Convenio judicial con acreedores gana terreno en La Polar

Presentación en tribunales evitaría que cualquier acreedor pida la quiebra de la compañía.

por M. José Tapia y V. Cofré

El directorio de La Polar debe, entre sus varias decisiones, resolver la presentación de un convenio judicial preventivo. Esa opción, según fuentes ligadas a la compañía, tiene altas probabilidades de ejecutarse frente a la alternativa de un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Este último requiere unanimidad, algo que nunca es fácil de conseguir. Un convenio judicial, en cambio, requiere de la anuencia de la mayoría y, como contrapartida, la blinda de cualquier petición de quiebra que un acreedor intente presentar. "Probablemente es la mejor opción", dice un cercano a La Polar.

Para presentar el convenio requiere el apoyo de más del 50% de los acreedores, pero para aprobarlo necesita el respaldo de 2/3 de los acreedores, que representen al menos el 75% de las acreencias. "Cuando existen distintas posiciones, es mejor optar por lo sano y presentar el convenio judicial", puntualiza un experto. Esta alternativa permitiría a la firma negociar de manera más ordenada y sin tanta presión con sus acreedores, porque otorga un plazo de 90 días durante el cual no se puede decretar la quiebra.

El retailer tiene tres grupos de acreedores: los bancos, a quienes adeuda unos $ 142.411 millones (unos US$ 300 millones); los tenedores de bonos, con 12 millones de UF (unos US$ 570 millones); y los tenedores de efectos de comercio, con $ 64.950 millones (cerca de US$ 140 millones). Mientras los bancos y las AFP ya concedieron un aplazamiento de 90 días, con los tenedores de efectos de comercio aún no hay acuerdo. Estos acreedores tienen vencimientos programados para este año, entre el 16 de octubre y hasta el 26 de diciembre. En el caso de los tenedores de bonos, los vencimientos comienzan en 2012. "Los tenedores de comercio son los que se verían más afectados en una reprogramación a largo plazo, porque tienen vencimientos inmediatos", dice una fuente que admite la dificultad de lograr un acuerdo pronto con esos acreedores.

El directorio discutirá este tema durante esta semana. Otra cosa que debe definir es el futuro de Eduardo Bizama, el gerente general que llega el 25 de julio, algo que el directorio debe ratificar o revertir.

Ayer, la SVS otorgó a la compañía plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus estados financieros auditados para el período del 1 de enero al 31 de julio de 2011. Trascendió que, por ahora, PwC no volverá a revisar los balances de 2010 de La Polar.

Directorio de la empresa ficha a dos abogados como nuevos asesores

El directorio de La Polar sumó dos nuevos asesores. Se trata de los abogados Manuel José Vial Vial y Juan Pablo Hermosilla Osorio. El primero es socio del Grupo Vial Abogados y director de ScotiaBank Chile, de Compañía Molinera San Cristóbal y de Papeles Industriales, además de consejero de la Sofofa.

El jurista de la Universidad Católica y ex profesor de Derecho Civil del mismo establecimiento fue también asesor del directorio de Farmacias Ahumada, tras las diferencias entre minoritarios y mayoritarios por el caso colusión.

Hermosilla, en tanto, es socio del estudio de abogados Hermosilla & Compañía. El penalista -titulado de la Universidad Católica- asesora actualmente a Max Marambio en su conflicto con el gobierno cubano y a Jorge Yarur, accionista del BCI, en sus diferencias económicas con Daniel Yarur.

Ambos asesorarán directamente al directorio, en un trabajo complementario al que desarrollan los abogados contratados para representar a la empresa. En lo civil, trabajan para La Polar los abogados Juan Enrique Allard y José Joaquín Laso, de Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz. En lo penal, Davor Harasic asesora a La Polar.

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