Una semana clave para la deuda argentina
(Especial Infolatam).- Cristina Fernández Kirchner niega que esté en moratoria de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, le echa la culpa al bloqueo judicial de EE UU, pero agencias de riesgo crediticio hablan impago parcial o restringido porque los tenedores de tres de los 16 títulos de ese pasivo no han podido cobrar. Pues esa suspensión de pagos limitada a unos bonos en particular puede devenir en total. Depende de lo que suceda esta semana.
El Gobierno de Cristina Fernández busca apoyos para la iniciativa que habilita el pago local de la deuda, mientras se prepara para una semana conflictiva por la huelga general convocada por sindicatos opositores para el jueves.
El Gobierno elevó la pasada semana el tono de sus críticas contra el juez estadounidense que falló a favor de los fondos que demandan el pago de la deuda en mora desde 2001, mientras busca aliados para defender el pago local a los bonistas en un clima de incertidumbre que ha acelerado la depreciación del peso.
Las “desafortunadas expresiones” del juez Thomas Griesa constituyen una “injerencia indebida de un juez de otro país respecto a la soberanía argentina” y merecen un “repudio de carácter colectivo por parte del Congreso”, sostuvo el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.
“Nosotros esperamos, obviamente, que de un modo absolutamente consensual entre todos los actores políticos y los miembros del Congreso se expresen respecto a esta desafortunada, incorrecta y hasta imperial expresión del juez Griesa”, subrayó.
El funcionario respondía así a las declaraciones del juez, que este jueves calificó de “inválido e ilegal” el proyecto del Ejecutivo de Cristina Fernández de llevar al Congreso una iniciativa para permitir el pago de la deuda externa en Argentina y no en Estados Unidos.
El Senado comenzará a debatir en los próximos días el proyecto de Ley de pago soberano local de deuda externa con el que el Gobierno de Cristina Fernández pretende esquivar el fallo de tribunales estadounidenses que le obliga a pagar la totalidad de la deuda al 1 % de los acreedores demandantes, en su mayoría fondos especulativos.
El kirchnerismo, que cuenta con un ajustada mayoría en ambas cámaras, aspira a una rápida tramitación de la ley a la vez que busca convencer a los tenedores de bonos que aceptaron fuertes quitas de deuda al ingresar a los canjes de 2005 y 2010 (92,4 % del total).
El primer gran respaldo llegó del magnate mexicano David Martínez Guzmán, quien opinó que la iniciativa permitirá sortear el bloqueo del pago a los acreedores de deuda reestructurada dictado por el juez estadounidense Thomas Griesa hasta que no cobren también los fondos demandantes.
“Es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido”, afirmó Martínez Guzmán, titular del fondo de inversión Fintech, en una entrevista publicada por el diario Página/12.
El inversor mexicano afirmó estar dispuesto a canjear sus títulos de deuda pública argentina bajo legislación extranjera por bonos pagados en el país suramericano para “aislar al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria”.
Pese al respaldo expresado por Martínez Guzmán, la mayoría de economistas dudan que el Gobierno consiga convencer a todos los tenedores de deuda reestructurada y pronostican que desatará nuevas y complejas batallas judiciales y tendrá un impacto negativo en la economía.
Algunos partidos políticos opositores, como la conservadora Propuesta Republicana (Pro) encabezada porMauricio Macri, y la Unión Cívica Radical (UCR), han adelantado que votarán en contra del proyecto de ley; mientras que otros aún no han decidido si rechazarán la propuesta o se abstendrán, como es el caso de la coalición de centroizquierda Unen.
El diputado y líder del opositor Frente Renovador, Sergio Massa, anunció que presentará un proyecto de ley alternativo con sedes de pago alternativas en París y Basilea, y criticó que Argentina vive “una situación de incertidumbre, de angustia y de preocupación, dada por la suma de errores y por la conjunción de pecados capitales, por no haber abordado en tiempo y forma e integralmente este tema”.
Los últimos indicadores económicos muestran la debilidad de la economía argentina, que registró una contracción interanual del 0,2 % de su producto interno bruto (PIB) los tres primeros meses de 2014, y sufrió un leve avance del desempleo, que se situó en el 7,5 % en el primer semestre del año, tres décimas más que en el mismo periodo de 2013.
Los sindicatos opositores han echado un pulso al Gobierno con la convocatoria de una huelga general para el jueves 28 de agosto en protesta por la caída de los salarios frente a la inflación y contra el aumento de las suspensiones y los despidos.
El líder sindical Hugo Moyano denunció que ve a la presidenta argentina “muy desorientada” y “muy confundida” y vaticinó que el paro será “total”, aunque el Gobierno y los sindicatos afines buscan minimizar la protesta.
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