La gravedad del caso hace necesario que se establezcan con plena claridad las eventuales responsabilidades de cada una de las personas indagadas.
LA AUDIENCIA de formalización de cinco ex altos ejecutivos de La Polar concluyó la madrugada del viernes, con la adopción de medidas cautelares contra todos ellos. Se trata de un caso de alto impacto que ha concitado el interés de la opinión pública por la gravedad de las acusaciones y los delitos que, según la justicia, han sido cometidos.
Durante años, La Polar fue considerada un ejemplo sumamente exitoso de gestión en la industria del retail. Los extraordinarios resultados obtenidos de manera sostenida por la compañía la pusieron a ésta y sus ejecutivos en un sitial de prestigio. Sin embargo, en junio pasado se descubrió que la empresa había mejorado durante años sus resultados, al repactar unilateralmente a cientos de miles de deudores morosos los que, de haber sido reconocidos como tales, habrían alterado de manera sustancial aquéllos. De esta forma, el valor de los activos de La Polar estaba muy sobreestimado, pues una parte importante de sus cuentas por cobrar no eran recuperables.
También lo estaban sus ingresos, debido a que los intereses devengados por esos préstamos incobrables nunca serían pagados. La revelación del masivo engaño provocó un escándalo de proporciones, derrumbó el precio de sus acciones y estuvo a punto de causar la quiebra de la misma.
El episodio despertó críticas contra una autoridad que no mostró el celo fiscalizador esperable, sobre todo si se trataba de una sociedad anónima abierta que se transaba en Bolsa y en la cual estaban invertidos los dineros de millones de chilenos a través de los fondos de pensiones. Las críticas también se dirigieron contra el directorio de La Polar, que no desempeñó con acierto su rol de orientar y supervisar la gestión de la compañía, y las empresas de auditores externos, que no cumplieron apropiadamente con su deber de revisar de manera concienzuda los antecedentes y respaldos de las operaciones de la compañía.
Asimismo, fue cuestionado el rol de los intermediarios de valores que, al mismo tiempo de tener intereses en La Polar, recomendaron al mercado la compra de títulos de la empresa e informaron sobre la calidad de la deuda que ésta emitía. Naturalmente, la primera responsabilidad de lo ocurrido recae en quienes diseñaron y ejecutaron por largo tiempo las prácticas que condujeron a la "normalización" de las deudas y a la consecuente manipulación de los resultados financieros. Durante la audiencia de formalización, los abogados defensores señalaron que sus clientes habían sido engañados, atribuyendo la responsabilidad de dichas acciones a los otros ex ejecutivos, versión que la magistrada que la presidió calificó como sin "sustento alguno".
En la medida en que nadie disputa la existencia de hechos irregulares, es importante que la justicia establezca con claridad quiénes actuaron con la intención de defraudar. Las sanciones que se dictaminen en el juicio que se iniciará luego de los ocho meses de investigación que fijó la jueza deben ser ejemplarizadoras.
El caso La Polar constituye un hito por la cantidad de personas cuyas deudas morosas fueron repactadas unilateralmente, el largo período en que esta práctica fue llevada a cabo y, en especial, el masivo engaño al mercado de valores que supuso la manipulación de los resultados. La investigación del Ministerio Público debe ser exhaustiva, para que la justicia pueda establecer de manera efectiva la eventual responsabilidad de cada una de las personas indagadas.
www.latercera.com
LA AUDIENCIA de formalización de cinco ex altos ejecutivos de La Polar concluyó la madrugada del viernes, con la adopción de medidas cautelares contra todos ellos. Se trata de un caso de alto impacto que ha concitado el interés de la opinión pública por la gravedad de las acusaciones y los delitos que, según la justicia, han sido cometidos.
Durante años, La Polar fue considerada un ejemplo sumamente exitoso de gestión en la industria del retail. Los extraordinarios resultados obtenidos de manera sostenida por la compañía la pusieron a ésta y sus ejecutivos en un sitial de prestigio. Sin embargo, en junio pasado se descubrió que la empresa había mejorado durante años sus resultados, al repactar unilateralmente a cientos de miles de deudores morosos los que, de haber sido reconocidos como tales, habrían alterado de manera sustancial aquéllos. De esta forma, el valor de los activos de La Polar estaba muy sobreestimado, pues una parte importante de sus cuentas por cobrar no eran recuperables.
También lo estaban sus ingresos, debido a que los intereses devengados por esos préstamos incobrables nunca serían pagados. La revelación del masivo engaño provocó un escándalo de proporciones, derrumbó el precio de sus acciones y estuvo a punto de causar la quiebra de la misma.
El episodio despertó críticas contra una autoridad que no mostró el celo fiscalizador esperable, sobre todo si se trataba de una sociedad anónima abierta que se transaba en Bolsa y en la cual estaban invertidos los dineros de millones de chilenos a través de los fondos de pensiones. Las críticas también se dirigieron contra el directorio de La Polar, que no desempeñó con acierto su rol de orientar y supervisar la gestión de la compañía, y las empresas de auditores externos, que no cumplieron apropiadamente con su deber de revisar de manera concienzuda los antecedentes y respaldos de las operaciones de la compañía.
Asimismo, fue cuestionado el rol de los intermediarios de valores que, al mismo tiempo de tener intereses en La Polar, recomendaron al mercado la compra de títulos de la empresa e informaron sobre la calidad de la deuda que ésta emitía. Naturalmente, la primera responsabilidad de lo ocurrido recae en quienes diseñaron y ejecutaron por largo tiempo las prácticas que condujeron a la "normalización" de las deudas y a la consecuente manipulación de los resultados financieros. Durante la audiencia de formalización, los abogados defensores señalaron que sus clientes habían sido engañados, atribuyendo la responsabilidad de dichas acciones a los otros ex ejecutivos, versión que la magistrada que la presidió calificó como sin "sustento alguno".
En la medida en que nadie disputa la existencia de hechos irregulares, es importante que la justicia establezca con claridad quiénes actuaron con la intención de defraudar. Las sanciones que se dictaminen en el juicio que se iniciará luego de los ocho meses de investigación que fijó la jueza deben ser ejemplarizadoras.
El caso La Polar constituye un hito por la cantidad de personas cuyas deudas morosas fueron repactadas unilateralmente, el largo período en que esta práctica fue llevada a cabo y, en especial, el masivo engaño al mercado de valores que supuso la manipulación de los resultados. La investigación del Ministerio Público debe ser exhaustiva, para que la justicia pueda establecer de manera efectiva la eventual responsabilidad de cada una de las personas indagadas.
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