La luz verde de la Corte de Apelaciones a la demanda colectiva del Sernac y de la Fundación Chile Ciudadano en contra de La Polar, que incluye a casi un millón de clientes repactados unilateralmente, activó nuevamente las alarmas de quiebra de la multitienda.
De hecho, el viernes pasado, la acción de La Polar llegó a desplomarse en más de 10%, quedando en niveles de $200, su más bajo valor histórico. Finalmente, cerró la jornada con un descenso de 7,62%, dejando a sus títulos en $206,8. La leve recuperación se debió a que el tribunal acotó el efecto de la medida precautoria para que La Polar no pueda operar con la cartera repactada, a los 1.000 casos representados por el abogado Tomás Fabres y no a la totalidad de la cartera.
Aún así, el aumento de capital del retailer por $120.000 millones –su principal vía de solvencia–, y que debiera materializarse antes de julio del presente año, tras ser votado en la primera quincena de marzo, queda envuelto en un manto de dudas.
Es que, el que suscriba el mencionado aumento de capital, se arriesga a los efectos de posibles millonarias indemnizaciones y multas en contra de la compañía, por las demandas interpuestas por el Sernac y los abogados de los accionistas minoritarios, escenario que no cambia en nada con el pronunciamiento de tribunales del viernes pasado.
De no efectuarse el aumento de capital de La Polar, dentro de los plazos fijados, el mismo César Barros –actual presidente de La Polar–, manifestó en conferencia de prensa que la multitienda quedaría en peligro, dejando en duda su viabilidad.
Indemnizaciones y multas millonarias
El director nacional del Sernac, Juan Antonio Peribonio, advirtió que llegará hasta “las últimas consecuencias” en la demanda colectivo contra La Polar. Al admitir además la Corte que el millón de consumidores renegociados ilícitamente tienen derecho a acceder a indemnizaciones, el panorama se complica más para la firma que arroja un patrimonio negativo de US$500 millones y pérdidas cercanas a US$1.000 millones.
Bajo ese escenario, si se considera el promedio de pago de indemnizaciones en casos de infracción a la Ley del Consumidor en el país, que es de $1.000.000, y se multiplica por los repactados unilateralmente, el monto supera los US$2.000 millones. Y La Polar, cuesta menos de US$100 millones. En todo caso, como alternativa, la ley permite que el retailer pague en cuotas mensuales dicha cifra.
Por otro lado, se encuentran las posibles multas del proceso, donde las apuestas son variadas. Mientras que el Sernac recalca que La Polar debe pagar hasta 50 UTM por cada una de las ocho millones de infracciones cometidas –lo que da unos US$30.000 millones–, la multitienda indica que son nada más que 50 UTM las que debería cancelar, ya que la falta es una.
Como sea, éste será un tema que mantendrá en “veremos” la viabilidad de La Polar, pese a que la justicia civil tiene la capacidad de evaluar la mala situación financiera de la empresa y castigarla con montos acordes a sus posibilidades de pago. Aparte que la Superintendencia de Valores y Seguros podría pedirle que mida los efectos y provisione por las eventuales indemnizaciones y multas, punto que la empresa hasta la fecha no ha dado a conocer aún.
¿Suscribirán las AFP?
Frente a la posible insolvencia de La Polar, las AFP –que suman el 15% de las acciones de la multitienda–estarían analizando detenidamente si suscribir o no el previsto aumento de capital del retailer. Aunque al interior de la compañía, creen que las Administradoras terminarán viéndose forzadas a hacerlo, ya que en caso de quiebra tendrían que hacer la pérdida.
El presidente del Comité Técnico de Inversiones de las AFP, Alvaro Clarke, señala que estas “están considerando la situación por la que atraviesa La Polar, para fijar una expectativa, sobre todo cuando el ambiente judicial se le ha ido complejizando cada vez más”.
Lo anterior, según Clarke, no quiere decir que las Administradoras de Fondos no consideren la gestión de los ahorros personales de la gente, con el fin de jubilarse. “Esto será mucho más fuerte al final en su decisión”, adelanta.
Es que, políticamente y de cara al país, a las AFP les podría generar grandes problemas seguir invirtiendo los fondos de pensiones –vía el aumento de capital– en una firma cuestionada públicamente, que enfrenta un riesgo alto de quiebra y con información financiera todavía no completamente clara.
