El mundo y nuestro país han sido víctimas de la crisis económica, que se inició en Estados Unidos como consecuencia de la falta de regulación de su mercado financiero. De esta manera todas las naciones han sido afectadas en mayor o menor medida en áreas tan relevantes como las de sus economías reales, en sus ámbitos sociales y muy especialmente en el campo de sus familias más vulnerables.
La cesantía y el incumplimiento forzado de las obligaciones comerciales han mermado considerablemente la calidad de vida de millones de personas y cientos de miles de medianos y pequeños empresarios han quebrado o se encuentran en los umbrales de la bancarrota, un hecho que para Chile resulta dramático si se considera que ellos son quienes más fuentes de trabajo generan. Esto ha significado que miles de chilenos convertidos en desempleados hayan perdido bienes que adquirieron con gran sacrificio o se encuentren expuestos a perderlos.
Cada día queda más claro quiénes son los responsables de este verdadero genocidio financiero y económico. Queda igualmente nítida la circunstancia de que sus causas y responsables están vinculados al sistema financiero, mundial y nacional, y en especial al sector especulador de las bolsas de valores, donde sus operadores pueden obtener enormes ganancias en pocos minutos y enriquecerse en igual tiempo.
Entre los principales culpables resalta Bernard L. Madoff, que operando a través de fondos de inversiones fraudulentos fraguó y consumó una estafa por más de 60 mil millones de dólares. Ese timador estadounidense, hasta hace poco reconocido como “hombre bueno y respetable financista”, hoy cumple una sentencia de 150 años en un penal de Carolina del Norte.
En Chile ocurre algo parecido, aunque lamentablemente sin las consecuencias de prisión antes referidas. Así lo demuestran las millonarias ganancias obtenidas abusiva e ilegalmente a través de la “información privilegiada” a que tienen acceso algunos directores y ejecutivos de sociedades cuyas acciones se venden o compran vertiginosamente a precios que ellos conocen. Un ilícito que les reditúa ganancias multimillonarias, pero que cuando es descubierto por la autoridad, sólo es sancionado con multas -como ocurrió con el señor Sebastián Piñera- siempre muy inferiores a las utilidades que devenga la ilegalidad, que de ese modo se convierten en verdaderos botines que además sirven para financiar campañas presidenciales.
Cuesta aceptar que mientras la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas sufre esta crisis, los bancos hayan obtenido en los últimos seis meses utilidades por 1.400 millones de dólares. Cómo no van a obtener semejantes ganancias cuando sólo los créditos de consumo les reportan 25% anual de utilidades por intereses, lo que se eleva a 42% en el caso de las tarjetas de crédito. Estos guarismos, que a simple vista constituyen una barbaridad, se inscriben entre los más altos del mundo y difieren sustantivamente de los que existen en Europa y en EEUU, donde no superan 12% anual.
En síntesis, no admite discusión el hecho de que en el sistema financiero están los verdaderos y únicos responsables de la crisis que nos afecta. Una difícil coyuntura cuyo costo lo están pagando principalmente los trabajadores y los medianos y pequeños empresarios, que tienen a la postre como verdaderos patrones a bancos y otras entidades financieras, pues de éstos depende la subsistencia de las empresas en que tales trabajadores laboran y las fuentes de trabajo que generan, como asimismo las que podrían generar si contaran con apoyos financieros exentos de abusos agiotistas.
Es en ese centro neurálgico de nuestra economía donde el poder financiero, que finalmente controla todo el sistema económico del país, continúa actuando con un manifiesto y desvergonzado afán de especulación y enriquecimiento injusto, todo al margen de cualquier consideración por quienes, como los trabajadores y empresarios pequeños y medianos, despliegan los mayores sacrificios que el progreso demanda.
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