El juez del Segundo Juzgado de Garantía, César Orellana, basó su decisión en la gravedad de los delitos que se le imputan al ex presidente y ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde y al ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
por Constanza Pérez-Cueto -
El juez del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, César Orellana, mantuvo hoy la medida de prisión preventiva dictaminada en diciembre pasado en contra del ex presidente y ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
Orellana basó su decisión en la gravedad de los delitos imputados y sostuvo que Alcalde y Moreno son un peligro para la sociedad.
"Hubo una pérdida de confianza en los mercados y una pérdida patrimonial no sólo en el sistema accionario sino que también en las AFP y el público en general que se agravan por el número de delitos imputados y la reiteración de los mismos", señaló el juez.
Los ex ejecutivos están siendo procesados por falta a la Ley general de Bancos, lavado de activos, uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y uso de información falsa para suscribir créditos.
La audiciencia se inició a las 10 de la mañana con los alegatos de la defensa de Pablo Alcalde, representada por Jorge Bofill, quién solicitó reemplazar la actual prisión preventiva por cualquier otra medida cautelar menos intensiva.
"Solicitamos el reemplazo de la prisión preventiva por cualquiera de las medidas cautelares menos intensiva. No venimos a discutir todos los cargos, vamos a limitar nuestras alegaciones", dijo Bofill, insistiendo en que Alcalde no tenía conocimiento de las repactactaciones unilaterales que se ejecutaban en la compañía.
Asimismo apuntó que era necesario levantar la medida preventiva ya que el centro de reclusión Capitán Yabér, en el que se encuentra Alcalde, no cuenta con los espacios para que se pueda ejercer el derecho de defensa, por falta de intimidad, cosa que perjudicaría el secreto profesional necesario en este caso.
Respecto a los cargos de uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado y a la SVS el abogado dijo que no hay antecedentes concretos que acrediten la participación de su defendido en los hechos.
Bofill además presentó un informe pericial en el que se concluye que el ex presidente de La Polar, a través de la sociedad Galicia, no participó en la venta de acciones en los años 2007, 2009 ni 2010.
El abogado terminó su defensa señalando que a pesar de enfrentar más cargos, el ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, solo enfrenta una medida cautelar de prisión domicilaria parcial y arraigo regional.
Posteriormente se realizaron los alegatos de la defensa de Julián Moreno, a cargo del abogado Miguel Chávez, ocasión en la que se solicitó el reemplazo de la prisión preventiva por arrestro domicilario total.
Según estipuló Chávez, las circunstancias desde el juicio anterior han cambiado y para Julián Moreno "no hay necesidad de cautela".
En ese sentido, precisó que Moreno no era el encargado de entregar los estados financieros, por lo que no era el responsable de la entrega de información falsa al mercado.
"Está demostrado que los estados financieros no los elaboraba Julián Moreno, está demostrado que éstos eran elaborados por María Isabel Farah y el departamento de contabilidad", aseguró el jurista.
Además dijo que las repactaciones unilaterales eran conocidas por los gerentes y que eran éstos los que accedían a las reuniones con el directorio, por lo que fueron ellos quienes ocultaron esos hechos.
"Este caso durante los 112 días que han pasado desde la prisión preventiva, ha cambiado. Nadie puede decir que este es un caso de repactaciones unilaterales, este es un caso de cómo se informaban a través de las provisiones, labor que no era ejecutada por Moreno", apuntó.
Luego se realizaron los alegatos del Ministerio Público que solicitó mantener las medidas cautelares a los dos imputados.
El fiscal, José Morales, señaló que Alcalde tenía conocimiento de la compra de acciones a través de sociedades como Círculo Verde y que había participado en la firma de cheques que eran entregados a modo de préstamo para que las otras sociedades pudieran comprar acciones.
"Hay antecedentes para demostrar que hay uso de información privilegiada", aseveró.
En tanto el fiscal Luis Inostroza, apuntó que la defensa de Alcalde no solo se puede basar en un informe parcial ni en la sentencia de la SVS.
En el caso de Julián Moreno señaló que que hubo un actuar coordinado, en el que éste aportó con las renegociaciones que posteriormente eran reflejados en los estados financieros como información falsa.