En todo caso, una fuente del sector explica que las acciones de La Polar siguen siendo “aefepeables”, ya que en la última reforma al sistema de AFP se le quitó a la Comisión Clasificadora de Riesgo la atribución de eliminar las empresas “complejas”, que han deteriorado su situación, del listado.
Otra fuente del mercado, asegura que la seguidilla de bajas en el precio de los títulos de La Polar significaría que hay retiros de accionistas institucionales, con lo que no se descarta que algunas AFP tomen el camino de Capital, que vendió su participación en el retailer.
La preocupación bancaria
Preocupados se encuentran los bancos acreedores de La Polar, tras la decisión del tribunal de dar el vamos a la demanda colectiva presentada por el Sernac y la Fundación Chile Ciudadano, que podría golpear la viabilidad de la compañía y hacerla caer en quiebra.
De hecho, las firmas acreedoras de La Polar se mueven más que nunca sobre la posibilidad de que el retailer entre en falencia, producto de las altas multas que se le aplicarían judicialmente y las eventuales indemnizaciones a los consumidores, que son millonarias. La primera le significaría hasta US$30.000 millones a la compañía y la segunda, más de US$2.000 millones.
Fuentes de la banca, en tanto, manifiestan que en un principio, cuando el actual presidente de La Polar, César Barros, mencionaba la eventualidad de una quiebra, se pensaba que lo hacía como estrategia de negociación, pero que en estos momentos no se puede desechar la idea que la empresa esté al “borde del precipicio”.
Es más, en la industria bancaria se ha especulado incluso con el posible incumplimiento de ciertos covenants financieros en los meses que vienen, por parte de La Polar.
De esta manera, en la banca se está asimilando la posibilidad de recuperar en torno a 1,5% de los compromisos de la casa comercial con ellos, lejos de lo que esperan en el caso que la entidad continúe operando.
Asimismo, la deuda de La Polar con la industria financiera es cercana a $430.000 millones, considerando créditos otorgados, el rol como tenedores de bonos y las inversiones hechas en sus instrumentos.
Convenio judicial preventivo
Pese a que la medida precautoria que le impide a La Polar celebrar actos y contratos sobre los créditos y pagarés repactados unilateralmente, incluye finalmente sólo a los clientes representados por la Fundación Chile Ciudadano –cerca de 1.000 personas– y no al millón de consumidores afectados, la cifra podría englobar a todos al final del juicio colectivo.
Sin embargo, la posición de la empresa es que lo anterior “evita el grave efecto económico que habría tenido la interpretación literal de la medida decretada, que fue informado al mercado a través de un hecho esencial el viernes 13 de enero –dejar de recaudar $14.000 millones y tener que realizar una provisión adicional de $17.000 millones–, y nos permite seguir operando con normalidad”.
Con lo cual, y bajo la lógica de los tribunales, en el marco del Convenio Judicial Preventivo de la firma con sus acreedores, en el cual prendó la cartera repactada para garantizar el pago de la deuda junior –$510.881 millones– que vence el 2032, esto último no sería posible de constituir al final del proceso.
Mientras, La Polar tampoco podría vender la cartera repactada a terceros –como lo prevé el Convenio Judicial Preventivo–, pero por ahora, sí tiene el visto bueno para continuar cobrando a los clientes repactados unilateralmente, fuera de los 1.000 que representa la entidad liderada por el abogado Tomás Fabres.
Plazos del juicio
Como mínimo, el juicio colectivo de los consumidores en contra de La Polar se extenderá por un año. Es más, algunos aventuran que podría ser todavía más largo, tomando en cuenta que es una de las causas con mayor impacto social que han llevado los tribunales, cuya resolución no es fácil.
Y si se considera, igualmente, que el proceso podría pelearse también en la Corte Suprema –La Polar estudia presentar un recurso de queja en esa instancia– éste tendría una duración de hasta dos o tres años.
Bajo ese prisma, es probable que La Polar no tenga claridad respecto a los montos de las posibles indemnizaciones y multas que arriesga en el juicio, por lo que el mercado no lo sabría al menos en el mediano plazo, manteniéndose la incertidumbre sobre estos puntos.
