Las dificultades que enfrentan grandes proyectos de inversión en Latinoamérica

Varios megayacimientos y centrales hidroeléctricas tienen oposición social en la región. En Perú, el gobierno media para frenar las protestas contra mineras, mientras en Brasil las centrales en el Amazonas siguen en juicio.

COMUNIDADES indígenas, grupos ecologistas e incluso poderes del Estado con distintas visiones. Ese es el panorama general que hoy deben enfrentar algunos grandes proyectos de inversión en Latinoamérica.

Si en Chile el tema ha adquirido relevancia debido a la dificultad para construir proyectos energéticos, una preocupación similar se cierne sobre iniciativas hidro y termoeléctricas en la región, y sobre algunos proyectos mineros que en Perú, Ecuador y Argentina, han debido hacer frente a diversos cuestionamientos.

El director ejecutivo de la Fundación Futuro Latinoamericano -que promueve el diálogo en episodios de conflicto social-, Diego Luna Quevedo, sostiene que los enfrentamientos entre comunidades y empresas tienen un diagnóstico común en la región: “Hay una ausencia de ordenamiento territorial, los mecanismos regulatorios necesitan actualizaciones, sobre todo en materias de compensaciones y mitigaciones. Las empresas siguen haciendo proyectos como hace 10 años. No se dan cuenta de que la sociedad ha cambiado”.

A eso se suma el hecho de que en la región andino-amazónica, las comunidades originarias dependen fuertemente de los recursos naturales para su subsistencia. Eso explica su resistencia a la instalación de proyectos productivos.

El director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre (Cesco), Juan Carlos Guajardo, dice que “hoy es difícil no encontrar grandes proyectos mineros sin problemas” dentro de Latinoamérica. No es irrelevante, considerando que en la región existen iniciativas por unos US$ 300 mil millones hacia 2020, según cifras expuestas en la Semana Cesco, en abril pasado.

El caso peruano

En particular en Perú, las dificultades se presentan porque hay muchas comunidades rurales pendientes de qué sucederá con sus recursos hídricos, a lo que se suma la falta de institucionalidad en zonas alejadas de la capital que permitan canalizar las demandas.

Según la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad del gobierno peruano, a mayo había 245 conflictos: 173 activos y 72 latentes. La mayor parte de ellos están relacionados con actividades mineras o energéticas. El presidente del comité aurífero de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, José Miguel Morales, cuenta que desde octubre pasado, cuando Humala decidió apoyar la inversión privada, sobre todo en minería, “se han levantado movimientos sociales promovidos por agitadores, que a veces usan la excusa del medioambiente para frenar proyectos”.

El líder gremial cree que debido a las judicializaciones y paralizaciones por protestas sociales, los proyectos mineros en Perú demoran hoy seis meses más de lo previsto en su puesta en marcha. “Lo mismo se está viendo en iniciativas energéticas, sobre todo hidroeléctricas, porque se requieren permisos de las comunidades”, asegura.

Entre los casos más bullados por estos días están los de las minas Conga, de la norteamericana Newmont, en Cajamarca, y Tintaya, de Xstrata, en Espinar. El primero, que significará un desembolso de US$ 4.800 millones, está paralizado desde noviembre pasado y hace apenas una semana el Presidente Ollanta Humala reafirmó que se realizará, pese a las protestas de grupos locales, que temen por las fuentes acuíferas de la zona.

El argumento que ha dado el gobierno es que, de no ejecutarse la obra, el país se expone al incumplimiento del Estado de derecho. “Hacer esto causaría un enorme daño a todos los peruanos”, ha dicho Humala. A la par, la autoridad exigió a la empresa cumplir con un plan más estricto de mitigación ambiental. Pese a ello, las protestas no se han detenido y, debido a los hechos que se han producido, la zona sigue en estado de excepción.

Mineras con dificultades
En otros países de la región, como Ecuador y Colombia, con minería más emergente, “los gobiernos están comprometidos con el desarrollo de proyectos y hay una gran voluntad política para llevarlos adelante”, afirma Guajardo.

En la vereda opuesta están los casos de Bolivia y Argentina, que son países con menor estabilidad política y reglas cambiantes, añade. Un ejemplo de eso es el anuncio hecho por el Presidente Evo Morales, hace un mes, sobre la nacionalización del yacimiento de zinc Colquiri, de la suiza Glencore, luego de enfrentamientos de sindicatos por mejoras salariales.

