La Personería de Bogotá abrió investigación disciplinaria al alcalde Local de Teusaquillo, Juan Carlos Almonacit, por no hacer seguimiento y no poner freno a las obras que se adelantaron en el establecimiento comercial, ubicado en la Calle 53.
El ente de control había advertido al funcionario sobre la situación, pero este no atendió a cabalidad el requerimiento. Las obras ya se culminaron.
La firma Ilovín S.A solicitó en septiembre de 2009 a la Curaduría 4 de Bogotá, una licencia de construcción para la ampliación y modificación del predio donde funciona el establecimiento comercial, conocido como Falabella, en el centro comercial Galerías, después de dar inicio a las obras, incurriendo en una grave infracción urbanística.
Por su parte, el Curador Urbano otorga la licencia sin tener en cuenta que era exigible un estudio de tránsito; aceptando planos arquitectónicos sin firma del responsable y sin tener claridad en la cuota de cupos de parqueaderos, ya que se redujo a 27, razón por la cual la Personería solicitó y obtuvo la revocatoria de la licencia.
Así mismo, el ente de control en su momento solicitó al Alcalde Local la verificación del inicio de obra y la actuación administrativa a través de una querella por no tener licencia. El funcionario sólo realizó una visita en el mes de junio de 2009; no hizo seguimiento a la obra y no impuso los sellos correspondientes para frenarla, permitiendo su culminación.
Una infracción urbanística de este tipo implica una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente, por metro cuadrado construido, es decir, que en este caso el Alcalde Local deberá imponer en primera instancia a Falabella una multa cercana a los 100 o 150 millones de pesos.
El Consejo de Justicia es en ultimas quien debe imponer la medida y en este proceso puede tardar de dos a tres años. Ilovín S.A debe solicitar de nuevo la licencia y en caso de no obtenerla el alcalde deberá ordenar la demolición.
El caso de Falabella se suma a las más de 10 mil querellas existentes en las 19 localidades por infracciones urbanísticas; los 853 expedientes con orden de demolición pendientes por ejecutar por parte de las Alcaldías Locales y los 517 casos que están pendientes de fallo en el Consejo de Justicia.
A Bogotá le adeudan más de 44 mil millones de pesos por este tipo de contravenciones y gran parte de la responsabilidad corresponde a los alcaldes locales.
La Curaduría Urbana 4 de Bogotá también incurrió en irregularidades al otorgar otra licencia para la ampliación y modificación del tercer piso del "Centro Comercial Galerías". La Personería de Bogotá a través de su Delegada para Medio Ambiente logró la revocatoria.
La licencia se otorgó sin estudio de transito; sin contemplar elementos de espacio publico, red vial, condiciones de accesibilidad y adicionalmente y sin estudios del impacto del establecimiento por el volumen de personas que ingresen al Centro Comercial.
Plan
El Personero de Bogotá Francisco Rojas Birry espera que la Administración Distrital en los próximos días presente un plan de mejoramiento que permita ejecutar las medidas decretadas por el Consejo de Justicia para recuperar los 44 mil millones de pesos que los infractores urbanísticos deben a la ciudad.
http://www.larepublica.com.co
No hay comentarios.:
Publicar un comentario