El gobierno argentino informó ayer del proyecto de ley para expropiar el 50,1% de la primera compañía del país, la petrolera YPF. El proyecto remitido al Congreso, determina que la expropiación se dirige contra los 100,1 millones de acciones que posee Petersen, grupo argentino de Enrique Eskenazy que controla el 25,46% del total de la compañía, y 96,6 millones de la española Repsol, cuya participación quedaría por debajo del 30%, frente al 57,43% actual.
El Gobierno argentino optó por mantener un absoluto silencio sobre su estrategia en relación a la la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, en una jornada marcada por la confusión por supuestos planes gubernamentales, no confirmados oficialmente, para tomar el control de la compañía.
La jornada empezó con una reunión en Buenos Aires entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, acompañado del viceministro de Economía, Axel Kicilloff, considerado uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fernández.
Un encuentro en el que, según fuentes del sector, Brufau insistió en la apuesta de la petrolera por Argentina y ofreció varias opciones de inversión, pero que concluyó sin resultados satisfactorios para el ejecutivo español.
La expropiación se realiza, según el proyecto legislativo, por razones de “de utilidad pública”, con lo que el ejecutivo argentino trata de evitar el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de acciones por el total de la compañía.
El plan del gobierno de Cristina Fernández le fue comunicado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, por el ministro de Planificación, Inversiones y Servicios, Julio de Vido, acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicilloff. Posteriormente los dos funcionarios se reunieron con los gobernadores de las diez provincias petroleras del país que han revocado las licencias de explotación de los pozos explotados en sus demarcaciones.
En contra de lo previsto, Cristina Fernández de Kirchner no asistió a la reunión de la asociación de provincias argentinas.
En Europa, y desde la capital de Polonia, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió al Gobierno argentino de las hostilidades contra empresas españolas, tendrán consecuencias.
“Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España”, afirmó en Varsovia donde acompaña al presidente Rajoy.
El proyecto de Ley “De la Recuperación del Control de YPF”, contempla que el Estado argentino “procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación, respecto del valor que recibirán por las mismas, así como la forma en que se les pagará dicho valor, procurando en este sentido, obtener financiamiento”. Y añade que “la valuación de los activos a expropiar será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con la colaboración de la Secretaría de Energía, que a tal efecto actuará en calidad de oficina técnica”.
Las acciones de YPF han perdido un 51% de su valor desde el primero de enero, y un 60% en los últimos doce meses. Ayer experimentaron una ligera subida en la bolsa de Nueva York, fenómeno tanto más curioso cuanto los intereses de los minoritarios no son tenidos en cuenta por el decreto expropiador.
YPF es la primera empresa argentina, con 46.000 trabajadores, 1.600 estaciones de servicio en todo el país y una producción de 600 mil barriles anuales. La compañía argentina está presidida por Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, tiene como vicepresidente del Directorio a Enrique Eskenazy y un hijo de éste, Sebastián Esquenazy es el CEO y vicepresidente ejecutivo.
La familia Eskenazy tiene otros dos miembros en su Directorio, Matías y Ezequiel, éste como director suplente. Su grupo, Petersen, se hizo con el control del 25% de YPF en dos fases, tomando inicialmente un 15% y tres años más tarde, el 10% restante. La operación fue promovida por el propio gobierno argentino.
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