Piñera da luz verde a un nuevo plan de concesiones que impulsará la inversión foránea.
El Gobierno chileno ha anunciado un nuevo plan de concesiones que llega en el mejor momento para la nación como marca-país en materia de inversión: cuando Chile ocupa los primeros puestos en competitividad, facilitación de negocio y crecimiento y cuando se ha reavivado el interés de las empresas extranjeras por establecerse allí. Acontece también en un momento inmejorable a nivel global, cuando la llegada de capital exterior no deja de fluir hacia Latinoamérica, convertida en lugar rentable y seguro para las inversiones por su buen desempeño durante la crisis financiera, su dinamismo y sus mejoras en estabilidad y seguridad jurídica. El nuevo plan, que contempla inversiones por más de 11.000 millones de dólares y que abarca sectores en los que las empresas españolas, ya muy arraigadas y presentes en Chile, pueden estar muy interesadas, cobra forma justo cuando se cumplen 18 años del surgimiento del moderno sistema chileno de concesiones, un modelo que en apenas dos décadas ha dotado al país de una de las infraestructuras más modernas de Latinoamérica y ha añadido valor estratégico para la expansión sostenida del país.
A través de licitaciones reguladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Estado chileno ha adjudicado hasta mediados de 2011 a inversores privados nacionales y extranjeros 60 contratos por 12.348 millones de dólares. Los proyectos otorgados mediante este mecanismo han redundado en la construcción y operación de autopistas, aeropuertos, puertos, hospitales, parque inmobiliario, penitenciarías y obras de agua potable, subsanando un déficit de infraestructuras que aún sigue siendo moneda corriente en muchos países de la región y cuyos gobiernos se han lanzado a reducir a través de grandes proyectos de desarrollo y asociaciones público-privadas. En este sentido, Chile ha sido pionero y ha ganado terreno a sus vecinos a la hora de dotarse de un entorno que facilita y atrae la inversión. Ejemplo de éxito en el modelo fue la construcción de la Costanera Norte, una moderna autopista urbana en Santiago que costó 1.500 millones de dólares.
Un modelo exitoso
De hecho, Gobierno y agentes sociales chilenos coinciden en destacar el éxito del vigente modelo de concesiones, que ha triplicado la inversión en obras públicas en los últimos años y resuelto el problema del déficit de infraestructura. No obstante, Chile, que viene creciendo un 5% anual de promedio desde 1990, se enfrenta a la necesidad de reconstruir parte de lo obrado en los últimos años debido al devastador impacto del terremoto que sufrió el país el año pasado.
En realidad, Chile comenzó a aplicar en 2010 una nueva Ley de Concesiones de Obras Públicas, redactada en tiempo récord con la meta de agilizar proyectos y licitaciones y encarar la reconstrucción de la infraestructura dañada por el seísmo. Pero ya durante los últimos años se ha venido modificando la Ley de Concesiones para adaptarla a proyectos más complejos.
Así, se ha perfeccionado el mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y los concesionarios a través de la creación de un Panel Técnico que permite lograr un equilibrio entre los intereses públicos y privados, se han llevado a cabo cambios en los modelos de gestión de obras mediante la incorporación de compromisos de niveles de servicios que deberán ser mantenidos durante toda la vida de la concesión, y se ha incorporado la posibilidad de concesionar servicios y la provisión de equipamiento. Asimismo, se ha creado un Consejo de Concesiones con la finalidad de orientar las políticas de concesiones de obras públicas y se han regulado fuertemente las posibles modificaciones contractuales para lo cual se establece con mayor precisión los supuestos en los que el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no previstas.
En los últimos tiempos, los esfuerzos de dirigen a reducir los tiempos de tramitación mediante la mejora de la coordinación interna y externa y el fomento de las iniciativas privadas como mecanismos de inversión. Es por ello que en los nuevos contratos se intentan diversificar los sistemas de adjudicación (tarifa, plazo, VPI, tramos), incorporar nuevas tecnologías y dar mayor importancia a los análisis territoriales.
La cartera de proyectos más importante
El propio ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, ha calificado este impulso al mecanismo concesionario chileno, creado originalmente en 1993, como "la más importante cartera de proyectos desde que se inició el sistema de concesiones". La idea del Gobierno del presidente Sebastián Piñera es reformular y promover el sistema con una cartera de proyectos por 11.739 millones de dólares entre 2011 y 2014, año este último en que vence su mandato.
