Estos primeros cien días del segundo mandato del gobierno de Cristina Fernández fueron el comienzo de la profundización del modelo que se viene implemetando desde mayo de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner. El aplastante triunfo en las elecciones generales de octubre de 2011, y la consiguiente mayoría oficialista en el Poder Legislativo, le dieron al Gobierno la posibilidad concreta de tomar decisiones que surgen del complejo contexto económico mundial y de las cuestiones postergadas en el plano interno.
Como ya empezaba a vislumbrarse en su anterior gestión, el círculo de toma de decisiones se redujo notablemente, dejando en muy pocas personas el acceso a la información, una característica de toda la gestión kirchnerista desde mayo de 2003, que se ha manifestado con mayor intensidad tras la muerte de Kirchner. En estos días, la Presidenta se recluyó en un grupo cada vez más reducido de funcionarios y colaboradores.
Esto se comprobó durante su ausencia por enfermedad, cuando la toma de decisiones se centralizó en su hijo Máximo y el Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini. Asimismo, se nutrió de colaboradores jóvenes, provenientes de la organización juvenil « La Cámpora », liderada por su hijo, a quienes promocionó, en algunos casos, en importantes cargos en el Poder Ejecutivo. De esta manera, la Presidenta busca una renovación de la dirigencia política, a través de la incorporación de cuadros técnicos en todas las esferas del gobierno.
Ese incremento del poder de los jóvenes generó algunos resquemores dentro de los kirchneristas más antiguos, así como motivó algunas críticas por parte de los medios de comunicación. Ante un escenario tan concentrado para la toma de decisiones, y ante la falta de una figura que encarne la continuación del proyecto, reflotó la idea de la re-relección que ya había sido anticipada durante el fin de su primer mandato desde las filas del oficialismo.
Fueron los más altos referentes políticos del kirchnerismo quienes, nuevamente, buscaron instalar en la opinión pública la idea de modificar la Constitución Nacional. En un escenario históricamente hiperpresidencialista como el argentino, la Presidenta se constituye así en una protagonista excluyente de la realidad política argentina.
Por otra parte, Cristina Kirchner ya anticipó el eje económico de su segundo mandato de gobierno. A la nueva etapa que comenzó con su reasunción, el pasado 10 de diciembre, la bautizó como de “sintonía fina”. Con esta idea, la Presidenta centró su discurso en la necesidad de contar con un Estado presente, un mercado interno pujante que cuente con inversión, valor agregado y mayor competitividad en cada uno de los sectores o rubros industriales y económicos.
Para comenzar a dar forma a sus objetivos, dispuso la creación en la órbita del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial, que sería la encargada de aplicar las medidas propuestas en el Plan Estratégico Industrial 2020, presentado en el mes de octubre de 2011. Este plan se enmarca en el notable crecimiento que ha tenido la industria argentina entre 2003 y 2008, mostrando un incremento del 9,3 por ciento promedio anual. Esto se vio interrumpido por la crisis internacional de 2009, para retomar su impulso en 2010 cuando se alcanzó una tasa de crecimiento del 9,8 por ciento.
En otro orden, en sus primeros días del segundo mandato convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para el tratamiento de un paquete de leyes.
Entre ellas, la ley de Tierras, la ley Penal Tributaria, la que regula la producción de papel para diarios, la ley que extiende la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2013, la que regula el trabajo del peón rural, la norma antiterrorista y el Presupuesto para el año próximo. El contar con mayoría absoluta en ambas Cámaras del Poder Legislativo le otorgó al gobierno nacional la posibilidad de lograr una rápida sanción de estas normas, lo que le valió la crítica del todo arco opositor.
En tanto, en el área del comercio exterior, la sintonía fina quedó plasmada en la Resolución 3252/2012 por la que se dispuso la creación de la Declaración Jurada de Anticipación de Importación, que establece un régimen de información anticipada a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo. La Resolución comenzó a regir a partir del 1 de febrero y, con su implementación, el Gobierno busca un mayor control de las mercaderías provenientes del exterior, intentando revertir la tendencia decreciente del saldo positivo de la balanza comercial y buscando mantener el stock de reservas del Banco Central (US$ 46.400 millones). Esta norma fue percibida como una complicación para la actividad de empresas industriales y comerciales, muchas de las cuales ya venían sufriendo presiones para postergar importaciones o pagos externos, y también, como un freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos.
Como refuerzo de su estrategia para evitar la salida de dividendos y la caída del superávit comercial, el Banco Central endureció las exigencias de capitalización de los bancos y virtualmente bloqueó el envío de divisas al exterior para el 2012, elevando del 30 a 75 por ciento el colchón adicional que las entidades financieras deben tener previo al giro de estas ganancias. También se aplicaron medidas contra el blanqueo de dinero.
Por otra parte, el Gobierno tomó una serie de medidas que afectaron al sector de los combustibles. La primera de ellas fue una denuncia, elevada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a las empresas YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil por presunto abuso de posición dominante y cartelización en el mercado de combustibles. Este fue el puntapié inicial de una serie de acciones que empezaron a tomarse en relación a la empresa petrolera Repsol-YPF.
En el sector minero, se dispuso la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) que agrupa a las provincias que cuentan con emprendimientos mineros en su territorio. Según el Acta de conformación de dicho organismo, se busca “reafirmar el desarrollo de la actividad minera en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social”.
