El informe que entregó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las responsabilidades en el caso La Polar, señala que éste dejó en evidencia el inmovilismo que ha caracterizado a las instancias públicas encargadas de la regulación del sector. Aún no hay explicaciones sobre por qué la situación sigue así.
La Polar perdió $573.000 millones, sobre US$1.100 millones, en el período enero-julio de este año, más que duplicando sus ingresos, según consta en el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2011 no auditado presentado por la empresa a la SVS el viernes pasado. Una semana antes, al presentar su situación financiera auditada, informó de pérdidas acumuladas al 31 de julio de 2011 por $408.589 millones, unos US$830 millones.
Una vez más resulta inexplicable que la Superintendencia de Valores (SVS) permita que se transen sus títulos en estas circunstancias, máxime cuando hoy lunes los acreedores definirán si acogen el convenio judicial preventivo para la empresa o votan la quiebra de la misma. Cualquiera sea la decisión de los acreedores –entre ellos también los fondos de pensiones a través de su inversión en bonos de La Polar–, significará tener que reconocer una pérdida de, según las estimaciones que han trascendido, al menos 35%, incluyendo también bancos, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales. Cabe recordar que cada emisión de bonos fue autorizada por la SVS, y de ese modo validada ante el mercado, mientras la Comisión Clasificadora de Riesgo –integrada, entre otros, por un representante de cada uno de los superintendentes de Valores, de AFP y de Bancos– los hizo elegibles como alternativa de inversión para los fondos de pensiones, sin asumir hasta la fecha responsabilidades por no haber cumplido con su rol de fiscalizar y detectar las irregularidades develadas con posterioridad y que fueron detectadas por aficionados y no por los expertos mandatados por ley para ello. Tal como lo señalara el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, hace un par de días: “Si las irregularidades en La Polar hubiesen sido cometidas en un año, es posible creer que las autoridades no se dieran cuenta, pero que las malas prácticas se mantuvieran por una década y que los reguladores nunca se dieran cuenta de nada, es impensable”.
AUSENCIA FISCALIZADORA
El que la acción se siguiera transando, salvo una suspensión puntual después de estallado el caso en junio, pese a que no existía claridad respecto de la real situación financiera de La Polar hasta el 27 de octubre pasado, y hoy cuando las cifras hablan de una empresa técnicamente quebrada, vuelven a la memoria las palabras contenidas en el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para el Caso La Polar: “Las instituciones que se indican y quienes han estado a su cargo durante el período en que se cometieron los hechos objeto de la investigación, comparten, a juicio de esta Comisión, en distintos grados una importante responsabilidad en cuanto a la falta de regulación, previsión, y/o fiscalización de los hechos ocurridos en empresas La Polar S.A. al menos desde el año 2006 hasta la fecha.
La Comisión determinó que la información en poder de las superintendencias de Bancos, Valores y Seguros, AFP, la Comisión Clasificadora de Riesgo, Decreto Ley N°3.500, y el público en general, era suficiente para levantar una razonable sospecha del comportamiento financiero y real situación interna en que se encontraba la empresa investigada.
Por lo anterior, todos los órganos fiscalizadores mencionados anteriormente son solidariamente responsables de lo ocurrido, habiendo actuado, al menos, con falta de la debida diligencia y cuidado en sus labores fiscalizadoras.
Más en general, estos problemas dejan en evidencia el inmovilismo que ha caracterizado a las instancias públicas encargadas de la regulación del sector. Si bien antes de la crisis financiera internacional de los últimos diez años se podía alegar que se carecía de antecedentes para indagar en el tema, después de ella resulta inaceptable que no se hubiera iniciado una investigación general sobre la posibilidad que estuvieran en operación actividades delictivas de esta naturaleza, lo que atañe también tanto al Ministerio de Hacienda como al Banco Central, al menos durante los últimos diez años”.
