EL ESCANDALO financiero de La Polar evidencia una serie de fallas graves que afectan la confianza, el activo más importante del mercado de capitales.
Es ineludible la responsabilidad de actores como el directorio anterior y el actual o los máximos ejecutivos, quienes, de acuerdo con la Ley de Valores, no pueden alegar desconocimiento. En este tipo de organizaciones debe existir un Comité de Directorio encargado del control interno de la compañía.
La SVS debe fiscalizar los estados financieros que le envían las sociedades anónimas abiertas. Asimismo, la SBIF debe fiscalizar créditos, deudas y provisiones de emisores de tarjetas de créditos no bancarias, que tienen deudas totales sobre cierto monto, tales como las grandes tiendas; si La Polar estaba bajo ese monto, claramente existió una falla en la regulación.
Pareciera que los analistas de AFP, Fondos Mutuos y departamentos de estudios, entre otros, también erraron, pese a las señales que debió haber entregado la cuenta de deudores renegociados. Los clasificadores de riesgo y los auditores externos, por su parte, deben entregar su opinión competente sobre los estados financieros, el sistema de control interno para advertir riesgos y la solvencia de la empresa, revisando su situación financiera y perspectivas del negocio. Si bien las AFP pueden invertir en determinada acción o instrumento de deuda -y La Polar tiene bonos en el mercado-, si las auditoras externas sólo opinaron basadas en la información entregada por la empresa, claramente incumplieron sus obligaciones.
Esto es perjudicial para la fe pública y para la credibilidad de las clasificadoras que, luego de presentarse el problema, bajaron significativamente la clasificación de la empresa; se supone que estas entidades proporcionan información sobre la solvencia y perspectivas de la sociedad anónima. En ambos casos vale preguntarse, ¿cuál es entonces su rol en el mercado?
Sin embargo, el impacto de la caída de las acciones en el valor de las cuotas de AFP es muy bajo. Es casi imposible pensar que ha sido una equivocación, dada la declaración del propio directorio de la empresa. Si hubo manipulación para que no bajaran las acciones en la Bolsa, se trata de un delito de acuerdo con la Ley de Valores, por influir sobre el precio de mercado de un título.
Nos preciamos por el desarrollo y eficiencia de este mercado; pero si no existe convencimiento de todos los actores que tienen accountability, y la confianza y credibilidad son claves, estamos mal. Si no hay una clara sanción social sobre quienes idean y ejecutan esas acciones -por parte de fiscalizadores, clasificadores, bolsas, directorios de empresas, analistas y también sanción social de los inversionistas, respecto a que la información privilegiada es una mala práctica- tendremos un sistema subdesarrollado.
Si no tenemos conciencia sobre las responsabilidades de los actores hacia el conjunto de la comunidad, el mercado será una silla con una pata rota, que ante cualquier remezón hará caer la confianza, lo que puede llevar a sobrerreacciones reguladoras, que limitarán, aún más, el desarrollo sano del mercado de capitales en Chile.
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