Con el agua al cuello

En Estados Unidos quebró Lehman Brothers y Chrysler; y General Motors está a punto de sucumbir. En Chile, Pérsico y Burger Inn también pasaron a engrosar la lista de empresas que la crisis dejó en el camino. Frente a esa ofensiva, la superintendencia del ramo está concentrada en proteger a los trabajadores y en buscar fórmulas para evitar la insolvencia.

Penco es una de las comunas chilenas con más cesantes. De sus 52 mil habitantes, 17 mil forman parte de la fuerza de trabajo. De este total, el 16,7% se encuentra sin trabajo, una de las tasas más altas del país.

Lo más preocupante es que en los últimos dos años la tasa de desocupación casi se duplicó. Y la crisis económica no ha hecho más que aumentar la incertidumbre en la ciudad.

Por esa razón, cuando en el verano las turbulencias internacionales comenzaron a complicar a la planta de Fanaloza una de las más emblemáticas y relevantes de la ciudad , las alarmas se encendieron en forma instantánea.

En la práctica no estaban vendiendo nada. Al igual que los envíos forestales el sector productivo más importante de la zona , las exportaciones de productos de loza para baños se desplomaron durante el último trimestre del año pasado, en especial la línea dedicada exclusivamente al mercado norteamericano.

Las bodegas de Fanaloza en Penco se repletaban con la misma rapidez con que aumentaba la preocupación de los ejecutivos de la empresa.

Pensaban en la alta tasa de desempleo de la comuna y en cuánto se incrementaría si se vieran obligados a despedir a sus 380 empleados.

La incertidumbre en torno al futuro de la planta y de sus trabajadores era enorme. Por eso, en abril los ejecutivos de la compañía se acercaron al seremi del Trabajo de la Región de Biobío, Jorge Oyarzún.

La idea era buscar una salida para evitar que los trabajadores quedaran en la calle, en especial porque se trataba de una mano de obra altamente calificada. Luego de un par de semanas de negociaciones entre la empresa y los sindicatos, salió humo blanco.

El acuerdo al que llegaron fue suspenderle a los trabajadores sus contratos hasta julio, fecha en la que serán reintegrados a la empresa.

Durante el período en que no trabajan, la empresa les pagará dos tercios del sueldo, donde uno de esos tercios consiste en un préstamo de la compañía, además de la cancelación de las cotizaciones y del seguro de cesantía.

Voluntariamente, 280 trabajadores se acogieron a este trato, 50 decidieron trasladarse a las plantas de Santiago y otros 50 quedaron trabajando en un horno menor.

A juicio de Oyarzún, "la sintonía fue espectacular. No podíamos permitir que otras 300 familias de Penco sufrieran por la cesantía".

La fórmula a la que finalmente se llegó fue parecida a la del acuerdo pro empleo que acordaron la CPC y la CUT. Pero tiene una particularidad: lo consiguieron tres semanas antes de que se firmara ese pacto nacional.

El caso de Fanaloza es casi una excepción. Frente a graves caídas en las ventas y riesgo de insolvencia, lo que hace la mayoría de las empresas en esta situación es pedir la quiebra.

Es lo que sucede en períodos de bonanza, pero sobre todo en época de crisis económica. Y éste no ha sido la excepción. De hecho, en lo que va corrido del año se ha declarado en quiebra la mitad del total de empresas que lo hicieron el año pasado.

Pero la cifra que preocupa es la cantidad de trabajadores afectados, que en los primeros meses de este año ya supera con creces a los afectados en todo 2007.

AVALANCHA DE QUIEBRAS

El superintendente de Quiebras, Rodrigo Albornoz, explica que es normal que en los primeros semestres de cada año exista un alto número de quiebras.

"Esto se debe a que los acreedores esperen que termine el año para ver los niveles de insolvencia. Por eso, especialmente en enero, se produce una gran cantidad de declaraciones", acota.

Sin embargo, a esa sobrecarga habitual se han sumado en los últimos meses las compañías a las que la crisis económica las tiene con el agua al cuello.

"Con la crisis hemos visto una mayor actividad en este rubro", sostiene el síndico Patricio Jamarne, quien actualmente tiene a su cargo la quiebra de la tradicional automotora Pérsico.

Las cifras de la superintendencia son claras: en el primer trimestre del año se han declarado 49 quiebras, cifra que representa un incremento de 71,4% respecto al mismo período del año anterior. Y si se comprara con el último trimestre del año pasado, ese número representa un aumento de 10%.

Contabilizadas de enero a la fecha, la cantidad de quiebras aumenta a 79, poco más de la mitad del total del año pasado, cuando se registraron 150. Por rubro, las empresas que más han quebrado pertenecen al comercio mayorista y minorista (24).

Es ahí donde se encuentran las quiebras más emblemáticas de los últimos meses: de marcas recordadas como Pérsico, Inaudito y Burger Inn. A ese rubro le siguen la construcción (13) y las industrias manufactureras no metálicas (10).

TRABAJADORES, LA PRIORIDAD

Sin embargo, la cifra que más preocupa a la autoridad es la de los trabajadores afectados por estos procesos. El año pasado esa cifra alcanzó los 3.942 y este año ya van 1.506, cantidad que supera en forma holgada el total de 2007, cuando se contabilizaron 1.072. Según Albornoz, ahí está puesto actualmente el foco de la superintendencia.

