El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá el próximo miércoles, 11 de julio, al Congreso de los Diputados y detallará las próximas medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo para reducir el déficit y cumplir con el mandato de Bruselas.
Rajoy comparecerá en un Pleno extraordinario convocado inicialmente para informar sobre el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio en Bruselas, aunque aprovechará la ocasión para anunciar un nuevo paquete de ajuste.
La comparecencia se celebrará dos días después del Eurogrupo que tendrá lugar en Bruselas, en el que se podría conceder un año más a España para reducir el déficit público desde el 8,9% registrado al cierre de 2011, a falta de incorporar los últimos datos de los ayuntamientos, al 3%.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo acudirá a la Cámara Baja un día después del Ecofín, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, en la que se discutirán las recomendaciones que se han realizado a España y las nuevas iniciativas del Gobierno de Rajoy.
De ambas reuniones saldrán conclusiones clave para la política económica del Gobierno de los próximos años,
ya que España podría contar con un año más para reducir su déficit a
cambio de acatar una serie de medidas que Bruselas considera
imprescindibles.
Entre las recomendaciones, que algunos cargos europeos llaman ya "obligaciones", se encuentra la reclamada subida de IVA que el Gobierno parece dispuesto a aplicar a través de un cambio en las bases imponibles del impuesto.
Actualmente, el IVA tiene tres tipos impositivos: el
4% que grava los bienes de primera necesidad, el 8% que grava gran
parte de los alimentos, la hostelería, el agua o los productos
sanitarios, entre otras cosas, y el tipo general del 18% que se aplica
por defecto cuando no se pueden aplicar las tasas reducidas.
La
idea del Gobierno es pasar algunos productos que actualmente se gravan a
la tasa superreducida a la reducida e incluso algunos que actualmente
tributan al 8% al 18%, aunque no se ha concretado el cambio.
Hay otra serie de recomendaciones fiscales que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar y
que podría incluir en el nuevo ajuste, como la implantación del
'céntimo verde' sobre los hidrocarburos o la eliminación de la
desgravación por la compra de vivienda habitual, recuperada por este
mismo Gobierno hace apenas seis meses.
Los empleados públicos, en el punto de mira
El paquete de ajustes también podría incluir desde una rebaja salarial de los funcionarios, como han recomendado tanto Bruselas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), vía supresión de la paga extra de Navidad u otros complementos, hasta la reducción de empleados públicos.
Fuentes de los representante de estos trabajadores temen ese recorte de complementos más que una rebaja de la base salarial y
creen que la supresión de puestos podría ceñirse a los interinos
laborales, especialmente de ámbito universitario, puesto que la reforma
laboral ya deja la puerta abierta al futuro despido en goteo de
empleados laborales.
Hasta ahora, el Gobierno no ha descartado una bajada de sueldos en lo público
e incluso la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en
el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, consideró que esta
medida debería ir acompañada de la eliminación de puestos de trabajo en
la Administración.
¿Prestaciones por desempleo más cortas?
Los
desempleados también podrían ser objeto de los nuevos recortes. Las
opciones que se barajan son una reducción de la duración de la
prestación por desempleo, aunque desde el PP se ha apostado más por
ligar obligatoriamente esta prestación con la formación, como se ha
pedido desde la patronal, y por que se pierda en caso de rechazar un
empleo.
Se trataría reforzar las condiciones de acceso a la prestación,
ya que la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social no contempla
hasta ahora la pérdida de la prestación hasta que el desempleado
rechaza tres ofertas de empleo adecuadas a su perfil, para incentivar
una búsqueda de empleo más intensa desde el primer día y evitar que
muchos beneficiarios los vean como sueldo diferido.
Otra vez los pensionistas
Los
pensionistas podrían ser otra vez parte uno de los colectivos
afectados, en tanto que entre las recomendaciones de Bruselas se incluía el acelerar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años.
No obstante, desde el Ministerio de Empleo se sostiene que Bruselas ha
accedido a que el Gobierno desarrolle otras alternativas en el ámbito de
la jubilación parcial.
Otras posibilidades serían ir más allá de la reforma de las pensiones,
que extendió el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, y
ampliarlo a toda la vida laboral; o congelar las pensiones, aunque el
Gobierno ha cumplido hasta el momento su promesa de mantener el poder
adquisitivo a los pensionistas al revalorizarlas un 1% en 2012.
30.000 millones de privatizaciones
Por
otro lado, el Gobierno podría sumar un plan de privatizaciones a las
medidas para ingresar hasta 30.000 millones que no irían destinados a
reducir el déficit, pero sí a amortizar parte de la deuda.
Este
plan, que previsiblemente se aprobará antes de agosto, afectará a varios
ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en
numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos.
El plan afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores,
e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las
comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid.
Asimismo,
contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).
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