Y es que, pese a que el modelo ha funcionado, encara nuevos y difíciles retos, y no sólo los procedentes de la necesidad de reconstruir las infraestructuras más afectadas por el seísmo. En redes viales, el Gobierno chileno destaca que el mayor desafío hoy es dar un paso más en la modernización e ir más allá de mejoras para reducir la congestión de tráfico y hacer más accesibles muchos puntos de la geografía. La idea es construir vías más rápidas, seguras y menos contaminantes, y potenciar la integración de las redes viales, aeroportuaria y marítima para fortalecer la actividad económica. También se examinará la forma de aliviar los costes, ya que amplios segmentos de usuarios se quejan del excesivo nivel de las tarifas que aplican las concesionarias en servicios que hace unos años eran competencia exclusiva del Estado.
Reformular el sistema
El empresariado chileno ha acogido muy positivamente el plan Piñera para reformular el sistema. El principal respaldo proviene de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), que viene reclamando una política de Estado más clara hacia el sector y la reducción de los plazos de tramitación de proyectos. Copsa pide al Ejecutivo el diseño de fórmulas más efectivas para la realización de obras, la confección de buenas bases de licitación y una mejora de los incentivos para potenciar las iniciativas privadas, algo con lo que se revitalizará un sistema concesionario que, pese a su éxito, había perdido fuelle en los últimos años en opinión del sector.
De momento, el programa de concesiones hasta 2014 engloba en 61 proyectos los 11.700 millones previstos en inversiones, de los que 1.850 millones se materializarán este año y de los que la parte del león atañe a infraestructura y redes viales. El 26% se refiere a infraestructura vial urbana, un 58% a infraestructura vial interurbana, un 2% a infraestructura penitenciaria, un 3% a infraestructura hospitalaria, un 4% a edificación pública, un 2% a obras de riego y un 5% a infraestructura aeroportuaria.
En infraestructura vial, donde se destinarán 1.606 millones a redes interurbanas y 2.500 millones autopistas urbanas, destacan los proyectos para construir la autopista Américo Vespucio Oriente (1.172 millones de dólares), la Autopista Costanera Central (1.184 millones de dólares), la carretera Rutas del Loa (223 millones) y la Interconexión Vial Logística Portuaria de Concepción (371 millones), así como mejoras y nuevos enlaces en la Ruta 5, que une La Serena con Puerto Montt y que desde el comienzo del sistema de Concesiones ha sido un punto central de las licitaciones. También destacan los proyectos para la Autopista Concepción-Cabrero y el plan Alternativas de acceso a Iquique (ambos adjudicados este año a Sacyr Chile), la autopista Nahuelbuta y la Interconexión Vial Tres Pinos.
En infraestructura hospitalaria, donde ya están concesionados los hospitales La Florida y Maipú, el programa contempla la construcción de otros seis centros, que requerirán una inversión de 1.338 millones. En el campo aeroportuario el proyecto de mayor envergadura es la relicitación del aeropuerto de Santiago AMB actualmente operado por SCL, prevista para 2013 con una inversión presupuestada en obras de 480 millones de dólares. También se licitarán los aeropuertos Cerro Moreno de Antofagasta y El Loa del Calama y, para 2012, se abrirá concurso para la Terminal de la Florida, en la Serena. En infraestructura portuaria se licitarán las nuevas etapas de modernización de San Antonio y Valparaíso por 300 y 352 millones de dólares para aplicar el Plan Chile Portuario 2020. En otros sectores se contempla impulsar el Metro en Santiago y Valparaíso y llevar a cabo el proyecto clave de la remodelación del estero Marga en Viña del Mar.
Polo de atracción
El anuncio de la nueva cartera de proyectos y licitaciones en obras públicas es un polo de atracción para la participación de empresas españolas ya implantadas allí como ACS, Sacyr, OHL, Acciona, Abertis, Isolux, FCC, Cintra-Ferrovial y Abengoa. De hecho Sacyr construyó la Autopista Nororiente y este año se ha adjudicado la Ruta alternativa a Iquique, Abertis controla las Rutas del Pacífico y ACS construirá y explotará la Ruta 5.