En tanto, en el marco de unas estadísticas oficiales muy cuestionadas por la oposición, en estos días el Gobierno dio a conocer la cifra del crecimiento del año 2011, que fue de un 9,2 por ciento y que guarda relación con el número de desempleo (6,7 por ciento) para el último trimestre del año pasado.
Asimismo, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso nacional por el que se reforma la Carta Orgánica del Banco Central. Se amplían las facultades a dicho Banco al darle la posibilidad de “ejecutar la política cambiaria”, fijar el nivel de las reservas y mejorar el mercado de crédito orientándolo a través de las instituciones del sistema financiero, con el fin de promover la inversión productiva de largo plazo.
En febrero, se produjo un accidente en la estación de trenes de la línea Sarmiento, en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, lo que relanzó nuevamente el debate sobre la falta de inversiones y controles del sistema ferroviario, así como en el transporte público en general. Como consecuencia de esta situación, el Secretario de Transporte renunció a su cargo alegando problemas de salud.
La escalada en la pelea contra Mauricio Macri, no parece inocente...
Por otra parte, Cristina Kirchner tuvo un fuerte cruce con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri (opositor de centroderecha), en el contexto de una disputa por el traspaso de los subterráneos (metro) al ámbito porteño. A la decisión del jefe de gobierno de recurrir a la Justicia, la Presidenta le respondió con el envío al Congreso de un proyecto para refrendar por ley el intento de traspaso del llamado Subte. La escalada en la pelea contra Mauricio Macri, no parece inocente. A través de esta disputa, la Presidenta le otorga entidad como único opositor con posibilidades de competir en relación con un proyecto de país, desplazando a otros que pudieran surgir incluso desde el interior de su gobierno.
Tras la tragedia ferroviaria, el Gobierno transcurrió sus días más críticos. Al inaugurar en esas horas el nuevo período legislativo, y ante la expectativa de anuncios sobre diferentes temas, la Presidenta retomó la cuestión de la soberanía en las Islas Malvinas y reflotó –al parecer sin mucha intención- la puja sindical, generando un distanciamiento y duras críticas de sectores afines a su proyecto.
En el plano sindical, se abrió un foco de tensión con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. La renuncia del sindicalista al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y sus abiertas críticas al gobierno nacional, lo han convertido en un ex aliado.
Sus reclamos por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares y la deuda con las obras sociales sindicales, fueron todos temas generadores de malestar en el Ejecutivo y que llevaron a incrementar las diferencias entre ambos. El mes de junio también será clave en esta relación, ya que en esa fecha será la elección del secretario general de la CGT; Asimismo, aquí empieza a tener cada vez mayor presencia la figura del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, quien está anotado en la carrera para suceder a Moyano.
Otra área donde el Ejecutivo puso la lupa fue en la de las negociaciones salariales. El primer conflicto se dio con los docentes que no lograron negociar su salario, retrasando así el inicio del ciclo lectivo en buena parte del país. Esto se debió a una situación de malestar generada por el aumento en las dietas de los legisladores nacionales y por las palabras de la Presidenta acusándolos de no comprender la situación real del país y de desconocer la transformación educativa que estaba llevando adelante el Gobierno desde 2003.
La Argentina, a un mes de cumplirse el 30 aniversario de la guerra de Malvinas y -como ya lo venía sosteniendo en distintos foros internacionales-, reafirmó su reclamo de soberanía nacional en las Islas. Cristina Kirchner instó al Reino Unido a sentarse a negociar, o de lo contrario, la Argentina –anunció la Presidenta− procedería a la revisión de acuerdos bilaterales.
La Presidenta instruyó al ministro de Relaciones Exteriores para que presente formalmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea General, una denuncia por «militarización» del Atlántico Sur. Asimismo, con el objetivo de proteger los recursos naturales, el gobierno decidió iniciar acciones administrativas, civiles y penales contra las empresas petroleras que operan « ilegítimamente » en las islas Malvinas.
En tanto, en un contexto de contracción económica, las medidas tendientes a redireccionar los subsidios hacia otras actividades que tuvieran mayor necesidad de apoyo estatal, podrían significar una disminución de la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner. En este complejo escenario, la Presidenta resiste –sin menciones- los embates contra el Vicepresidente Amado Boudou, quien se sospecha pudiera tener vínculos con una empresa que resultarían incompatibles con la función pública.
Estos cien primeros días del gobierno de Cristina Fernández tienen el mismo tinte de aquellos días de 2008, a poco de asumir. Salvando las distancias con el conflicto que la enfrentó gravemente con el sector agropecuario en pleno, la Presidenta se encuentra ante varios frentes de conflicto, mientras la oposición no puede revertir su mala performance desde 2011. Teniendo en cuenta este escenario, dependerá de la estrategia de la primera mandataria el construir nuevos consensos o continuar apoyándose en el gran respaldo popular obtenido el año pasado, de cara a este segundo mandato de gobierno.
Informe realizado por:
Graciela Otegui. Directora del Área de Asuntos Públicos. Especialista en Asuntos Públicos y Comunicación.
María Cecilia Martiren. Consultora Senior. Licenciada en Relaciones Internacionales con especialización en Administración y Políticas Públicas.
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