Por Sebastian Acha
La Cámara de Diputados acusó a Fernando Lugo por mal desempeño en sus
funciones, el día jueves 14 de junio pasado en sesión ordinaria de la
misma, adoptada por 76 votos a favor y 1 en contra, estando ausentes 3
Diputados. Las causales centradas en algunos de los puntos más
cuestionados de la gestión del hoy destituido presidente tuvieron como
punto de combustión la emboscada a fuerzas policiales y posterior
balacera que terminó con la vida de siete oficiales del orden y diez
campesinos en una ocupación ilegal de tierras en la ciudad de Curuguaty,
distante a 270 kilómetros de Asunción.
Este evento se había sumado a otros análogos, en los que la
indolencia y la nula reacción del gobierno, ademas de su estrepitoso
fracaso con relación a la cuestión de la reforma agraria, iban agravando
las condiciones de gobernabilidad del mismo Fernando Lugo, quien en una
decisión que resultó decisiva para este proceso, decide nombrar como
Ministro del Interior y encargado de la seguridad interna al cuestionado
ex Fiscal General del Estado, Ruben Candia Amarilla, otrora militante
de grupos de jóvenes stronistas y sospechado miembro del temido GAA
(Grupo de Acción Anticomunista) de la dictadura militar paraguaya. Con
esta decisión terminó de desfigurarse su figura “progresista” (pese a
que sus aliados de izquierda no cuestionaron la decisión quizás forzados
por la precipitación de los acontecimientos) así como sufrió una
estocada final la alianza con el Partido Liberal principal socio de
gobierno que lo llevó a la presidencia en el 2008.
Además de tal decisión, el expresidente resolvió pasar a retiro a los
únicos dos Comisarios Generales y Jefes Policiales con preparación
antiterrorista (Altemburger y Pastore) con lo cual terminó de dar un
mensaje al sistema de partidos acerca de su negativa a encarar de manera
conjunta la espiral de violencia que se disfrazaba detrás de grupos
campesinos y con posibles vinculaciones a la guerrilla del Ejército del
Pueblo Paraguayo (grupo armado autodeclarado marxista algunos de cuyos
líderes son conocidos y fueron colaboradores del hoy destituido obispo –
presidente en la Diocesis de San Pedro).
La decisión de la Cámara de Diputados fue comunicada ese mismo día al
Senado, el cual convocó a una sesión extraordinaria para darle entrada a
la presentación y fijar el día de inicio del Juicio Político. El
procedimiento, cuestionado por los cancilleres del UNASUR que arribaron
al día siguiente para supervisar el proceso, fue aprobado tanto por el
Presidente (quien declaró someterse al juicio político) y por su defensa
que esgrimió sus argumentos ante el pleno de la Cámara Alta en el plazo
otorgádole.
Se debe señalar que la ampliación de los plazos para el ejercicio de
la defensa – pedido expreso de los cancilleres de UNASUR - fue evaluada
por el Congreso, pero el riesgo de que la violencia se apodere de las
multitudes hizo que esta posición fuera desechada. Aquí debemos
destacar que para el viernes al mediodía existían tres amenazas (una
realizada en privado y dos hechas públicas a través de medios de
comunicación) de que cincuenta mil personas rodearían el Congreso y que
la resolución final se tomaría “en las calles y no en el pleno de ambas
cámaras” (Dr. Anibal Carrillo Iramain, Secretario General del partido
de gobierno Tekojoja). La evaluación política unánime fue por evitar
posibles focos de violencia y concluir en el procedimiento establecido
en el reglamento elaborado conforme a la norma constitucional
El Senado decidió declarar culpable al Presidente Lugo y separarlo
del cargo por mal desempeño de sus funciones. Esto se decidió por 39
votos a favor y 4 en contra, de un total de 45 miembros de la Cámara.
El entonces Presidente de la República Fernando Lugo había perdido la
confianza de más del 90% de los legisladores de ambas Cámaras del
Congreso, incluidos los pertenecientes al principal partido político
integrante de la Alianza electoral que lo había llevado al Gobierno; lo
que revela que las acusaciones presentadas en su contra y otras
consideraciones de orden político discutidas antes y durante el Juicio
Político, llevaron a los congresistas a votar por amplia mayoría por la
destitución del Presidente.
No se ha coartado la libertad de prensa, las FFAA no salieron de los
cuarteles, la policía acató inmediatamente la destitución del
presidente, están en plena vigencia las libertad políticas, no se
decretó ningún estado de sitio o excepción, no se ha resquebrajado la
independencia ni separación de poderes. La Corte Suprema de Justicia ha
rechazado la acción de inconstitucionalidad que pretendía dejar sin
efecto la resolución del senado presentada por el ex presidente, y la
Justicia Electoral, tambien parte del Poder Judicial ha reconocido al
nuevo presidente, basado en que el mismo, al ser compañero de formula de
Fernando Lugo, goza de la misma legitimidad otorgada por el voto
popular al separado mandatario.
