Un borrador de la cita del 8 de junio dice que Julián Moreno informó monto de créditos renegociados.
por Víctor Cofré
El miércoles 9 de junio el mercado amaneció sorprendido y paralizado. La Polar informó temprano que las provisiones para cubrir créditos en riesgo serían 10 veces mayores a las del año previo -hasta $ 200 mil millones- y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspendió la acción por dos horas. Un día antes, el directorio tuvo la segunda de sus dos sesiones extraordinarias de esa semana. Se reunieron entre las 9 de la mañana y las 20.15 horas. Diez días después, el secretario del directorio, el abogado Juan Enrique Allard, envió a los directores un borrador de acta de esa sesión, el que aún está en etapa de revisión y firma por cada director, quienes pueden agregar o corregir sus intervenciones. Ese borrador ya fue entregado al Ministerio Público, que investiga el escándalo. Aquí, varios extractos de ese texto.
Los asistentes
Presidió la cita Pablo Alcalde Saavedra y asistieron Heriberto Urzúa, Francisco Gana, Fernando Tisné, Luis Hernán Paul y Martín Costabal. Andrés Ibáñez participó vía conferencia telefónica. También estuvieron el gerente general Martín González, la gerenta de administración María Isabel Farah y los abogados Jorge Delpiano Kraemer y Juan Enrique Allard. También concurrió Eduardo Bizama, quien asumirá la gerencia general el 25 de julio. Los directores intercambiaron al inicio de la sesión opiniones sobre la demanda presentada la semana previa por el Sernac y sus consecuencias comerciales y financieras. El tema había sido analizado in extenso dos días antes de ese 8 de junio.
Hecho esencial y Bolsa
Fernando Tisné, socio de Moneda y director de La Polar desde el 25 de mayo, abrió los fuegos. "Este directorio ha tomado conocimiento de situaciones muy graves y complejas, de una magnitud mucho mayor a la que se había dimensionado", dijo Tisné, según el borrador de la sesión. Por ello, Tisné pidió considerar la emisión de un hecho esencial y, eventualmente, pedir la suspensión de las transacciones en Bolsa. Martín Costabal lo secundó. Heriberto Urzúa coincidió en la necesidad de enviar un hecho esencial que revele los nuevos antecedentes y las medidas adoptadas.
"El presidente Sr. Pablo Alcalde señaló que, a su juicio, se debe informar al mercado con prudencia, de forma tal que se entregue toda la información necesaria junto con las medidas adoptadas, pero pensar que hay una compañía que debe seguir operando y que tiene la posibilidad de recuperarse", dice el borrador del acta. Costabal coincidió con Alcalde, pero Tisné, dice el acta, reiteró que el tema es de altísima gravedad, que puede implicar fraude, y que debe ser informado con urgencia.
Despidos
"Tisné fue de la opinión de desvincular a otras personas que ocupan cargos ejecutivos y han tenido a su cargo o responsabilidad las áreas que se han visto involucradas en actuaciones contrarias a las políticas de la empresa, y que esto debía efectuarse en forma inmediata", describe el texto. Alcalde responde que deben analizarse distintas opciones, pero añade que "la empresa necesita seguir caminando y creciendo y para ello no se pueden desarmar los equipos que han venido trabajando".
Urzúa concordó con Tisné, pero pidió evitar daños mayores a la firma, en lo que fue apoyado por Costabal.
Luis Hernán Paul sugirió como criterio distinguir entre incompetencia y ocultamiento. Paul planteó que "en caso de ocultamiento, las personas deben ser marginadas en forma inmediata" y que, en el otro caso, "pueden ser acompañados de terceros que apoyen" sus funciones.
Los gerentes
Por la gravedad de la situación, Heriberto Urzúa solicitó llamar a los gerentes de Producto Financiero Julián Moreno y de Sistemas y Logística Pablo Fuenzalida "y solicitó, además, que se grabase esta parte de la sesión, para lo cual se dispusieron los medios tecnológicos necesarios". También asistió la ex gerenta de administración María Isabel Farah.
Moreno presentó el cálculo de las provisiones en base a cada tramo de cartera según vencimientos. La cartera crediticia, luego de castigos, ascendía a $ 752 mil millones. Los renegociados sumaban $ 140 mil millones y los no renegociados, $ 612 mil millones. De los primeros, la cifra se desglosa en $ 89 mil millones en repactados y $ 51 mil millones a la cartera normal.
"Julián Moreno señaló que, de la cartera no renegociada que es de $ 612 mil millones, $ 455 mil millones corresponde a la cartera que habría sido repactada sin autorización", dice el acta. Moreno sugirió una provisión adicional cercana a los $ 120 mil millones.
"Los directores en su totalidad manifestaron sorpresa y molestia por la oportunidad y forma en la que esta información estaba siendo recibida, dada la gravedad de la misma", escribió Allard.
Julián Moreno señaló que el sistema de renegociación se comenzó a aplicar en 2008 y que "a comienzos del 2009 se percató de un problema en los incentivos de los cobradores, ya que estos ponían al día a los clientes morosos mediante las renegociaciones automáticas y luego cobraban sus comisiones", según el acta.
Moreno estimó la provisión basado "en un factor de simulación con la provisión mínima del 30%". Consultado por Tisné, "señaló que ese criterio se fijó basado en el histórico de cobranza de la empresa de su cartera antigua en su primera quiebra y que alcanzó niveles cercanos al 80% de recuperación.
A otra consulta de Tisné sobre por qué "no levantó esta información con anterioridad Julián Moreno señaló que probablemente debió hacerlo". El director Francisco Gana señaló que hubo instancias para ello, tanto en el directorio como en el Comité de Directores y que en ambos casos, jamás se planteó la existencia de este tipo de prácticas.
Heriberto Urzúa consultó a María Isabel Farah por qué el sistema o modelo aplicado por ella jamás reflejó esta situación, ésta señaló que eran sistemas separados y que esta parte de la cartera estaba contenida en un sistema distinto, que no se comunicaba con el que ella ocupaba para el análisis de camadas y el cálculo de las provisiones.
Urzúa preguntó qué estaban haciendo sobre esta cartera y Moreno comentó que a principios del 2010 se generó un comité integrado por él, el gerente general de la época, Nicolás Ramírez, Farah y un asesor externo.
Tras un prolongado análisis y discusión, se acordó en forma unánime fijar un rango de provisiones de entre $ 150 mil millones y $ 200 mil millones.
Las decisiones
Tras deliberar sobre la gravedad de lo informado, el directorio adoptó medidas: contratar a Eduardo Bizama como nuevo gerente general, pedir la renuncia a Moreno, fichar un nuevo gerente de crédito, pedir una evaluación externa a Deloitte y contratar como auditores a Ernst & Young. Además, el directorio acordó que esa misma tarde Alcalde y Urzúa se reuniesen con el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, "con el objetivo de ponerlo en antecedentes de esta delicada situación", y emitir un hecho esencial develando el caso antes de que los mercados abrieran, al día siguiente. El 9 de junio de 2011.
www.latercera.cl
No hay comentarios.:
Publicar un comentario