La audiciencia se inició a las 10 de la mañana con los alegatos de la defensa de Pablo Alcalde, representada por Jorge Bofill, quién solicitó reemplazar la actual prisión preventiva por cualquier otra medida cautelar menos intensiva.
"Solicitamos el reemplazo de la prisión preventiva por cualquiera de las medidas cautelares menos intensiva. No venimos a discutir todos los cargos, vamos a limitar nuestras alegaciones", dijo Bofill, insistiendo en que Alcalde no tenía conocimiento de las repactactaciones unilaterales que se ejecutaban en la compañía.
Asimismo apuntó que era necesario levantar la medida preventiva ya que el centro de reclusión Capitán Yabér, en el que se encuentra Alcalde, no cuenta con los espacios para que se pueda ejercer el derecho de defensa, por falta de intimidad, cosa que perjudicaría el secreto profesional necesario en este caso.
Respecto a los cargos de uso de información privilegiada y entrega de información falsa al mercado y a la SVS el abogado dijo que no hay antecedentes concretos que acrediten la participación de su defendido en los hechos.
Bofill además presentó un informe pericial en el que se concluye que el ex presidente de La Polar, a través de la sociedad Galicia, no participó en la venta de acciones en los años 2007, 2009 ni 2010.
El abogado terminó su defensa señalando que a pesar de enfrentar más cargos, el ex gerente general de La Polar, Nicolás Ramírez, solo enfrenta una medida cautelar de prisión domicilaria parcial y arraigo regional.
Posteriormente se realizaron los alegatos de la defensa de Julián Moreno, a cargo del abogado Miguel Chávez, ocasión en la que se solicitó el reemplazo de la prisión preventiva por arrestro domicilario total.
Según estipuló Chávez, las circunstancias desde el juicio anterior han cambiado y para Julián Moreno "no hay necesidad de cautela".
En ese sentido, precisó que Moreno no era el encargado de entregar los estados financieros, por lo que no era el responsable de la entrega de información falsa al mercado.
"Está demostrado que los estados financieros no los elaboraba Julián Moreno, está demostrado que éstos eran elaborados por María Isabel Farah y el departamento de contabilidad", aseguró el jurista.
Además dijo que las repactaciones unilaterales eran conocidas por los gerentes y que eran éstos los que accedían a las reuniones con el directorio, por lo que fueron ellos quienes ocultaron esos hechos.
"Este caso durante los 112 días que han pasado desde la prisión preventiva, ha cambiado. Nadie puede decir que este es un caso de repactaciones unilaterales, este es un caso de cómo se informaban a través de las provisiones, labor que no era ejecutada por Moreno", apuntó.
Luego se realizaron los alegatos del Ministerio Público que solicitó mantener las medidas cautelares a los dos imputados.
El fiscal, José Morales, señaló que Alcalde tenía conocimiento de la compra de acciones a través de sociedades como Círculo Verde y que había participado en la firma de cheques que eran entregados a modo de préstamo para que las otras sociedades pudieran comprar acciones.
"Hay antecedentes para demostrar que hay uso de información privilegiada", aseveró.
En tanto el fiscal Luis Inostroza, apuntó que la defensa de Alcalde no solo se puede basar en un informe parcial ni en la sentencia de la SVS.
En el caso de Julián Moreno señaló que que hubo un actuar coordinado, en el que éste aportó con las renegociaciones que posteriormente eran reflejados en los estados financieros como información falsa.
"El delito está en enviar informacion falsa a la SVS y al mercado. El señor Moreno entregaba información falsa a través de estas renegociaciones", aseveró.
Cabe recordar que, en otro de los giros del caso, el pasado 9 de marzo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ejecutó sanciones contra 22 ex ejecutivos y ex directores de la multitienda, la auditora, PricewaterhouseCoopers (PWC) y el ejecutivo de la firma a cargo de auditar al retailer por un total de 122 mil Unidades de Fomento (unos US$ 5,7 millones).
Alcalde, recibió la mayor multa y deberá pagar 25.000 UF (unos US$ 1,2 millones). Mientras que Julián Moreno, recibió una sanción de multa por 20.000 UF (unos US$930 mil).
Alcalde, recibió la mayor multa y deberá pagar 25.000 UF (unos US$ 1,2 millones). Mientras que Julián Moreno, recibió una sanción de multa por 20.000 UF (unos US$930 mil).
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