Además, Chile pretende dar un renovado impulso a la inversión exterior no sólo en infraestructuras. El foco de atención son las energías renovables, un sector en el que las empresas españolas están desembarcando con fuerza en toda Latinoamérica. El objetivo para Chile, expresado por el propio ministro de Energía chileno, Rodrigo Álvarez Zenteno, que acaba de invitar a las compañías hispanas a invertir en los planes de su Gobierno sobre energías renovables y redes de transmisión, es que España, desbanque a Estados Unidos como principal inversor extranjero.
La meta última es garantizar para Chile, que en los dos últimos años ha sufrido dos grandes apagones eléctricos, una energía más segura, más económica y más limpia. De hecho, Chile desarrolla proyectos de energía solar fotovoltaica, una central termosolar en Atacama y es uno de los países latinoamericanos más activos en el desarrollo de la eólica. El ministro Álvarez Zenteno asegura que en los sectores solar y eólico, Chile dispone de un "inmenso espacio de inversión" y señala que bancos y grupos empresariales chilenos están interesados en invertir en el sector, por lo que pueden facilitar financiación a las compañías que aporten tecnología, como las españolas. Además de ambiciosos cambios en generación y transmisión, Chile se ha marcado como prioridad unir los dos grandes sistemas eléctricos con los que cuenta el país y construir interconexiones con los países vecinos y una carretera eléctrica.
Buenos tiempos
El nuevo plan de concesiones llega, además, cuando organismos y analistas internacionales no dejan de resaltar los logros de Chile en competitividad, facilitación de inversión y productividad, más allá de los ránking del WEF y del índice Doing Business, en los que Chile ocupa plazas destacadas en la región. En el Índice de Competitividad Global del WEF ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el puesto 30 entre 133 economías y el Informe de Competitividad Mundial 2011 del IMD le sitúa como el país más competitivo de Latinoamérica. En su último análisis Doing Business, el Banco Mundial señala que Chile es el cuarto país de Latinoamérica donde más fácil es hacer negocios, por detrás de México, Perú y Colombia, y el número 43 entre 183 economías.
La revista Forbes acaba de situar a Chile como el mejor y más atractivo país para hacer negocios de Latinoamérica en una lista en la que también destacan Perú, México y Panamá. Chile ocupa el puesto 24 de un total de 134, una posición a la que ha aupado al país tanto su economía, caracterizada por un alto nivel de comercio internacional, como su reputación de disponer de fuertes instituciones financieras y de sólidas políticas, señala Forbes, que recuerda que el país tiene la mejor calificación crediticia de toda Sudamérica.
Tras Chile, los países más atractivos para las empresas son Perú (42), México (57) y Panamá (60), en una clasificación que lideran Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong y en el que España se sitúa en número 32. Dentro de Latinoamérica Uruguay ocupa el puesto (61) y Colombia el 62 y a estos países les siguen Costa Rica (69), Jamaica (70), Brasil (73), República Dominicana (76), El Salvador (81), Paraguay (85), Guatemala (91), Argentina (95), Nicaragua (111), Ecuador (114), Honduras (117), Bolivia (123), Haití (128) y, por último, Venezuela (130). Forbes elabora ese ránking a partir del estudio de once factores diferentes, entre los que se encuentran derechos de autor, innovación, impuestos, tecnología, corrupción, libertad, protección a los inversores o desempeño de los mercados de valores.
Asimismo, Chile encabeza la competitividad económica de la región, según el informe realizado ADEN Business School, que coteja el nivel de bienestar de los habitantes de 18 países y cómo se enfrenta el desafío de la competencia en medio de una economía globalizada. Si bien Brasil es líder en cuanto a infraestructura y Paraguay obtiene las mejores expectativas de la población, Chile manda en el ránking gracias a su puntuación en cobertura de necesidades básicas, estabilidad macroeconómica, salud, aspectos institucionales y eficiencia en las relaciones laborales. Luego siguen países con "competitividad aceptable", como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú. Sin sorpresas, Venezuela y Bolivia ocupan los últimos lugares de la lista.
