Tras varios días de análisis, el directorio de La Polar acordó ayer iniciar el proceso legal para un convenio judicial preventivo, con el objetivo de negociar con sus acreedores los pasivos de la compañía.
Según el presidente de la empresa, César Barros, este paso es “condición esencial” para el futuro aumento de capital, “para dar tranquilidad a sus 8 mil trabajadores, seguir atendiendo a sus clientes y comenzar la tarea refundacional de La Polar 2.0”.
Para ello, se instruyó a sus asesores legales, la oficina del abogado Nelson Contador -el mismo que hizo el anterior convenio de La Polar-, para comenzar con todas las gestiones jurídicas que corresponda, ya que la idea es tener lista una presentación del documento para la próxima semana. En tanto, hoy la junta de tenedores de bonos se pronunciará sobre si apoya la presentación de un convenio, lo cual requiere del apoyo del 50% .
Barros agregó que esta decisión “recoge una sugerencia de los más importantes acreedores, con quienes tendremos que negociar los términos finales de este convenio”.
Este camino cobró fuerza, pues le permite reprogramar las tasas de interés y las condiciones de pago a un plazo ideal que sería de 10 años plazo, tomando en cuenta su actual realidad financiera. “Tomamos esta decisión en consideración a la dificultad de obtener unanimidad entre los acreedores, tarea que podría tomar largo tiempo. Además, buscamos evitar entregar vetos injustos a algunos de ellos, corriendo el riesgo de obligarnos a defender a la empresa de eventuales peticiones de quiebra”, reconoció Barros.
Los números hasta ahora muestran que la multitienda tiene compromisos financieros por US$ 984 millones, los cuales se desprenden de la siguiente forma: a los bancos les debe US$ 244 millones, a los tenedores de bonos otros US$ 548 millones, por efectos de comercio unos US$ 128 millones y US$ 64 millones por otros servicios. Según ha trascendido, la negociación más complicada podría darse con los bancos, especialmente aquellos que tienen fechas de pago en el corto plazo. Con los tenedores de bonos, en tanto, las tratativas podrían ser más simples, pues sus plazos son más largos e incluso podrían ser prácticamente los mismos.
Evitar la quiebra
Ahora bien, si el acuerdo judicial se presenta apoyado por dos o más acreedores que representen más del 50% del total pasivo, entrega 90 días para llegar a un acuerdo con los proveedores financieros, y los acreedores no podrán solicitar la quiebra del deudor, en este caso de La Polar. Tampoco podrán iniciar juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase y se suspenden procedimientos judiciales.
Para todo el proceso, el presidente de la Corte de Apelaciones designa a un árbitro especializado ante quien la empresa debe presentar el convenio. Luego, el árbitro solicita al acreedor mayoritario que nombre al Síndico Informante del Convenio para ver la viabilidad de la propuesta y su conveniencia para los acreedores. Después de esto, será la junta de acreedores la que votará el convenio. El síndico también debe velar por los correctos pagos. Si la propuesta de convenio logra el acuerdo de dos tercios de los acreedores presentes en la junta, que representen tres cuartos del pasivo con derecho a voto (valistas), se aprueba el convenio.
En tanto, La Polar informó ayer que con los nuevos cálculos de las provisiones se puede llegar a un máximo de más de $ 555 mil millones.
Según el presidente de la empresa, César Barros, este paso es “condición esencial” para el futuro aumento de capital, “para dar tranquilidad a sus 8 mil trabajadores, seguir atendiendo a sus clientes y comenzar la tarea refundacional de La Polar 2.0”.
Para ello, se instruyó a sus asesores legales, la oficina del abogado Nelson Contador -el mismo que hizo el anterior convenio de La Polar-, para comenzar con todas las gestiones jurídicas que corresponda, ya que la idea es tener lista una presentación del documento para la próxima semana. En tanto, hoy la junta de tenedores de bonos se pronunciará sobre si apoya la presentación de un convenio, lo cual requiere del apoyo del 50% .
Barros agregó que esta decisión “recoge una sugerencia de los más importantes acreedores, con quienes tendremos que negociar los términos finales de este convenio”.
Este camino cobró fuerza, pues le permite reprogramar las tasas de interés y las condiciones de pago a un plazo ideal que sería de 10 años plazo, tomando en cuenta su actual realidad financiera. “Tomamos esta decisión en consideración a la dificultad de obtener unanimidad entre los acreedores, tarea que podría tomar largo tiempo. Además, buscamos evitar entregar vetos injustos a algunos de ellos, corriendo el riesgo de obligarnos a defender a la empresa de eventuales peticiones de quiebra”, reconoció Barros.
Los números hasta ahora muestran que la multitienda tiene compromisos financieros por US$ 984 millones, los cuales se desprenden de la siguiente forma: a los bancos les debe US$ 244 millones, a los tenedores de bonos otros US$ 548 millones, por efectos de comercio unos US$ 128 millones y US$ 64 millones por otros servicios. Según ha trascendido, la negociación más complicada podría darse con los bancos, especialmente aquellos que tienen fechas de pago en el corto plazo. Con los tenedores de bonos, en tanto, las tratativas podrían ser más simples, pues sus plazos son más largos e incluso podrían ser prácticamente los mismos.
Evitar la quiebra
Ahora bien, si el acuerdo judicial se presenta apoyado por dos o más acreedores que representen más del 50% del total pasivo, entrega 90 días para llegar a un acuerdo con los proveedores financieros, y los acreedores no podrán solicitar la quiebra del deudor, en este caso de La Polar. Tampoco podrán iniciar juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase y se suspenden procedimientos judiciales.
Para todo el proceso, el presidente de la Corte de Apelaciones designa a un árbitro especializado ante quien la empresa debe presentar el convenio. Luego, el árbitro solicita al acreedor mayoritario que nombre al Síndico Informante del Convenio para ver la viabilidad de la propuesta y su conveniencia para los acreedores. Después de esto, será la junta de acreedores la que votará el convenio. El síndico también debe velar por los correctos pagos. Si la propuesta de convenio logra el acuerdo de dos tercios de los acreedores presentes en la junta, que representen tres cuartos del pasivo con derecho a voto (valistas), se aprueba el convenio.
En tanto, La Polar informó ayer que con los nuevos cálculos de las provisiones se puede llegar a un máximo de más de $ 555 mil millones.
www.df.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario