El llamado plan de revitalización del mercado inmobiliario estadounidense, más allá de ser una solución profunda para el sector, es una medida electoral emprendida por el gobierno de Barack Obama con miras a la elección presidencial de noviembre, además de que su discusión será una repetición de las negociaciones del techo de deuda que tuvo lugar hace unos meses, donde el único que capitalizaría el resultado, negativo o positivo, sería el propio mandatario.
El plan que pretende apoyar a millones de hipotecados en apuros fue presentado por Obama hace varios meses, sin embargo, conforme avanza el reloj electoral éste va cobrando relevancia por la cantidad de votos que podría significar para las intenciones reeleccionistas del mandatario.
La propuesta incluye la refinanciación con préstamos a tipos de interés más bajos y garantizados por el gobierno para los compradores que deben ahora al banco más dinero que el valor de las propiedades cuando las adquirieron, y busca extenderse a compradores de vivienda que tienen dificultades para obtener una nueva hipoteca de prestamistas privados.
Así, para financiar este programa, cuyo costo se estima entre 5,000 y 10,000 millones de dólares (mdd), el presidente Obama propone cobrar un impuesto a los grandes bancos, idea a la que los republicanos han expresado en más de una ocasión su rechazo.
Ante la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, dicho plan necesita su aprobación para operar. Ahí la estrategia del demócrata. Lanzó el planteamiento sabiendo que cualquiera que fuera la decisión él saldría ganando.
De esta manera, si el repudio de la oposición se impone para frenar la propuesta, la fuerza demócrata no perderá la oportunidad para hacer ver al electorado que esa negativa les cierra la oportunidad para conservar su patrimonio.
Por el otro lado, si los republicanos optan por aprobar el proyecto de Obama, el partido en el poder será el primero en destacar la influencia presidencial para que ello se lograra –y recordar de paso que los precandidatos republicanos se han mostrado a favor de permitir que las ejecuciones hipotecarias sigan su curso – aprovechando el contexto electoral que hoy impera en la nación norteamericana.
“Esta medida es totalmente electorera y desesperada, porque si bien el legado económico de George W. Bush fue malo, no es excusa para los resultados y faltantes que hoy presenta Obama, y que hoy el voto joven que lo apoyó en 2008 podría cobrarle la factura ante la falta de empleos”, considera Iliana Rodríguez, catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Además, agrega la experta, el mandatario estadounidense se distrajo mucho con el tema de la salud y dejó pendientes otras reformas y acciones de gobierno que había prometido durante su campaña en 2008, mismas que hoy pretende retomar aún con las críticas a su falta de liderazgo y poder para imponerse a grupos como el de los financieros de Wall Street.
Por otro lado, la estrategia del demócrata pretende alcanzar cerca de 4 millones de votos que podrían hacer la diferencia en las urnas, ya que el vertiginoso descenso del precio de la vivienda en los últimos años provocó que hoy más de 10 millones de propietarios –uno de cada cuatro– deban ahora al banco más dinero que el valor de la casa que compraron. Según cifras de la Casa Blanca, los propietarios beneficiados con su propuesta superarían los 3.5 millones.
www.elsemanario.com.mx
El plan que pretende apoyar a millones de hipotecados en apuros fue presentado por Obama hace varios meses, sin embargo, conforme avanza el reloj electoral éste va cobrando relevancia por la cantidad de votos que podría significar para las intenciones reeleccionistas del mandatario.
La propuesta incluye la refinanciación con préstamos a tipos de interés más bajos y garantizados por el gobierno para los compradores que deben ahora al banco más dinero que el valor de las propiedades cuando las adquirieron, y busca extenderse a compradores de vivienda que tienen dificultades para obtener una nueva hipoteca de prestamistas privados.
Así, para financiar este programa, cuyo costo se estima entre 5,000 y 10,000 millones de dólares (mdd), el presidente Obama propone cobrar un impuesto a los grandes bancos, idea a la que los republicanos han expresado en más de una ocasión su rechazo.
Ante la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, dicho plan necesita su aprobación para operar. Ahí la estrategia del demócrata. Lanzó el planteamiento sabiendo que cualquiera que fuera la decisión él saldría ganando.
De esta manera, si el repudio de la oposición se impone para frenar la propuesta, la fuerza demócrata no perderá la oportunidad para hacer ver al electorado que esa negativa les cierra la oportunidad para conservar su patrimonio.
Por el otro lado, si los republicanos optan por aprobar el proyecto de Obama, el partido en el poder será el primero en destacar la influencia presidencial para que ello se lograra –y recordar de paso que los precandidatos republicanos se han mostrado a favor de permitir que las ejecuciones hipotecarias sigan su curso – aprovechando el contexto electoral que hoy impera en la nación norteamericana.
“Esta medida es totalmente electorera y desesperada, porque si bien el legado económico de George W. Bush fue malo, no es excusa para los resultados y faltantes que hoy presenta Obama, y que hoy el voto joven que lo apoyó en 2008 podría cobrarle la factura ante la falta de empleos”, considera Iliana Rodríguez, catedrática del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Además, agrega la experta, el mandatario estadounidense se distrajo mucho con el tema de la salud y dejó pendientes otras reformas y acciones de gobierno que había prometido durante su campaña en 2008, mismas que hoy pretende retomar aún con las críticas a su falta de liderazgo y poder para imponerse a grupos como el de los financieros de Wall Street.
Por otro lado, la estrategia del demócrata pretende alcanzar cerca de 4 millones de votos que podrían hacer la diferencia en las urnas, ya que el vertiginoso descenso del precio de la vivienda en los últimos años provocó que hoy más de 10 millones de propietarios –uno de cada cuatro– deban ahora al banco más dinero que el valor de la casa que compraron. Según cifras de la Casa Blanca, los propietarios beneficiados con su propuesta superarían los 3.5 millones.
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