Por otro lado, la agencia S&P acaba de ubicar al país andino a la cabeza de la productividad en la región en su informe América Latina: La esforzada clase media del mundo, donde se señala que aventaja a Brasil y a México en este aspecto. El documento atribuye a Chile una nota del 75% en relación a la productividad, frente a un índice del 60% para Brasil y México. Asimismo, se acaba de conocer que Chile se mantiene en el puesto 39 en la clasificación de imagen-país (Nation Brand Index 2011) y ha escalado a la cuarta posición en la región latinoamericana, sólo por detrás de Brasil, Argentina y México.
www.capitalmadrid.com
El Gobierno chileno ha anunciado un nuevo plan de concesiones que llega en el mejor momento para la nación como marca-país en materia de inversión: cuando Chile ocupa los primeros puestos en competitividad, facilitación de negocio y crecimiento y cuando se ha reavivado el interés de las empresas extranjeras por establecerse allí. Acontece también en un momento inmejorable a nivel global, cuando la llegada de capital exterior no deja de fluir hacia Latinoamérica, convertida en lugar rentable y seguro para las inversiones por su buen desempeño durante la crisis financiera, su dinamismo y sus mejoras en estabilidad y seguridad jurídica. El nuevo plan, que contempla inversiones por más de 11.000 millones de dólares y que abarca sectores en los que las empresas españolas, ya muy arraigadas y presentes en Chile, pueden estar muy interesadas, cobra forma justo cuando se cumplen 18 años del surgimiento del moderno sistema chileno de concesiones, un modelo que en apenas dos décadas ha dotado al país de una de las infraestructuras más modernas de Latinoamérica y ha añadido valor estratégico para la expansión sostenida del país.
A través de licitaciones reguladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Estado chileno ha adjudicado hasta mediados de 2011 a inversores privados nacionales y extranjeros 60 contratos por 12.348 millones de dólares. Los proyectos otorgados mediante este mecanismo han redundado en la construcción y operación de autopistas, aeropuertos, puertos, hospitales, parque inmobiliario, penitenciarías y obras de agua potable, subsanando un déficit de infraestructuras que aún sigue siendo moneda corriente en muchos países de la región y cuyos gobiernos se han lanzado a reducir a través de grandes proyectos de desarrollo y asociaciones público-privadas. En este sentido, Chile ha sido pionero y ha ganado terreno a sus vecinos a la hora de dotarse de un entorno que facilita y atrae la inversión. Ejemplo de éxito en el modelo fue la construcción de la Costanera Norte, una moderna autopista urbana en Santiago que costó 1.500 millones de dólares.
Un modelo exitoso
De hecho, Gobierno y agentes sociales chilenos coinciden en destacar el éxito del vigente modelo de concesiones, que ha triplicado la inversión en obras públicas en los últimos años y resuelto el problema del déficit de infraestructura. No obstante, Chile, que viene creciendo un 5% anual de promedio desde 1990, se enfrenta a la necesidad de reconstruir parte de lo obrado en los últimos años debido al devastador impacto del terremoto que sufrió el país el año pasado.
En realidad, Chile comenzó a aplicar en 2010 una nueva Ley de Concesiones de Obras Públicas, redactada en tiempo récord con la meta de agilizar proyectos y licitaciones y encarar la reconstrucción de la infraestructura dañada por el seísmo. Pero ya durante los últimos años se ha venido modificando la Ley de Concesiones para adaptarla a proyectos más complejos.
Así, se ha perfeccionado el mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y los concesionarios a través de la creación de un Panel Técnico que permite lograr un equilibrio entre los intereses públicos y privados, se han llevado a cabo cambios en los modelos de gestión de obras mediante la incorporación de compromisos de niveles de servicios que deberán ser mantenidos durante toda la vida de la concesión, y se ha incorporado la posibilidad de concesionar servicios y la provisión de equipamiento. Asimismo, se ha creado un Consejo de Concesiones con la finalidad de orientar las políticas de concesiones de obras públicas y se han regulado fuertemente las posibles modificaciones contractuales para lo cual se establece con mayor precisión los supuestos en los que el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no previstas.
En los últimos tiempos, los esfuerzos de dirigen a reducir los tiempos de tramitación mediante la mejora de la coordinación interna y externa y el fomento de las iniciativas privadas como mecanismos de inversión. Es por ello que en los nuevos contratos se intentan diversificar los sistemas de adjudicación (tarifa, plazo, VPI, tramos), incorporar nuevas tecnologías y dar mayor importancia a los análisis territoriales.
La cartera de proyectos más importante
El propio ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, ha calificado este impulso al mecanismo concesionario chileno, creado originalmente en 1993, como "la más importante cartera de proyectos desde que se inició el sistema de concesiones". La idea del Gobierno del presidente Sebastián Piñera es reformular y promover el sistema con una cartera de proyectos por 11.739 millones de dólares entre 2011 y 2014, año este último en que vence su mandato.
