2014/05/15

Empresas peruanas pierden hasta US$ 100 millones por delitos económicos

 Las modalidades más comunes fueron la apropiación ilícita de activos y fraude en compras durante el 2013. Las compañías del sistema financiero fueron las más afectadas, por la mayor cantidad de dinero que mueven.
Javier Contreras Martínez
Una de cada cinco empresas peruanas ha sido víctima de algún tipo de delito económico (apropiación ilícita, fraude y otros) en el 2013, registrando pérdidas de hasta US$ 100 millones en varios casos.
Además las compañías del sistema financiero lideran el "ranking" de los delitos informáticos, pues son las más expuestas, dada la cantidad de dinero que mueven día a día, según el estudio "Global Economic Crime" de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).
También están las empresas de telecomunicaciones y las de la industria farmacéutica.
Pero este 19,5% de compañías nacionales afectadas es menor al índice registrado en América Latina (35,25%) y el mundo (36,7%), porque en  el  Perú los delitos económicos no son detectados a tiempo, o simplemente no se reportan, por falta de sistemas de control adecuados.
El informe de PwC señala que en el 70% de casos registrados las pérdidas fueron menores a US$ 100 mil, y en el 6,3% se sufrió mermas por US$ 5 millones a US$ 100 millones.
"Lo más preocupante es que el 12,5% de empresas desconoce cuánto ha perdido, lo que abona la idea de que existe escaso conocimiento de esta problemática", dijo la socia de PwC, Graciela Ricci.
Explicó que un 75% ha sufrido menos de 10 episodios de delitos económicos en los últimos 24 meses, y ninguna compañía ha experimentado más de 50 incidentes en dicho periodo.
Para Ricci esta baja frecuencia puede deberse a la falta de mecanismos de detección adecuados y no a la menor tendencia de cometer crímenes económicos frente a otros países.
"Se observa que sólo el sector financiero ha desarrollado prácticas para prevenir, combatir y perseguir los crímenes económicos. Sin embargo, estas mismas empresas son las más suceptibles a delitos por la gran cantidad de dinero que manejan", agregó.
tipos de delitos
El estudio indica que los crímenes económicos más comunes en las empresas peruanas son la apropiación ilícita de activos (75%), el fraude en la adquisición de bienes y servicios (37,5%) y corrupción y pago de sobornos (18,8%).
De acuerdo con el sondeo, las principales formas de detección de los crímenes económicos son el análisis de datos (25%) y las auditorías internas de rutina (25%).
Además, cuatro de cada diez encuestados señalan que los crímenes son descubiertos gracias a mecanismos formales o informales de detección de fraudes, como los reportes de trading sospechoso (16,67%), los sistemas de reportes de irregularidades (8,33%) y los ‘soplos’ internos (8,33%), un dato que podría contribuir a sistematizar estas herramientas con un mayor compromiso de las altas gerencias y los directorios.
Ricci destacó que la economía peruana continúa en una senda de crecimiento, pese a la incertidumbre sobre la volatilidad financiera internacional, por lo que la mayor actividad y el mayor volumen de transacciones generan oportunidades para los delitos económicos.
"La falta de preocupación por el tema ha llevado a que no se implementen controles en el Perú y por lo tanto no se detecten los delitos, ya que no existe ningún factor estructural para que las compañías no reporten ningún delito cibernético, cuando una de cada cinco empresas en América Latina sí lo hace", señaló.
Perfil de los culpables
La mayoría de los crímenes económicos en empresas peruanas tiene origen interno (94%). En estos casos, el perpetrador habitualmente es un colaborador junior (53,3%) o un mando medio (40%), mayoritariamente tiene entre 21 y 40 años, es varón (73%), tiene menos de 5 años de servicio en la compañía y su calificación académica es secundaria o menor (46%).
Una vez descubierto el crimen, la represalia más frecuente por parte de las compañías en el Perú es el despido (73,3%), seguida por la toma de acciones civiles (26,7%) y la notificación a las autoridades regulatorias relevantes para el caso (13,3%).
Llama la atención que sólo un 6,7% de empresas tome como medida informar a las autoridades judiciales y policiales, lo que podría explicarse por el bajo nivel de confianza que se tiene a estas instituciones en el país.

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