La alarma se extiende entre las empresas extranjeras implantadas en China a medida que Beijing intensifica sus acusaciones contra Rio Tinto, el gigante minero australiano, despertando temores a que otras multinacionales se conviertan en blanco de casos similares de supuesta infracción a secretos de estado.
La legislación del país, poco precisa, estipula que cualquier información relacionada con asuntos de defensa, política exterior, desarrollo socioeconómico, ciencia y tecnología, investigación de un delito, entre “otros”, puede considerarse secreto de estado, aun cuando ya sea de dominio público.
Hasta ahora, abogados, activistas de derechos humanos y periodistas chinos han sido las principales víctimas de la legislación. Pero, según ejecutivos y consultores extranjeros, las empresas están cada vez más preocupadas por la posibilidad de verse envueltas en una dura batalla judicial.
“A medida que se dan cuenta de los posibles riesgos que corren por su relación con las empresas estatales chinas, crece la incertidumbre”, explica Jürgen Kracht, director gerente de Fiducia, una consultora con sede en Hong Kong.
La página web de la entidad que monitorea los secretos de estado en China colapsó el lunes después de que miles de usuarios intentaran acceder a los documentos en los que se acusaba a Rio Tinto de espionaje industrial a gran escala y se exigía una revisión completa del modo en que China lidia con secretos de estado.
La revista oficial de la Administración Nacional de Protección de Secretos de Estado planteó que reformas económicas pasadas han aumentado la vulnerabilidad de las empresas estatales y las asociaciones industriales frente a posibles actos de espionaje y pidió la intervención del gobierno.
Entre las propuestas del organismo para la reforma de la legislación se encuentra la revisión de la confusa definición de secretos de Estado, que además de dar a las compañías estatales mejores lineamientos sobre la información que deben resguardar, daría a todos los demás una base legal sólida.
No obstante, las revisiones preliminares hechas en junio no son un buen presagio. Aunque definen con más claridad los poderes del regulador, dejaron prácticamente sin cambios la definición de secreto de estado.
China arrestó a Stern Hu, responsable de marketing y ventas de Rio Tinto en China, y a otros tres empleados del departamento de ventas que trabajan en el país, acusándolos de sobornar a ejecutivos del sector del acero chino para poder acceder a las negociaciones sobre el precio del hierro, consideradas secreto de estado.
Rio niega las acusaciones que le imputan las autoridades chinas.No obstante, la noticia no ha dejado indiferente al resto de empresas extranjeras que operan en el país asiático. “Normalmente, cuando hacemos investigación de mercado en China, nunca dudamos de la legalidad de nuestro trabajo.
Ahora resulta que pueden considerar que parte la información que hemos obtenido es secreto de estado”, aseguraba un ejecutivo de una empresa química europea con presencia en el país.Una consultora dijo que sus clientes demandaban garantías de que identificaría adecuadamente ante potenciales entrevistados en China a todo el personal involucrado en investigación de mercado y que no extraería ninguna información con simulaciones.
“Aunque eso ayuda, en China hay cosas que uno no debe tener en los libros – esa es una razón por la que algunas empresas extranjeras prefieren tener sus servidores en Hong Kong”, dijo un consultor.
Es probable que tales precauciones sean más comunes tras el agresivo tono del regulador de los secretos de estado y de sugerencias como instalar a miembros encubiertos del Partido Comunista en todas las empresas estatales para evitar que se produzcan filtraciones a los grupos extranjeros.
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