Incumplimiento de deberes y obligaciones de entidades privadas y públicas, identificó la comisión investigadora de diputados.
Con más de 12 sugerencias para efectuar modificaciones legales concluyó el trabajo de cuatro meses realizado por la comisión investigadora de diputados sobre el caso La Polar, con el objeto de restablecer la confianza a los consumidores e inversionistas.
Analizadas las prácticas de repactaciones unilaterales y los hechos asociados, el informe señala que hubo fallas de todo el marco de fiscalización financiera al no detectar las irregularidades que llevaba a cabo la multitienda por largos años. Todos los actores de la cadena tienen responsabilidad, sentencia el documento: partiendo por los directores y ejecutivos de la empresa, las auditoras, clasificadora de riesgo y las Administradoras de Fondos de Pensiones. Asimismo, señala a las Superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros, de AFP, la Comisión Clasificadora de Riesgo del Banco Central y del Sernac.
Es significativa la crítica que hacen los diputados, al señalar que este caso deja en “evidencia el inmovilismo que ha caracterizado a las instancias públicas encargadas de la regulación del sector”. Y que si bien antes de la crisis financiera se podía alegar desconocimiento, hoy resulta “inaceptable que no se hubiera iniciado una investigación general sobre la posibilidad que estuvieran en operación actividades delictivas de esta naturaleza, lo que atañe tanto al Ministerio de Hacienda como al Banco Central, al menos durante los últimos 10 años”.
Considerando que el “sistema de supervisión financiera es débil, no es confiable”, sugiere la instancia, que se deben cambiar las superintendencias, “porque han demostrado no ser eficientes ni eficaces” para pasar a una nueva etapa de supervisión y transformarlas en una comisión de valores, de solvencia, de comportamiento de mercado y de pensiones, y lograr una supervisión más preventiva de estos entes”.
El grupo de parlamentarios pedirá que haya pronunciamiento de la Contraloría, de los ministerios de Hacienda y Economía. Al tiempo que plantean que es indispensable ajustar el sistema penal para sancionar con cárcel a quienes hayan incurrido en estos delitos, consistente con el gran daño que han provocado a los consumidores, a las instituciones, al sistema y al país.
www.estrategia.cl
Con más de 12 sugerencias para efectuar modificaciones legales concluyó el trabajo de cuatro meses realizado por la comisión investigadora de diputados sobre el caso La Polar, con el objeto de restablecer la confianza a los consumidores e inversionistas.
Analizadas las prácticas de repactaciones unilaterales y los hechos asociados, el informe señala que hubo fallas de todo el marco de fiscalización financiera al no detectar las irregularidades que llevaba a cabo la multitienda por largos años. Todos los actores de la cadena tienen responsabilidad, sentencia el documento: partiendo por los directores y ejecutivos de la empresa, las auditoras, clasificadora de riesgo y las Administradoras de Fondos de Pensiones. Asimismo, señala a las Superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros, de AFP, la Comisión Clasificadora de Riesgo del Banco Central y del Sernac.
Es significativa la crítica que hacen los diputados, al señalar que este caso deja en “evidencia el inmovilismo que ha caracterizado a las instancias públicas encargadas de la regulación del sector”. Y que si bien antes de la crisis financiera se podía alegar desconocimiento, hoy resulta “inaceptable que no se hubiera iniciado una investigación general sobre la posibilidad que estuvieran en operación actividades delictivas de esta naturaleza, lo que atañe tanto al Ministerio de Hacienda como al Banco Central, al menos durante los últimos 10 años”.
Considerando que el “sistema de supervisión financiera es débil, no es confiable”, sugiere la instancia, que se deben cambiar las superintendencias, “porque han demostrado no ser eficientes ni eficaces” para pasar a una nueva etapa de supervisión y transformarlas en una comisión de valores, de solvencia, de comportamiento de mercado y de pensiones, y lograr una supervisión más preventiva de estos entes”.
El grupo de parlamentarios pedirá que haya pronunciamiento de la Contraloría, de los ministerios de Hacienda y Economía. Al tiempo que plantean que es indispensable ajustar el sistema penal para sancionar con cárcel a quienes hayan incurrido en estos delitos, consistente con el gran daño que han provocado a los consumidores, a las instituciones, al sistema y al país.
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