Como consecuencia del escándalo provocado por La Polar y los cuestionamientos a la auditora de la empresa desde 2007, PWC, un grupo transversal de diputados -que incluye a Joaquín Godoy (RN), Osvaldo Andrade (PS) y Alejandra Sepúlveda (PRI) entre otros- presentó una moción que acota el desempeño de las auditoras y eleva las sanciones.
Según el texto, una auditora no podrá prestar servicios contables y luego supervisar esa contabilidad como empresa externa de una misma firma en un plazo de cinco años sucesivos. Además, acota a dos años el lapso de servicio de éstas a una misma compañía. Sobre las sanciones por incumplimiento, propone que se eleven a presidio mayor en cualquiera de sus grados.
La moción también aborda los juicios colectivos, agravando las penas a una multa equivalente al 300% del perjuicio ocasionado y presidio mayor en cualquiera de sus grados para casos en que la querella incluya a 50 o más personas.
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