"Nuestra ocupación tiene que ver con los trabajadores afectados por la quiebra. Por eso la fiscalización está enfocada al cumplimiento de los llamados créditos laborales, en los que están incluidas las remuneraciones y las cotizaciones. El sistema de quiebras sobrecarga a los trabajadores, porque además de quedarse sin trabajo se suman otras incertidumbres, como no saber cuánto ni cuándo les pagan".

Una de esas interrogantes la despejó hace algunas semanas la Superintendencia de Quiebras. Y es que la legislación chilena no hace referencia a la quiebra como causal de despido, por lo que en la práctica lo que se aplica en estos hechos es el caso fortuito como causal de despido, lo que implica que al trabajador no se le reconozca su derecho a la indemnización por año de servicio.

Sin embargo, en la quiebra de Pérsico la superintendencia instruyó al síndico para que aplicara la causal de necesidad de la empresa y así se reconocieran las indemnizaciones de sus empleados.

Pese a que en ese caso la instrucción fue específica, desde mediados de abril pasó a ser general y se está aplicando en todas las quiebras.

Albornoz cuenta que además le formuló al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, una serie de propuestas que apuntan a reducir las incertidumbre de los trabajadores que se ven afectados por la quiebra de una empresa.

Entre ellas están la regularización de la situación del subsidio maternal y una norma para explicitar que el ingreso mínimo que se cancela por concepto de indemnizaciones sea igual al sueldo mínimo que se establece cada año por ley.

El superintendente explica que estas modificaciones forman parte de una propuesta prelegislativa que recoge varias ideas planteadas por el senador PS Juan Pablo Letelier y la diputada DC Carolina Goic.

"La idea es que no se sobrecargue al trabajador y que éste no tenga que pelear cada uno de sus derechos en un tribunal", aclara Albornoz.

ENGORROSA Y CARA

Los expertos coinciden en que, además de reducir las incertidumbres de los trabajadores, hay otros aspectos relevantes que es necesario resolver con urgencia.

Juan Carlos Scapini, economista de la Universidad Central, sostiene que los plazos y los costos de la quiebra son uno de los más importantes.

"El proceso es muy engorroso, en el sentido de que demora mucho en procesarse una situación de falencia, y es relativamente caro acceder a la ley quiebras, tanto para la empresa fallida como para los demandantes. Esto porque hay que tener un abogado, llamar a la junta de acreedores, cumplir las mayorías que establece la ley, pagar al síndico, entre otros gastos. El resultado es que sólo las grandes empresas se acojan a la ley y las pequeñas tengan que cerrar la cortinas y esperar que los hechos prescriban, lo que es malo para todos", explica.

Raúl Rivera, presidente del Foro Innovación institución que está elaborando una serie de propuestas sobre el tema en conjunto con la CPC , plantea que en Chile el proceso de quiebra es mucho más lento y la tasa de recuperación es mucho más baja en comparación a los países desarrollados.

"Según el World Bank Doing Business, en Canadá el proceso demora menos de un año y se recupera el 88,7% de las deudas, mientras en Chile se demora 4,5 años y se recupera el 21,3% de las deudas. Lo que es peor, el proceso es tan complejo y caro que sólo las empresas más grandes van a la quiebra legal. Las chicas cierran como sea, de una manera caótica que perjudica a acreedores y deudores por igual, ya que éste sale traumado por la experiencia y temeroso de volver a meterse en un nuevo emprendimiento, además de volverse un paria", sostiene Rivera.

A LA ESPERA DEL MENTOR

A juicio de Scapini, el proceso podría simplificarse a través de la creación de instancias prejudiciales en las que las partes puedan ponerse de acuerdo.

"La figura de un mediador que no sea un síndico es una opción más simplificada", plantea el economista. La Superintendencia de Quiebras ya se prepara para la puesta en marcha de los denominados asesores económicos de insolvencia, que serán vigilados por la superintendencia y que ya están incluidos en el Estatuto Pyme, que está actualmente en tramitación en el Congreso.

De hecho, la semana pasada Rodrigo Albornoz, junto a un equipo del Foro Innovación, viajó a Nueva Zelandia para estudiar el funcionamiento de un sistema similar.

Rivera explica que la principal labor de estos mentores es "asesorar a aquellas empresas con un alto nivel de endeudamiento, antes de que se produzca la quiebra y así ésta se evita, lo que es muy bueno ya que quiebran sólo aquellos que no tienen otra solución".

El superintendente explica que lo que están buscando son incentivos para la celebración de convenios: "Vamos hacia la salvación de la empresa antes o después de la quiebra. Pero aquí en Chile existe una cultura empresarial que se vincula más bien al éxito y no al aprendizaje del fracaso, por tanto, la cultura al acuerdo en la época de las vacas flacas no se tiende a practicar mucho en nuestra economía".

Rivera agrega que las propuestas que están trabajando en el Foro Innovación apuntan hacia el mismo objetivo: "La idea es que la sociedad considere el fallo como una experiencia valiosa y necesaria para desarrollar empresas de alto impacto y eliminar el estigma social a los emprendedores que han tenido experiencias fallidas".