Y ésta sería la circunstancia en que se realizaría el aumento de capital de la firma, en junio o julio próximo. Pese a que una fuente del mercado precisa que es natural que las empresas no tengan el 100% de la información que idealmente se les pide, sería un factor que cualquier eventual controlador de La Polar evaluaría antes de tomar el mando.
www.estrategia.cl
De hecho, el viernes pasado, la acción de La Polar llegó a desplomarse en más de 10%, quedando en niveles de $200, su más bajo valor histórico. Finalmente, cerró la jornada con un descenso de 7,62%, dejando a sus títulos en $206,8. La leve recuperación se debió a que el tribunal acotó el efecto de la medida precautoria para que La Polar no pueda operar con la cartera repactada, a los 1.000 casos representados por el abogado Tomás Fabres y no a la totalidad de la cartera.
Aún así, el aumento de capital del retailer por $120.000 millones –su principal vía de solvencia–, y que debiera materializarse antes de julio del presente año, tras ser votado en la primera quincena de marzo, queda envuelto en un manto de dudas.
Es que, el que suscriba el mencionado aumento de capital, se arriesga a los efectos de posibles millonarias indemnizaciones y multas en contra de la compañía, por las demandas interpuestas por el Sernac y los abogados de los accionistas minoritarios, escenario que no cambia en nada con el pronunciamiento de tribunales del viernes pasado.
De no efectuarse el aumento de capital de La Polar, dentro de los plazos fijados, el mismo César Barros –actual presidente de La Polar–, manifestó en conferencia de prensa que la multitienda quedaría en peligro, dejando en duda su viabilidad.
Indemnizaciones y multas millonarias
El director nacional del Sernac, Juan Antonio Peribonio, advirtió que llegará hasta “las últimas consecuencias” en la demanda colectivo contra La Polar. Al admitir además la Corte que el millón de consumidores renegociados ilícitamente tienen derecho a acceder a indemnizaciones, el panorama se complica más para la firma que arroja un patrimonio negativo de US$500 millones y pérdidas cercanas a US$1.000 millones.
Bajo ese escenario, si se considera el promedio de pago de indemnizaciones en casos de infracción a la Ley del Consumidor en el país, que es de $1.000.000, y se multiplica por los repactados unilateralmente, el monto supera los US$2.000 millones. Y La Polar, cuesta menos de US$100 millones. En todo caso, como alternativa, la ley permite que el retailer pague en cuotas mensuales dicha cifra.
Por otro lado, se encuentran las posibles multas del proceso, donde las apuestas son variadas. Mientras que el Sernac recalca que La Polar debe pagar hasta 50 UTM por cada una de las ocho millones de infracciones cometidas –lo que da unos US$30.000 millones–, la multitienda indica que son nada más que 50 UTM las que debería cancelar, ya que la falta es una.
Como sea, éste será un tema que mantendrá en “veremos” la viabilidad de La Polar, pese a que la justicia civil tiene la capacidad de evaluar la mala situación financiera de la empresa y castigarla con montos acordes a sus posibilidades de pago. Aparte que la Superintendencia de Valores y Seguros podría pedirle que mida los efectos y provisione por las eventuales indemnizaciones y multas, punto que la empresa hasta la fecha no ha dado a conocer aún.
¿Suscribirán las AFP?
Frente a la posible insolvencia de La Polar, las AFP –que suman el 15% de las acciones de la multitienda–estarían analizando detenidamente si suscribir o no el previsto aumento de capital del retailer. Aunque al interior de la compañía, creen que las Administradoras terminarán viéndose forzadas a hacerlo, ya que en caso de quiebra tendrían que hacer la pérdida.
El presidente del Comité Técnico de Inversiones de las AFP, Alvaro Clarke, señala que estas “están considerando la situación por la que atraviesa La Polar, para fijar una expectativa, sobre todo cuando el ambiente judicial se le ha ido complejizando cada vez más”.
Lo anterior, según Clarke, no quiere decir que las Administradoras de Fondos no consideren la gestión de los ahorros personales de la gente, con el fin de jubilarse. “Esto será mucho más fuerte al final en su decisión”, adelanta.
Es que, políticamente y de cara al país, a las AFP les podría generar grandes problemas seguir invirtiendo los fondos de pensiones –vía el aumento de capital– en una firma cuestionada públicamente, que enfrenta un riesgo alto de quiebra y con información financiera todavía no completamente clara.
