Un avance en una de las causas derivadas del caso Inverlink se registró este 30 de septiembre, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia contra la distribuidora eléctrica Chilquinta en la que obliga a esta empresa a restituir a Corfo la cantidad de $1.000 millones.
Este monto corresponde a parte de los fondos que fueron sustraídos a Corfo por el holding Inverlink y que este grupo empresarial –liderado por Eduardo Monasterio- utilizó para cubrir sus obligaciones con distintos inversionistas, entre los que se encontraba Chilquinta.
Cabe recordar que en febrero de 2003 se descubrió que la secretaria del entonces Presidente del Banco Central filtraba información privilegiada desde el instituto emisor a Enzo Bertinelli, alto ejecutivo de Inverlink. La corredora de bolsa de este grupo empresarial, utilizaba los datos obtenidos para realizar transacciones en el mercado que generaban altos dividendos a los inversionistas que confiaban en sus gestiones, pero que al conocer el escándalo exigieron la devolución de los montos invertidos.
Entonces, Inverlink sustrajo desde Corfo depósitos a plazo y pagarés que liquidó en el mercado para “hacer caja” y cubrir los montos requeridos por sus inversionistas, lo que generó una serie de acciones legales que desde el año 2010 a la fecha la Fiscalía de Corfo ha conseguido acelerar.
“Esta causa es una de las 26 demandas interpuestas por Corfo bajo la figura de ‘provecho del dolo ajeno’, en las que exigimos restituir los fondos que fueron sustraídos al Estado”, explica Marco Riveros, Fiscal de Corfo.
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