SUPERINTENDENCIAS
Las conclusiones del Informe de la Cámara apuntan en el caso de los reguladores a responsabilidades de la Superintendencia de Bancos, por negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, especialmente en cuanto a las enfocadas a supervisar a los emisores de tarjetas de crédito tanto bancarios como no bancarios.
Responsabiliza a la Superintendencia de Valores por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y la falta de cuidado en el desempeño de su labor, al menos desde el año 2006. “La supervisión que realiza la SVS se construye sobre los informes entregados por los auditores externos y las empresas clasificadoras de riesgo y, complementariamente, con revisiones propias de manera selectiva para verificar la veracidad de la información financiera presentada. La SVS no advirtió que los estados financieros presentados por Empresa La Polar no eran consistentes, a pesar de tener facultades de fiscalización directa y no sólo delegadas”.
En el caso de la Superintendencia de Pensiones “tiene responsabilidades –según la Comisión Investigadora– en cuanto no inició acciones luego de la crisis financiera de los últimos diez años para enfrentar eventuales comportamientos fraudulentos de los gestores de los instrumentos en los cuales pueden invertir los fondos de pensiones. Esta omisión contribuyó a que la crisis de La Polar afectara gravemente a dichos fondos”.
Asimismo, destaca que las tres superintendencias tienen cada una un representante en la Comisión Clasificadora de Riesgo, cuya responsabilidad en el caso “estriba en que no ejerció la facultad de rechazar la clasificación de los bonos y efectos de comercio emitidos por La Polar, en particular la última emisión de bonos de diciembre 2010, demostrando negligencia en su actuar”.
A la luz de los hechos, sigue presente el inmovilismo de los fiscalizadores al que aluden los parlamentarios, y que en el caso de La Polar tuvo su primera manifestación visible en 2003, cuando el controlador Southern Cross coloca un 20% de la empresa en Bolsa para su apertura y 60 días después reduce su participación en la compañía a un 56%, informando de ello recién en su memoria de 2003 (entregada en abril de 2004), sin que la SVS le exigiera explicaciones.
En estos últimos meses, la SVS le permitió seguir transando sus acciones, avalando una gigantesca asimetría de información que recién está saliendo a la luz.
www.estrategia.cl
La Polar perdió $573.000 millones, sobre US$1.100 millones, en el período enero-julio de este año, más que duplicando sus ingresos, según consta en el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2011 no auditado presentado por la empresa a la SVS el viernes pasado. Una semana antes, al presentar su situación financiera auditada, informó de pérdidas acumuladas al 31 de julio de 2011 por $408.589 millones, unos US$830 millones.
Una vez más resulta inexplicable que la Superintendencia de Valores (SVS) permita que se transen sus títulos en estas circunstancias, máxime cuando hoy lunes los acreedores definirán si acogen el convenio judicial preventivo para la empresa o votan la quiebra de la misma. Cualquiera sea la decisión de los acreedores –entre ellos también los fondos de pensiones a través de su inversión en bonos de La Polar–, significará tener que reconocer una pérdida de, según las estimaciones que han trascendido, al menos 35%, incluyendo también bancos, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales. Cabe recordar que cada emisión de bonos fue autorizada por la SVS, y de ese modo validada ante el mercado, mientras la Comisión Clasificadora de Riesgo –integrada, entre otros, por un representante de cada uno de los superintendentes de Valores, de AFP y de Bancos– los hizo elegibles como alternativa de inversión para los fondos de pensiones, sin asumir hasta la fecha responsabilidades por no haber cumplido con su rol de fiscalizar y detectar las irregularidades develadas con posterioridad y que fueron detectadas por aficionados y no por los expertos mandatados por ley para ello. Tal como lo señalara el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, hace un par de días: “Si las irregularidades en La Polar hubiesen sido cometidas en un año, es posible creer que las autoridades no se dieran cuenta, pero que las malas prácticas se mantuvieran por una década y que los reguladores nunca se dieran cuenta de nada, es impensable”.
AUSENCIA FISCALIZADORA
El que la acción se siguiera transando, salvo una suspensión puntual después de estallado el caso en junio, pese a que no existía claridad respecto de la real situación financiera de La Polar hasta el 27 de octubre pasado, y hoy cuando las cifras hablan de una empresa técnicamente quebrada, vuelven a la memoria las palabras contenidas en el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para el Caso La Polar: “Las instituciones que se indican y quienes han estado a su cargo durante el período en que se cometieron los hechos objeto de la investigación, comparten, a juicio de esta Comisión, en distintos grados una importante responsabilidad en cuanto a la falta de regulación, previsión, y/o fiscalización de los hechos ocurridos en empresas La Polar S.A. al menos desde el año 2006 hasta la fecha.
La Comisión determinó que la información en poder de las superintendencias de Bancos, Valores y Seguros, AFP, la Comisión Clasificadora de Riesgo, Decreto Ley N°3.500, y el público en general, era suficiente para levantar una razonable sospecha del comportamiento financiero y real situación interna en que se encontraba la empresa investigada.
Por lo anterior, todos los órganos fiscalizadores mencionados anteriormente son solidariamente responsables de lo ocurrido, habiendo actuado, al menos, con falta de la debida diligencia y cuidado en sus labores fiscalizadoras.
Más en general, estos problemas dejan en evidencia el inmovilismo que ha caracterizado a las instancias públicas encargadas de la regulación del sector. Si bien antes de la crisis financiera internacional de los últimos diez años se podía alegar que se carecía de antecedentes para indagar en el tema, después de ella resulta inaceptable que no se hubiera iniciado una investigación general sobre la posibilidad que estuvieran en operación actividades delictivas de esta naturaleza, lo que atañe también tanto al Ministerio de Hacienda como al Banco Central, al menos durante los últimos diez años”.
SUPERINTENDENCIAS
Las conclusiones del Informe de la Cámara apuntan en el caso de los reguladores a responsabilidades de la Superintendencia de Bancos, por negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, especialmente en cuanto a las enfocadas a supervisar a los emisores de tarjetas de crédito tanto bancarios como no bancarios.
Responsabiliza a la Superintendencia de Valores por la negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y la falta de cuidado en el desempeño de su labor, al menos desde el año 2006. “La supervisión que realiza la SVS se construye sobre los informes entregados por los auditores externos y las empresas clasificadoras de riesgo y, complementariamente, con revisiones propias de manera selectiva para verificar la veracidad de la información financiera presentada. La SVS no advirtió que los estados financieros presentados por Empresa La Polar no eran consistentes, a pesar de tener facultades de fiscalización directa y no sólo delegadas”.
En el caso de la Superintendencia de Pensiones “tiene responsabilidades –según la Comisión Investigadora– en cuanto no inició acciones luego de la crisis financiera de los últimos diez años para enfrentar eventuales comportamientos fraudulentos de los gestores de los instrumentos en los cuales pueden invertir los fondos de pensiones. Esta omisión contribuyó a que la crisis de La Polar afectara gravemente a dichos fondos”.
Asimismo, destaca que las tres superintendencias tienen cada una un representante en la Comisión Clasificadora de Riesgo, cuya responsabilidad en el caso “estriba en que no ejerció la facultad de rechazar la clasificación de los bonos y efectos de comercio emitidos por La Polar, en particular la última emisión de bonos de diciembre 2010, demostrando negligencia en su actuar”.
A la luz de los hechos, sigue presente el inmovilismo de los fiscalizadores al que aluden los parlamentarios, y que en el caso de La Polar tuvo su primera manifestación visible en 2003, cuando el controlador Southern Cross coloca un 20% de la empresa en Bolsa para su apertura y 60 días después reduce su participación en la compañía a un 56%, informando de ello recién en su memoria de 2003 (entregada en abril de 2004), sin que la SVS le exigiera explicaciones.
En estos últimos meses, la SVS le permitió seguir transando sus acciones, avalando una gigantesca asimetría de información que recién está saliendo a la luz.
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