En todo caso, una fuente del sector explica que las acciones de La Polar siguen siendo “aefepeables”, ya que en la última reforma al sistema de AFP se le quitó a la Comisión Clasificadora de Riesgo la atribución de eliminar las empresas “complejas”, que han deteriorado su situación, del listado.
Otra fuente del mercado, asegura que la seguidilla de bajas en el precio de los títulos de La Polar significaría que hay retiros de accionistas institucionales, con lo que no se descarta que algunas AFP tomen el camino de Capital, que vendió su participación en el retailer.
La preocupación bancaria
Preocupados se encuentran los bancos acreedores de La Polar, tras la decisión del tribunal de dar el vamos a la demanda colectiva presentada por el Sernac y la Fundación Chile Ciudadano, que podría golpear la viabilidad de la compañía y hacerla caer en quiebra.
De hecho, las firmas acreedoras de La Polar se mueven más que nunca sobre la posibilidad de que el retailer entre en falencia, producto de las altas multas que se le aplicarían judicialmente y las eventuales indemnizaciones a los consumidores, que son millonarias. La primera le significaría hasta US$30.000 millones a la compañía y la segunda, más de US$2.000 millones.
Fuentes de la banca, en tanto, manifiestan que en un principio, cuando el actual presidente de La Polar, César Barros, mencionaba la eventualidad de una quiebra, se pensaba que lo hacía como estrategia de negociación, pero que en estos momentos no se puede desechar la idea que la empresa esté al “borde del precipicio”.
Es más, en la industria bancaria se ha especulado incluso con el posible incumplimiento de ciertos covenants financieros en los meses que vienen, por parte de La Polar.
De esta manera, en la banca se está asimilando la posibilidad de recuperar en torno a 1,5% de los compromisos de la casa comercial con ellos, lejos de lo que esperan en el caso que la entidad continúe operando.
Asimismo, la deuda de La Polar con la industria financiera es cercana a $430.000 millones, considerando créditos otorgados, el rol como tenedores de bonos y las inversiones hechas en sus instrumentos.
Convenio judicial preventivo
Pese a que la medida precautoria que le impide a La Polar celebrar actos y contratos sobre los créditos y pagarés repactados unilateralmente, incluye finalmente sólo a los clientes representados por la Fundación Chile Ciudadano –cerca de 1.000 personas– y no al millón de consumidores afectados, la cifra podría englobar a todos al final del juicio colectivo.
Sin embargo, la posición de la empresa es que lo anterior “evita el grave efecto económico que habría tenido la interpretación literal de la medida decretada, que fue informado al mercado a través de un hecho esencial el viernes 13 de enero –dejar de recaudar $14.000 millones y tener que realizar una provisión adicional de $17.000 millones–, y nos permite seguir operando con normalidad”.
Con lo cual, y bajo la lógica de los tribunales, en el marco del Convenio Judicial Preventivo de la firma con sus acreedores, en el cual prendó la cartera repactada para garantizar el pago de la deuda junior –$510.881 millones– que vence el 2032, esto último no sería posible de constituir al final del proceso.
Mientras, La Polar tampoco podría vender la cartera repactada a terceros –como lo prevé el Convenio Judicial Preventivo–, pero por ahora, sí tiene el visto bueno para continuar cobrando a los clientes repactados unilateralmente, fuera de los 1.000 que representa la entidad liderada por el abogado Tomás Fabres.
Plazos del juicio
Como mínimo, el juicio colectivo de los consumidores en contra de La Polar se extenderá por un año. Es más, algunos aventuran que podría ser todavía más largo, tomando en cuenta que es una de las causas con mayor impacto social que han llevado los tribunales, cuya resolución no es fácil.
Y si se considera, igualmente, que el proceso podría pelearse también en la Corte Suprema –La Polar estudia presentar un recurso de queja en esa instancia– éste tendría una duración de hasta dos o tres años.
Bajo ese prisma, es probable que La Polar no tenga claridad respecto a los montos de las posibles indemnizaciones y multas que arriesga en el juicio, por lo que el mercado no lo sabría al menos en el mediano plazo, manteniéndose la incertidumbre sobre estos puntos.
Y ésta sería la circunstancia en que se realizaría el aumento de capital de la firma, en junio o julio próximo. Pese a que una fuente del mercado precisa que es natural que las empresas no tengan el 100% de la información que idealmente se les pide, sería un factor que cualquier eventual controlador de La Polar evaluaría antes de tomar el mando.
www.estrategia.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario