus errores y fallas para avanzar hacia mejores modelos de autorregulación?
En las empresas las regulaciones que se establecen tienen penas y eso hace que sean efectivas. Pero para que la autorregulación funcione tiene que existir una sanción. No sacamos nada con tener límites, normas y manuales si cuando esas normas se transgreden, quienes cometen la falta son apenas sujetos de un llamado de atención y no de una sanción efectiva.
En ese sentido, los modelos ingleses y americano son bastante más efectivos, porque sus modelos se estructuran sobre la base de responsabilidades, deberes y también sanciones y penas definidas. Por ejemplo, en Inglaterra es conocido el caso de una compañía de auditores que trató de ir en contra de un sistema de autorregulación y se dio cuenta de que ningún cliente quería hacer negocios con ella.
Pero el empresario chileno puede ser menos abierto a eso...
En la medida en que no seamos capaces de acordar cómo se establecen las penas y sanciones, tendrá que operar la regulación estatal. Por eso hay que sacar la voz y decir con franqueza que la autorregulación debe tener sanciones. Si no, no es efectiva.
La autorregulación no sólo depende de buenos mecanismos, sino también y, principalmente, de que haya buenas personas al interior de las empresas, correctamente orientadas, porque es muy difícil tener modelos únicos que funcionan. Y pongo un ejemplo claro: tras el caso La Polar se dijo que todas las empresas tenían que tener un controlador claro para evitar problemas. Pero tenemos casos sobrantes en que con un controlador claro hay abusos, por decirlo de una manera suave, y tenemos otros en que no hay un controlador y las cosas funcionan.
No estamos tratando de tapar una cosa con la otra. Necesitamos una buena autorregulación y trabajar en modelos con sanciones claras. Reconocemos que hay problemas, pero también queremos mostrar que hay buenas prácticas, de las que se habla poco o nada.
¿Hay una falencia en cómo comunica su labor el empresariado?
No sé si es una falencia, pero sí creo que cuando este sector o cualquier otro es atacado, es malo esconderse.
Está claro que hay que hacer más, hay que comunicar más.
¿El recelo de la ciudadanía ha sido una traba para comunicar mejor?
Aquí la gente no se atreve a decir que es empresario, porque existe una mirada negativa. Es un tema básicamente cultural. Pero también hay que romper con esa idea de que en Chile hay cinco o seis empresarios. Debemos romper con los moldes.
Se requiere una mirada más micro de la empresa y no sólo quedarse con esa visión macro que muchas veces no da cuenta de la realidad. A nivel micro, la valoración que hace la gente, los trabajadores de la empresa en la que trabajan, es mucho más positiva de lo que se piensa. Las personas que ejercen las malas prácticas son las menos.
¿Las críticas también surgen porque esas prácticas se riñen con las ganancias que perciben?
Hay gran cantidad de empresarios en Chile con una gran cantidad de fortuna, pero ese dinero está reinvertido en producción y en nuevas actividades económicas. La actividad empresarial es lícita y es buena; las ganancias tienen que ser obtenidas y utilizadas de buena manera.
¿Se hace más difícil comunicar ese objetivo cuando estallan casos como el de las farmacias o las cascadas?
Lo que uno observa es que se ha ido contra la dignidad. En el caso farmacias, contra los clientes; en el caso La Polar, contra los clientes y los accionistas minoritarios; en casos de polución, contra las comunidades. En nuestras decisiones deberíamos considerar que quienes interactúan con nosotros son personas y que esas personas merecen un respeto.
Son casos particulares, no es la forma de trabajar de los empresarios. Si un empresario quiere que su compañía permanezca en el tiempo, debe preocuparse de hacer las cosas bien. Si lo hace mal, se destruye la empresa. Los empresarios arriesgan el capital para el largo plazo. Es distinto de lo que hace el tío Rico, que junta plata en una bóveda y se tira piqueros en ella. El empresario chileno es muy local, no se lleva la plata para la casa, más bien la invierte. Tiene mucho compromiso.
Estos casos le ponen al empresario correcto la pista más difícil, pero son una oportunidad. Aunque la parte optimista es que es una forma dolorosa de pasar a estados superiores. Y esa es la esperanza que tenemos.
En este mismo cuadro de libertad hay una sanción del empresariado. No es un buena noticia, pero les permite a los empresarios mostrar sus buenas prácticas.
En toda crisis surge una oportunidad...
Es como lo que pasó en el terremoto, que permitió conocer al vecino, porque se cayó la pandereta. Fue una oportunidad. Acá pasa lo mismo: todas estas cosas han generado reflexiones. Debemos extraer lecciones y entender que estos casos se superan y que se puede seguir trabajando hacia adelante. El empresario tiene esa particularidad. Se levanta todos los días a arriesgar su capital, genera expectativas, tiene accionistas...
¿Cómo evalúan, en ese contexto, la decisión del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de revisar el mercado e impulsar mejoras?
Tenemos la esperanza de que algo bueno va a pasar. Es una de las tantas instancias que tendrá que operar para mejorar las cosas. Pero es una buena señal y estamos optimistas, porque se trata de dolores necesarios para entrar a un estado superior.
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