Los 17 gobernadores del Paraguay reconocen a Franco, el parlamento
reconoce a Franco. Es decir, no existe ninguna institución paraguaya que
cuestione la destitución de Lugo o califique de ilegítimo al presidente
Franco. El propio Lugo aceptó someterse y el resultado del juicio
político. El propio abogado de Lugo reconoce que el presidente legítimo
es Franco.
En Paraguay existen total consenso institucional sobre la legalidad
del nuevo presidente, y sobre la plena vigencia de la democracia. Por
tanto, si las instituciones paraguayas no ven ningún quiebre
institucional, con qué derecho los países vecinos quieren contradecir la
interpretación que nosotros hacemos de nuestra constitución
El final de la historia, o el inicio
El resto de la historia se ha dado con declaraciones y condenas
cargadas de subjetividad y tensión provenientes principalmente de los
gobiernos de Argentina, Venezuela y posteriormente Brasil y Uruguay, en
mayor medida incluso que lo que hasta los mismos partidarios del
destituido mandatario pudieron expresar en los medios públicos y
privados (que nunca dejaron de funcionar con total normalidad) respecto a
la situación vivida en Paraguay.
Las sugerencias sobre un golpe de estado, un quiebre constitucional y
hasta un forzado paralelo con los tristes sucesos ocurridos en Honduras
con el depuesto “Mel” Zelaya ocuparon los espacios informativos de las
agencias oficiales de los gobiernos de la región. Mientras estas
condenas se sucedían, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales
acataron inmediatamente la sustitución del comando de las mismas, se
presentaron en el juramento del Presidente Franco y desde entonces hasta
la fecha no ha existido un solo demorado, detenido, indagado o
procesado seguidor del gobierno depuesto en un proceso en el que el
Paraguay ha retornado a la absoluta normalidad en su vida institucional
pública y privada.
Pero toda causa tiene su efecto. Los mandatarios del Mercosur, en la
reunión de jefes de Estado de la última semana, decidieron “suspender”
en su calidad de miembro al Paraguay – sin haber escuchado al miembro en
cuestión tal como exige el articulo 4 del Protocolo de Ushuaia – “hasta
que la democracia se restituya en los próximos comicios”. La medida
podría ser calificada hasta de justificable si no estuviera acompañada
de otra decisión de antología: ante la suspensión del Paraguay, el
consenso “pleno” entre los miembros exigido para la inclusión de nuevos
miembros por el Tratado de Asunción, quedó allanado ya que el congreso
paraguayo – el mismo que destituyó a Lugo – era el último obstáculo para
el ingreso del Estado caribeño al bloque regional.
Es muy dificil escribir la historia mientras los sucesos aún se están
sucediendo. El Paraguay rechaza todas las decisiones tomadas por el
Mercosur en su ausencia y las medidas adoptadas por los presidentes, en
ausencia del Paraguay, son desconocidas por el gobierno paraguayo. Por
de pronto, podemos decir que la suspensión del Paraguay y el ingreso de
Venezuela en esta desprolija situación no hacen sino generar el
interrogante de cuál es la medida con la que evaluamos la calidad de la
democracia en nuestros países del continente.
La sanción al Paraguay por parte de los miembros del bloque regional,
conlleva una necesaria justificación por parte de los mismos, para con
la comunidad internacional y para con sus propios pueblos, sobre el
alcance de lo que se puede comprender como “plena vigencia del sistema
democrático”. Para las instituciones paraguayas y sus dirigentes y
responsables – hoy funcionando con absoluta normalidad y en un ambiente
de tranquilidad social – es sumamente difícil justificar la pretendida
justicia de la sanción al Paraguay, al tiempo que el mismo bloque ignora
las demandas internacionales e internas sobre las medidas claramente
atentatorias a los derechos políticos básicos que comete el gobierno de
Venezuela, situaciones aparentemente ignoradas o desestimadas para
evaluar la calidad de las prácticas democráticas del sustituto de
Paraguay.
Apremiados por los acuerdos económicos pendientes con Venezuela, el
camino presuroso tomado por los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay
ha desdibujado la institucionalidad del bloque y ha puesto en jaque el
futuro del mismo. Para el resto de los actores internacionales así como
para quienes hemos vivido el proceso desde dentro de la
institucionalidad de la República, este periodo de crisis abre así como
interrogantes, también nuevas posibilidades y un ambiente de esperanza
con el que miramos el futuro del Paraguay desde este hecho, como una
nación consciente de su libertad, su independencia y celo sobre la
soberanía ejercida dentro de los preceptos constitucionales que nos
rigen y con el más absoluto respeto del disenso que nos ayuda seguir
construyendo cada día una democracia cada día más sólida y respetuosa de
sus instituciones republicanas y democráticas.
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