Y es que, pese a que el modelo ha funcionado, encara nuevos y difíciles retos, y no sólo los procedentes de la necesidad de reconstruir las infraestructuras más afectadas por el seísmo. En redes viales, el Gobierno chileno destaca que el mayor desafío hoy es dar un paso más en la modernización e ir más allá de mejoras para reducir la congestión de tráfico y hacer más accesibles muchos puntos de la geografía. La idea es construir vías más rápidas, seguras y menos contaminantes, y potenciar la integración de las redes viales, aeroportuaria y marítima para fortalecer la actividad económica. También se examinará la forma de aliviar los costes, ya que amplios segmentos de usuarios se quejan del excesivo nivel de las tarifas que aplican las concesionarias en servicios que hace unos años eran competencia exclusiva del Estado.
Reformular el sistema
El empresariado chileno ha acogido muy positivamente el plan Piñera para reformular el sistema. El principal respaldo proviene de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), que viene reclamando una política de Estado más clara hacia el sector y la reducción de los plazos de tramitación de proyectos. Copsa pide al Ejecutivo el diseño de fórmulas más efectivas para la realización de obras, la confección de buenas bases de licitación y una mejora de los incentivos para potenciar las iniciativas privadas, algo con lo que se revitalizará un sistema concesionario que, pese a su éxito, había perdido fuelle en los últimos años en opinión del sector.
De momento, el programa de concesiones hasta 2014 engloba en 61 proyectos los 11.700 millones previstos en inversiones, de los que 1.850 millones se materializarán este año y de los que la parte del león atañe a infraestructura y redes viales. El 26% se refiere a infraestructura vial urbana, un 58% a infraestructura vial interurbana, un 2% a infraestructura penitenciaria, un 3% a infraestructura hospitalaria, un 4% a edificación pública, un 2% a obras de riego y un 5% a infraestructura aeroportuaria.
En infraestructura vial, donde se destinarán 1.606 millones a redes interurbanas y 2.500 millones autopistas urbanas, destacan los proyectos para construir la autopista Américo Vespucio Oriente (1.172 millones de dólares), la Autopista Costanera Central (1.184 millones de dólares), la carretera Rutas del Loa (223 millones) y la Interconexión Vial Logística Portuaria de Concepción (371 millones), así como mejoras y nuevos enlaces en la Ruta 5, que une La Serena con Puerto Montt y que desde el comienzo del sistema de Concesiones ha sido un punto central de las licitaciones. También destacan los proyectos para la Autopista Concepción-Cabrero y el plan Alternativas de acceso a Iquique (ambos adjudicados este año a Sacyr Chile), la autopista Nahuelbuta y la Interconexión Vial Tres Pinos.
En infraestructura hospitalaria, donde ya están concesionados los hospitales La Florida y Maipú, el programa contempla la construcción de otros seis centros, que requerirán una inversión de 1.338 millones. En el campo aeroportuario el proyecto de mayor envergadura es la relicitación del aeropuerto de Santiago AMB actualmente operado por SCL, prevista para 2013 con una inversión presupuestada en obras de 480 millones de dólares. También se licitarán los aeropuertos Cerro Moreno de Antofagasta y El Loa del Calama y, para 2012, se abrirá concurso para la Terminal de la Florida, en la Serena. En infraestructura portuaria se licitarán las nuevas etapas de modernización de San Antonio y Valparaíso por 300 y 352 millones de dólares para aplicar el Plan Chile Portuario 2020. En otros sectores se contempla impulsar el Metro en Santiago y Valparaíso y llevar a cabo el proyecto clave de la remodelación del estero Marga en Viña del Mar.
Polo de atracción
El anuncio de la nueva cartera de proyectos y licitaciones en obras públicas es un polo de atracción para la participación de empresas españolas ya implantadas allí como ACS, Sacyr, OHL, Acciona, Abertis, Isolux, FCC, Cintra-Ferrovial y Abengoa. De hecho Sacyr construyó la Autopista Nororiente y este año se ha adjudicado la Ruta alternativa a Iquique, Abertis controla las Rutas del Pacífico y ACS construirá y explotará la Ruta 5.
Además, Chile pretende dar un renovado impulso a la inversión exterior no sólo en infraestructuras. El foco de atención son las energías renovables, un sector en el que las empresas españolas están desembarcando con fuerza en toda Latinoamérica. El objetivo para Chile, expresado por el propio ministro de Energía chileno, Rodrigo Álvarez Zenteno, que acaba de invitar a las compañías hispanas a invertir en los planes de su Gobierno sobre energías renovables y redes de transmisión, es que España, desbanque a Estados Unidos como principal inversor extranjero.
La meta última es garantizar para Chile, que en los dos últimos años ha sufrido dos grandes apagones eléctricos, una energía más segura, más económica y más limpia. De hecho, Chile desarrolla proyectos de energía solar fotovoltaica, una central termosolar en Atacama y es uno de los países latinoamericanos más activos en el desarrollo de la eólica. El ministro Álvarez Zenteno asegura que en los sectores solar y eólico, Chile dispone de un "inmenso espacio de inversión" y señala que bancos y grupos empresariales chilenos están interesados en invertir en el sector, por lo que pueden facilitar financiación a las compañías que aporten tecnología, como las españolas. Además de ambiciosos cambios en generación y transmisión, Chile se ha marcado como prioridad unir los dos grandes sistemas eléctricos con los que cuenta el país y construir interconexiones con los países vecinos y una carretera eléctrica.
Buenos tiempos
El nuevo plan de concesiones llega, además, cuando organismos y analistas internacionales no dejan de resaltar los logros de Chile en competitividad, facilitación de inversión y productividad, más allá de los ránking del WEF y del índice Doing Business, en los que Chile ocupa plazas destacadas en la región. En el Índice de Competitividad Global del WEF ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el puesto 30 entre 133 economías y el Informe de Competitividad Mundial 2011 del IMD le sitúa como el país más competitivo de Latinoamérica. En su último análisis Doing Business, el Banco Mundial señala que Chile es el cuarto país de Latinoamérica donde más fácil es hacer negocios, por detrás de México, Perú y Colombia, y el número 43 entre 183 economías.
La revista Forbes acaba de situar a Chile como el mejor y más atractivo país para hacer negocios de Latinoamérica en una lista en la que también destacan Perú, México y Panamá. Chile ocupa el puesto 24 de un total de 134, una posición a la que ha aupado al país tanto su economía, caracterizada por un alto nivel de comercio internacional, como su reputación de disponer de fuertes instituciones financieras y de sólidas políticas, señala Forbes, que recuerda que el país tiene la mejor calificación crediticia de toda Sudamérica.
Tras Chile, los países más atractivos para las empresas son Perú (42), México (57) y Panamá (60), en una clasificación que lideran Canadá, Nueva Zelanda y Hong Kong y en el que España se sitúa en número 32. Dentro de Latinoamérica Uruguay ocupa el puesto (61) y Colombia el 62 y a estos países les siguen Costa Rica (69), Jamaica (70), Brasil (73), República Dominicana (76), El Salvador (81), Paraguay (85), Guatemala (91), Argentina (95), Nicaragua (111), Ecuador (114), Honduras (117), Bolivia (123), Haití (128) y, por último, Venezuela (130). Forbes elabora ese ránking a partir del estudio de once factores diferentes, entre los que se encuentran derechos de autor, innovación, impuestos, tecnología, corrupción, libertad, protección a los inversores o desempeño de los mercados de valores.
Asimismo, Chile encabeza la competitividad económica de la región, según el informe realizado ADEN Business School, que coteja el nivel de bienestar de los habitantes de 18 países y cómo se enfrenta el desafío de la competencia en medio de una economía globalizada. Si bien Brasil es líder en cuanto a infraestructura y Paraguay obtiene las mejores expectativas de la población, Chile manda en el ránking gracias a su puntuación en cobertura de necesidades básicas, estabilidad macroeconómica, salud, aspectos institucionales y eficiencia en las relaciones laborales. Luego siguen países con "competitividad aceptable", como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú. Sin sorpresas, Venezuela y Bolivia ocupan los últimos lugares de la lista.
Por otro lado, la agencia S&P acaba de ubicar al país andino a la cabeza de la productividad en la región en su informe América Latina: La esforzada clase media del mundo, donde se señala que aventaja a Brasil y a México en este aspecto. El documento atribuye a Chile una nota del 75% en relación a la productividad, frente a un índice del 60% para Brasil y México. Asimismo, se acaba de conocer que Chile se mantiene en el puesto 39 en la clasificación de imagen-país (Nation Brand Index 2011) y ha escalado a la cuarta posición en la región latinoamericana, sólo por detrás de Brasil, Argentina y México.
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