En el caso de Argentina, la oposición a la minería en las comunidades tiene diferentes estados. El  municipio de Abra Pampa, en Jujuy, dictó una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto, mientras que en San Juan se promueve el desarrollo del sector. Según datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, hacia 2015 se proyectan US$ 20.716 millones de inversión, encabezados por un proyecto de potasio, Río Colorado, de la brasilera Vale, por US$ 5.900 millones.

Ahora los ojos están puestos sobre la decisión que tomó la Corte Suprema de ese país, que revocó lo dispuesto por una Corte de San Juan, que suspendía la aplicación de la nueva ley de glaciares dictada en 2010, por considerarla inconstitucional. La nueva normativa obligaba a crear un registro nacional de estos glaciares, fijándolos como “bien nacional”, y establecía medidas de preservación como fuentes de agua a futuro.

El fallo de primera instancia en San Juan, donde se ubica el proyecto binacional Pascua Lama, de Barrick Gold -que comenzaría a operar en 2013-, había permitido que el proyecto se siguiera realizando. El  vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick en Sudamérica, Roth Jiménez, dijo que el proyecto no se realiza en zonas de glaciares y que seguirá ejecutándose de acuerdo a las aprobaciones ambientales vigentes. No obstante, aún falta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley que afecta a los proyectos próximos a la cordillera y preocupa al sector minero transandino.

En el área eléctrica, la oposición a proyectos es “mucho más baja que en Chile”, según Daniel Montamat, consultor y ex ministro de Energía de Argentina. Explica que como en ese país las grandes inversiones no las hacen privados, sino el Estado, “la oposición ambiental está acotada. No es una prioridad. Los problemas económicos desplazan este tipo de demandas”.

De hecho, luego del desastre nuclear en Fukushima por el maremoto en Japón, que generó un debate internacional sobre este tipo de energía, siguió adelante sin dificultades la construcción de la central nuclear Atocha II (700 MW), la tercera de ese tipo en ese país, que se ubica a sólo 115 kilómetros de Buenos Aires y comenzará a operar a mediados de 2013. “La oposición y el gobierno tienen una sola opinión sobre la energía nuclear. Eso permite que avance”, sostiene Montamat.

Al mismo tiempo, apunta que “las cambiantes reglas del juego” en el país llevan a que las empresas no se arriesguen a invertir fuertes montos. Y pone como ejemplos los proyectos Condor Cliff y la Barrancosa, hidroeléctricas que se emplazarían a la altura de HidroAysén, pero al otro lado de la cordillera. “Estas son obras en pañales, que no están para nada avanzadas al nivel de las iniciativas que se han detenido en Chile. Entonces, no hay una oposición masiva”. Ambas represas generarían 1.700 MW y demandarán una inversión cercana a los US$ 5.000 millones, pero aún no se realiza la licitación que permitiría su construcción, a través de consorcios de empresas privadas.

Brasil y las hidroeléctricas

En el caso de Brasil, la oposición a proyectos va de la mano de comunidades indígenas y defensores de la Amazonía, zona donde se proyectan más de 10 megacentrales hidroeléctricas. Montamat señala que “la intervención estatal en las obras estratégicas permite que éstas avancen pese a los reparos ambientales”.

Un ejecutivo de una empresa que desarrolla proyectos eléctricos en Brasil cuenta que en el caso de los proyectos estratégicos como Belo Monte, una hidroeléctrica de 11.233 MW y una inversión por US$ 11 mil millones, el gobierno licita las obras y entrega una licencia ambiental previa, lo cual permite avanzar más rápido con las obras. “El Estado tiene un peso fuerte en la planificación. De hecho, la Presidenta (Dilma) Rousseff era la ministra de Minas y Energía”, agrega.

No obstante, también hay una  judicialización que va retrasando los proyectos, en promedio, tres meses desde que obtienen la licencia ambiental hasta la licencia de construcción, pero difícilmente la justicia revierte decisiones técnicas de los organismos encargados de evaluar los proyectos. Belo Monte, por ejemplo, ha enfrentado manifestaciones de grupos indígenas por el anegamiento de tierras ancestrales, en las que ha participado el director de cine James Cameron (Avatar). Pese a todo, la construcción continúa y se negocian compensaciones con los municipios afectados.

En el caso de proyectos mineros, la oposición también es menor, porque la mayor parte de los proyectos los desarrolla la brasileña Vale.

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