El Servicio de Impuestos Internos, en su querella contra cinco ex ejecutivos de la cuestionada multitienda, acusó que las repactaciones unilaterales de la firma se plasmaron en la documentación que sirve de respaldo de sus declaraciones impositivas, como es el balance tributario por los años 2008, 2009 y 2010 “los que, consecuentemente, contuvieron datos que no reflejaban el verdadero estado de los negocios societarios”.
Desde el año 2008, la cuestionada multitienda La Polar habría adulterado sus estados financieros, según la querella criminal del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los ex ejecutivos del retailer Pablo Alcalde, Nicolás Ramírez, Julián Moreno, María Isabel Farah, Jaime Ripoll y todos los que resulten responsables en la investigación.
Según el SII, a través de Inversiones SCG, La Polar realizó sistemáticamente “repactaciones unilaterales que derivaron en anotaciones carentes de veracidad en los registros contables, y produjeron importantes efectos en la situación económica de la empresa, ocultando la morosidad real de los clientes, así como la condición de renegociados de los mismos”.
El SII remarcó que en La Polar se subestimaban las provisiones y se capitalizaban los intereses y los cargos de cobranza, lo que significaba un aumento adicional del activo general. “En cuanto a los resultados, se elevaban los ingresos provenientes por otorgamiento de intereses y se bajaba el perfil del gasto por provisiones”.
Estos actos irregulares, precisó el SII, “se plasmaron en la documentación que sirve de respaldo de las declaraciones impositivas, como es el balance tributario por los años 2008, 2009 y 2010 los que, consecuentemente, contuvieron datos que no reflejaban el verdadero estado de los negocios societarios”.
De hecho, la querella del SII revela las declaraciones al Ministerio Público de Enrique Zúñiga, contador general interino que trabajó para La Polar. De acuerdo a sus palabras, la política de la empresa de castigar lo mayor a 365 días de mora, era tanto para efectos financieros como tributarios.
“Los clientes eran provisionados en forma creciente según tramo de días, hasta llegar a 180 días con un porcentaje muy cercano al 99%, y luego se mantenía así hasta los 365 días, cuando era el castigo. Con esto prácticamente se llevaba a pérdida a los 180 días”, apuntó Zúñiga.
En cuanto a la distribución de los castigos, un 90% quedaba en la firma evaluadora de riesgo AyE y 10% en SCG, lo que cambió a 70% y 30% posteriormente. Esto pasó “por la caída o castigo de la cartera que AyE le había vendido a SCG. Le entregaba un RUT, un cliente sin cuenta en La Polar, sujeto a crédito. Pero a nivel contable se trataba como un menor castigo en SCG y parte del castigo lo hacía AyE”, afirmó Zúñiga.
Los principales ingresos de AyE eran la recuperación de clientes, esto es, cualquier pago de la persona más lo que se le cobraba a SCG por la evaluación de la gente al momento de abrir la cuenta. “Al final de año o trimestralmente, no lo recuerdo muy bien, se hacía una factura por el ingreso del servicio prestado a SCG. Los gastos de AyE eran los castigos, tanto de SCG como de Corpolar”, señaló Zúñiga.
Según el SII, a través de Inversiones SCG, La Polar realizó sistemáticamente “repactaciones unilaterales que derivaron en anotaciones carentes de veracidad en los registros contables, y produjeron importantes efectos en la situación económica de la empresa, ocultando la morosidad real de los clientes, así como la condición de renegociados de los mismos”.
El SII remarcó que en La Polar se subestimaban las provisiones y se capitalizaban los intereses y los cargos de cobranza, lo que significaba un aumento adicional del activo general. “En cuanto a los resultados, se elevaban los ingresos provenientes por otorgamiento de intereses y se bajaba el perfil del gasto por provisiones”.
Estos actos irregulares, precisó el SII, “se plasmaron en la documentación que sirve de respaldo de las declaraciones impositivas, como es el balance tributario por los años 2008, 2009 y 2010 los que, consecuentemente, contuvieron datos que no reflejaban el verdadero estado de los negocios societarios”.
De hecho, la querella del SII revela las declaraciones al Ministerio Público de Enrique Zúñiga, contador general interino que trabajó para La Polar. De acuerdo a sus palabras, la política de la empresa de castigar lo mayor a 365 días de mora, era tanto para efectos financieros como tributarios.
“Los clientes eran provisionados en forma creciente según tramo de días, hasta llegar a 180 días con un porcentaje muy cercano al 99%, y luego se mantenía así hasta los 365 días, cuando era el castigo. Con esto prácticamente se llevaba a pérdida a los 180 días”, apuntó Zúñiga.
En cuanto a la distribución de los castigos, un 90% quedaba en la firma evaluadora de riesgo AyE y 10% en SCG, lo que cambió a 70% y 30% posteriormente. Esto pasó “por la caída o castigo de la cartera que AyE le había vendido a SCG. Le entregaba un RUT, un cliente sin cuenta en La Polar, sujeto a crédito. Pero a nivel contable se trataba como un menor castigo en SCG y parte del castigo lo hacía AyE”, afirmó Zúñiga.
Los principales ingresos de AyE eran la recuperación de clientes, esto es, cualquier pago de la persona más lo que se le cobraba a SCG por la evaluación de la gente al momento de abrir la cuenta. “Al final de año o trimestralmente, no lo recuerdo muy bien, se hacía una factura por el ingreso del servicio prestado a SCG. Los gastos de AyE eran los castigos, tanto de SCG como de Corpolar”, señaló Zúñiga.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario