Néstor O. Scibona
Para LA NACION
Si hubiera que atenerse a declaraciones formuladas en Asunción por Amado Boudou, su función como ministro de Economía sólo se limita a ejecutar las decisiones que adopta en este terreno la presidenta Cristina Kirchner. Por carácter transitivo, si CFK se sucediera a sí misma tras las elecciones de octubre, la política económica no debería cambiar demasiado en un nuevo período presidencial, independientemente de quién ocupe la conducción del Palacio de Hacienda. La única certeza es que Boudou tendrá que mudarse al Senado y dejar vacante su actual sillón.
A partir de ese punto, todas son incógnitas; al menos, para los empresarios y economistas que buscan imaginar desde ahora ese hipotético escenario.
Las dudas se acrecientan cada vez que Cristina habla de "profundizar" el modelo que heredó de Néstor Kirchner, el cual, a su vez, ya poco tiene que ver con el que su esposo había recibido en 2003 del tándem Duhalde-Lavagna. Con un gobierno que sólo se dedica a exaltar logros y negar sistemáticamente problemas -comenzando por la inflación de dos dígitos y el ocultamiento por parte del Indec de datos para medir su impacto socioeconómico- toda referencia a una profundización indicaría entonces el propósito de reforzar los aspectos que marchan bien y seguir desentendiéndose de los que están mal.
Este razonamiento lineal supone que, a más largo plazo, no corregir los problemas (derivados de la dinámica inflacionaria, los descomunales subsidios estatales, el deterioro cambiario, o las discrecionales intervenciones de Guillermo Moreno, entre otros), aumenta los riesgos de comprometer el fenomenal crecimiento de la actividad y del consumo.
Sobre todo, en una economía que opera casi al máximo de su capacidad, crea cada vez menos empleos privados (apenas 1,7% anual desde fines de 2007), sufre una fuerte salida de capitales (unos 8000 millones de dólares en el primer semestre) y necesitaría un shock de inversión para sostener la fuerte expansión del PBI de los últimos años (8% anual promedio).
La alternativa sería que CFK decidiera corregir aquellas distorsiones sin privilegiar réditos electorales de corto plazo, como ha sido una constante. De hecho, no hay un escenario de crisis por delante y, con los dólares y recursos fiscales que aporta la soja, existe margen para aplicar una política que reduzca gradualmente la inflación a partir de 2012.
Sin embargo, aquí surgen interrogantes más complejos. Para el cristinismo es preferible negar la inflación o atacar sus efectos antes que sus causas, porque entiende que cualquier política antiinflacionaria (ortodoxa o heterodoxa) equivaldría a enfriar la economía. De ahí que su estrategia fiscal se base en disponer de "caja" para aumentar el gasto público por encima de lo que sube la recaudación tributaria y financiar el déficit con emisión del Banco Central y aportes de la Anses que, además, se ha convertido en un organismo multipropósito para el Gobierno.
No es por casualidad que Cristina haya presentado a su compañero de fórmula como un "premio" a Boudou por haber sido artífice de la estatización de la jubilación privada (que aportó una caja multimillonaria); ni que Diego Bossio (actual titular de la Anses) suene como uno de los candidatos a reemplazarlo ante un triunfo oficialista. Con este esquema, otra incógnita es si no estarán en la mira otras "cajas" a las cuales echar mano desde el Estado, en un abanico que podría ir desde los seguros de riesgos laborales hasta los aportes a obras sociales, en nombre de profundizar el modelo.
Tampoco es casual que CFK haya respaldado a la titular del BCRA al concurrir -por segundo año consecutivo- a las Jornadas Monetarias organizadas por la entidad. Mercedes Marcó del Pont impulsa desde hace años una reforma de la carta orgánica para reemplazar la misión del BCRA de preservar el valor de la moneda por la de impulsar el crecimiento económico y el empleo, mediante el manejo del crédito y el uso como recurso fiscal de las reservas, que dejaron de crecer.
En esas mismas jornadas, el joven economista Axel Kicillof (39 años), profesor de la UBA e integrante de La Cámpora, sorprendió a buena parte del auditorio al sostener que el BCRA "no puede ser independiente, aunque quiera", y que "fue instrumento del ajuste y no del crecimiento", sin precisar en qué período. Lo más desconcertante fue cuando aseguró que el gasto público, la sobreemisión monetaria y los aumentos de salarios no son causantes de la inflación, sino que esa idea surge de las teorías ortodoxas y monetaristas impuestas en la Argentina por la dictadura militar y que son sostenidas hasta el presente, aún por economistas que se definen como keynesianos.
Kicillof, quien además es subgerente de Aerolíneas y candidato a director por la Anses en Siderar, sostuvo con razón que tras la crisis global de 2008 se necesita un nuevo paradigma de teoría económica; que hay un retorno a la figura de Keynes, de quien se declaró admirador, y que en los EE.UU. el gobierno inyecta más dinero en la economía sin que se registre un proceso inflacionario.
Omitió, sin embargo, que las teorías keynesianas surgieron como una respuesta a la Gran Depresión de los años 30 y que las políticas fiscales y monetarias ultraexpansivas no tienen el mismo impacto en una economía que sale de una recesión y tiene alta capacidad ociosa (como la Argentina del período 2002/2006), que en un contexto de fuerte crecimiento e inflación creciente como el de los últimos años. Cuando sube la oferta y baja la demanda de pesos, éstos se transforman en bienes o dólares, lo cual crea mayores presiones inflacionarias y/o devaluatorias.
La Argentina, en esta materia, tiene ya varios posgrados.
Más allá de la chicana de relacionar racionalidad fiscal y monetaria con dictadura, el dato político es que muchos discursos de Cristina abrevan en estas ideas, que en realidad atrasan cuatro décadas. Y que, para cualquier observador con experiencia en la economía argentina, la sola mención de La Cámpora (de creciente influencia en el entorno presidencial) o La Gelbard (una agrupación de empresarios pymes con aval oficial) remite a una época de descontrol macroeconómico e inflación reprimida que luego conduciría al Rodrigazo (1975), la primera híper de la Argentina.
La gran diferencia es que entonces casi no existían la soja, ni las cosechas récord de los últimos años, que ahora evitan restricciones externas y aportan enormes recursos fiscales. Pero, aún así, el superávit comercial alimenta hoy la fuga de capitales por desconfianza y la recaudación por retenciones ya no alcanza para cubrir los imparables subsidios para mantener congeladas las tarifas como inequitativa política social.
Una prueba de ello es que representan 4% del PBI, contra 0,6% de la Asignación Universal por Hijo. De ahí que el recorte gradual de subsidios sea probablemente en el próximo período una de las formas más rápidas de recuperar caja, mientras el cristinismo decide si seguir forzando el crecimiento o asegurarlo para los próximos años.
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