Ex ejecutivos de La Polar estarían en prisión al menos hasta fin de año

Abogados ligados a los imputados afirman que es difícil que Farah, Alcalde y Moreno dejen la cárcel antes de dos semanas.

Al menos hasta fin de año estarían en prisión preventiva el ex gerente general y presidente de La Polar, Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerenta de Administración del retailer, María Isabel Farah. En la madrugada de ayer, tras más de 15 horas de audiencia, la jueza María Verónica Orozco declaró la máxima medida cautelar permitida en la ley, tras dar por acreditados los delitos de uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y utilización de datos alterados para conseguir créditos. Sólo desestimó el ilícito de lavado de activos.

Según abogados ligados a las defensas, el tiempo de estadía en prisión es relativo, aunque estiman que sería superior a dos semanas, por lo que pasarían Navidad y Año Nuevo en dependencias penales.

En este momento, los juristas se encuentran trabajando en las estrategias a seguir. Las opciones son dos. La defensa tiene cinco días -que finalizan el miércoles- para apelar a la Corte de Apelaciones. Se presenta la apelación ante el tribunal de garantía y se elevan los antecedentes a la corte vía electrónica, quien fija la fecha de la audiencia. Como los imputados están privados de libertad, tienen la máxima prioridad. "En tres días podría fijarse la audiencia", dice un jurista. Se falla el mismo día.

Cercanos a la defensa de María Isabel Farah afirman que, pese a estar evaluando los procedimientos, lo más probable es que no apelen. Esto, puesto que el tiempo que tendrían para argumentar sería muy mínimo -entre 10 a 15 minutos- por lo que es difícil exponer argumentos en profundidad. Además, en esa instancias sólo se puede defender los antecedentes ya expuestos y no está permitido allegar nuevas pruebas. Otro jurista subraya que es difícil que la corte falle a favor de los imputados con las mismas pruebas que tuvo Orozco.

Dado este escenario, las defensas estarían evaluando recurrir al segundo mecanismo: pedir la revisión de la medida cautelar ante el juzgado de garantía, mismo que dictó ayer la sentencia.

Este trámite tiene como requisito presentar nuevos antecedentes. Las audiencias las lideraría la misma jueza Orozco, pero en caso de que no pueda la causa puede ser visada por otro magistrado.

Según asegura un abogado ligado a los imputados, "no podemos pedir la revisión de la cautelar antes de 60 días por disposición legal". Otro jurista subraya, sin embargo, que la petición puede hacerse en cualquier momento mientras se tengan nuevos antecedentes, aunque regularmente el plazo es cercano a los dos meses "porque los nuevos peritajes y la recopilación de pruebas lleva tiempo". Todo ese tiempo, los imputados continuarían en prisión. En este momento los abogados ya están haciendo diligencias como solicitar al Ministerio Público discos duros de algunos computadores y recopilando pruebas auditivas.

Si es que el juzgado rechazará revisar la medida cautelar, las defensas pueden apelar esa decisión ante la Corte de Apelaciones.

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