Empresa india Jindal abandona el mayor proyecto minero de Bolivia

La empresa tomó la decisión luego de que el gobierno boliviano rechazara el cese de una investigación de fiscales sobre sus inversiones y la devolución de US$36 millones que le cobró por supuestos incumplimientos a su contrato.  

La empresa india Jindal decidió finalmente abandonar el desarrollo de la mina de hierro El Mutún, en la frontera de Bolivia con Brasil, el mayor proyecto minero del presidente Evo Morales, informó hoy el ministro de Minería, Mario Virreira.

El ministro explicó en rueda de prensa que en las últimas conversaciones la empresa puso "como condición innegociable" para permanecer que cese una investigación de fiscales sobre sus inversiones y la devolución de US$36 millones que le cobró el gobierno por los supuestos incumplimientos a su contrato.

Como estas condiciones fueron rechazadas, los ejecutivos de Jindal "asumieron por voluntad propia la decisión de rescindir el contrato", señaló el ministro.

"Esto pone fin a la participación de Jindal en el país, pero es una gran oportunidad para mejorar cualitativamente la explotación de los yacimientos del Mutún", agregó Virreira, quien anunció la convocatoria de una licitación internacional para volver a adjudicar el proyecto.

Jindal firmó en 2007 un contrato con el gobierno de Morales para explotar la mitad de esa mina situada en la región oriental de Santa Cruz, limítrofe con Brasil y Paraguay, que tiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.

El proyecto ha tenido un retraso de tres años que, según la empresa, se debe a que el gobierno no ha facilitado su trabajo porque tuvo problemas para acceder a las tierras donde opera, no le ha dado seguridad jurídica, ni ha garantizado la provisión de gas natural para montar un complejo siderúrgico.

En cambio, las autoridades culpan a Jindal del retraso y le han acusado de hacer inversiones mínimas, pese a que su compromiso era alcanzar los US$600 millones hasta este año y luego llegar a una cifra de US$2.100 millones.

La firma india también exigió al ejecutivo boliviano garantías de que no será nacionalizada, tras medidas similares o de suspensión de concesiones tomadas este año por el Gobierno de Morales.

El ministro aseguró que el gobierno ha realizado "todo un esfuerzo" para flexibilizar el contrato y dar "condiciones positivas" a la firma, pero no hizo comentarios sobre el pedido para evitar una nacionalización.

Consideró que la imagen de Bolivia no quedará dañada tras la rescisión del contrato con Jindal pues, según dijo, la firma india "demostró que no tiene capacidad económica", aunque la empresa ha insistido en que sus problemas no son financieros.

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