El principal resultado económico del país en el 2009 fue consolidar su capacidad de respuesta a las crisis y contener sus impactos. Este avance es trascendental para garantizar la sostenibilidad de los logros sociales en el futuro.
Históricamente, América Latina ha borrado en las crisis lo que construye en los auges. La respuesta de Colombia a la crisis de 2009 marcó un hito en nuestra economía. Por primera vez enfrentamos un 'choque' externo con las herramientas que recomiendan los textos de economía: reducción de tasas de interés, estímulo fiscal y expansión de la red de protección social.
Esto fue posible gracias a lecciones del pasado (ej., la crisis de 1999 condujo a mejor regulación bancaria y a la implementación de mecanismos de protección a los más vulnerables como Familias en Acción); al avance en el 'estado del arte' en política económica (una tasa de cambio flexible, reencauche de las políticas keynesianas, desprestigio de la austeridad fiscal a ultranza); pero sobre todo, por la creciente fortaleza e independencia financiera del país.
El aumento del ahorro interno (impulsado por los fondos de pensiones privados), el manejo prudente de la deuda, una situación fiscal sólida, los incentivos a la inversión extranjera y una inflación controlada, garantizaron el acceso al financiamiento del Gobierno y de privados (2009 fue récord en emisión de bonos corporativos), y ampliaron el margen de maniobra en coyunturas de crisis.
Por ello, a pesar de sufrir un segundo 'choque' por la restricción de exportaciones a Venezuela, se estima que el país cerró el 2009 con una tasa de crecimiento ligeramente positiva, superando a 'consentidos' del mercado como Brasil y Chile, y al 75 por ciento de las 57 principales economías del mundo, a las que hace seguimiento The Economist.
Pero quizás la comparación más diciente es con la crisis de 1999, cuando la economía colombiana se contrajo en 4,2 por ciento y el alza en las tasas de interés condujo a que miles de familias perdieran su vivienda, y a una crisis financiera que costó 6,5 por ciento del PIB y elevó a niveles récord el endeudamiento público.
Como consecuencia, el país perdió seis años de progreso social, y sólo hasta el 2004 se alcanzó el ingreso per cápita de 1997. En esta ocasión, se perderá únicamente un año en materia de ingreso por habitante.
Estas comparaciones también ilustran el comportamiento de la variable macro que más afecta a las familias: el desempleo. El 2009 no fue un buen año en este frente, como lo corrobora el aumento de 335.000 en los desempleados entre diciembre del 2008 y el 2009. Sin embargo, y reconociendo que no es consuelo para quienes padecen esta situación, Colombia salió relativamente bien librada de la crisis. Mientras en los países desarrollados se registró un crecimiento promedio de desocupación del 58 por ciento en septiembre de 2008- 2009, el aumento correspondiente en Colombia fue del 11 por ciento.
En ese período, nos ubicamos en la media latinoamericana en incremento del desempleo, mejor que Chile y México, pero peor que Brasil y Perú. Una vez más, la comparación con la crisis de 1999 es sugestiva.
Entre septiembre de 1997 y el mismo mes de 1999, la tasa de desocupación en Colombia subió un 65 por ciento, de 9,8 a 16,3 por ciento, según la metodología de la época -y el número de desempleados aumentó aproximadamente en 1'300.000.
En cambio, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo período del 2009, la tasa de desempleo en el país creció 11,7 por ciento, y el número de personas sin puesto, en 452.000 (ver gráfico). Las medidas implementadas en el último año ayudaron a evitar una catástrofe laboral como la de hace una década.
Hacia adelante, la recuperación se antoja lenta. El efecto Venezuela y la debilidad de otros socios clave como Estados Unidos y Ecuador, dificultarán un rebote vigoroso. En este contexto, y superado el riesgo de una crisis económica más profunda, el empleo cobra aún mayor relevancia. Su mejoría, normalmente va a la zaga de la reactivación económica. Después de la crisis de 1999, la tasa de desempleo siguió aumentando hasta el 2001, borrando los avances sociales de años.
De hecho, y aunque entre el 2002 y el 2009 se crearon aproximadamente 2,9 millones empleos nuevos, el país no ha regresado a los niveles de desempleo de un dígito de mediados de los noventa.
Más allá de los efectos de coyuntura, felizmente controlados en esta oportunidad, los altos niveles de desempleo en Colombia llaman a la reflexión. Desafortunadamente, las visiones sobre cómo bajarlos difieren diametralmente.
Muchos consideran que el desafío reside principalmente en las rigideces de nuestro mercado laboral, como un salario mínimo que es alto con relación al PIB per cápita (56 por ciento en Colombia contra 37 por ciento en Brasil y 11 por ciento en México), y elevados costos laborales no salariales.
En la orilla opuesta, están quienes consideran que un salario mínimo robusto con beneficios adicionales impulsa el consumo interno, y que allanar restricciones al enganche y despido de trabajadores sólo contribuye a la tercerización y al empleo temporal.
Cerrar esta brecha no es fácil, y este Gobierno ha buscado construir consensos en este campo. Se han protegido los derechos y beneficios de los trabajadores y ha habido aumentos controlados en el salario mínimo (entre el 2002 y el 2010 éste aumentó 9 por ciento en términos reales en pesos, aunque por la revaluación el incremento en dólares fue del 73 por ciento).
Al mismo tiempo se ha buscado, dentro de las restricciones constitucionales, flexibilizar rigideces con el pago gradual de parafiscales para Mipymes nuevas y la expansión del programa de aprendices para atacar el desempleo juvenil. Lo cierto es que hasta que comenzó la desaceleración en el 2008, esta estrategia mostraba resultados, aunque no a la velocidad deseada y sin reducir contundentemente la informalidad.
De hecho, Colombia fue el tercer país que más redujo su tasa de desempleo entre el 2002 y el 2007, de las 7 principales economías de América Latina, detrás de Argentina y Venezuela. Una salida a esta disyuntiva sería establecer salarios mínimos diferenciales que den mejor cuenta de las brechas en productividad entre diferentes sectores y regiones, y niveles de calificación de los trabajadores.
Esta práctica es común en el mundo (Chile e Irlanda lo hacen por edad, China y Canadá por regiones, Australia y México por sector), y en Colombia se aplicó por muchos años (urbano vs. rural). La brecha de productividad entre campo y ciudad en el país se estima en un 50 por ciento. Asimismo, el salario mínimo equivale más o menos al 35 por ciento del ingreso por habitante en Bogotá, mientras que en el Chocó, al 120 por ciento aproximadamente.
La única manera de lograr una verdadera convergencia en ingresos y bienestar entre campo y ciudad, agro e industria y las regiones del país es reconociendo sus diferencias y reflejándolas en las políticas públicas.
Colombia tiene los instrumentos y la institucionalidad para hacer frente a una crisis preservando los arduos logros sociales acumulados en años buenos. Ahora corresponde mirar hacia adelante y pensar en otras políticas y reformas para solucionar los problemas estructurales que persisten, incluso después de que las crisis amainan.
http://www.portafolio.com.co
No hay comentarios.:
Publicar un comentario